1. Si conoce casos o es víctima de un delito que implique violencia física (como golpes o empujones), psicológica (como amenazas o chantajes), sexual (como tocamientos o acoso), discriminación o discriminación, entre otros, por razones de expresión o identidad de género, u orientación sexual, podrá presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de forma verbal o escrita, narrando de forma clara y breve los comportamientos que considere constituyen delito.
En caso de no poder acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, puede dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional de su barrio, quienes lo orientará sobre los pasos a seguir y si fuere un caso de violencia sexual al CAIVAS.
2. Una vez presentada la denuncia, la Fiscalía se encargará de la investigación correspondiente recolectando pruebas como testimonios, evidencias fotográficas o video, entre otras, para que en caso de ser procedente iniciar el proceso penal que corresponda ante el juez penal.
3. El caso lo presenta la Fiscalía al juez correspondiente para que decida si la persona o las personas investigadas cometieron el delito o no por el cual fueron denunciados, en caso que así sea podrán ser condenados por el delito relacionado con los hechos ocurridos realizados en virtud de la violencia por prejuicio.
¿Tiene costo?. No
¿Necesita abogado?: No.
- Fiscalía General de la Nación.
- Policía Nacional
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• Debido a que población LGBTIQ+ son un grupo social que se considera inferior, los actos de violencia pueden tener dos usos distintos: (i) un uso jerárquico, que opera cuando se busca mantener a estas personas en una posición subordinada, pues su diferencia se considera tolerable y necesaria para mantener un orden social; o (ii) un uso excluyente, que opera cuando se considera que esa diferencia es intolerable y contraria al orden social, por lo que se debe eliminar.
• El delito de feminicidio incluye dentro de su concepto a las mujeres asesinadas por motivos de su identidad de género, lo que incluiría a las mujeres trans.
• El Estado colombiano cuenta con importantes avances normativos que permiten dar cumplimiento a la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia y discriminación contra la población LGBTIQ+. Para garantizar la efectividad de estas medidas, se debe emplear todos los esfuerzos no sólo para consagrarlas normativamente sino para asegurar su cumplimiento. En tal sentido, corresponde a las autoridades aplicar un estándar de debida diligencia reforzada, que en el caso de las mujeres trans.
