Lo que debes saber

La ciudadanía demanda:

El artículo 98 del Código de Infancia y adolescencia, donde se otorga competencia subsidiaria otorgada a los Inspectores de Policía para ejercer funciones de Defensor de Familia en caso de su ausencia.

¿Cuándo debe actuar de carácter supletorio el Inspector de Policía?

En ausencia del defensor y del comisario de familia y sólo cuando los destinatarios de la norma no tengan a nadie mejor capacitado a quien acudir para la protección de sus derechos, esto con el fin de lograr la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

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La Sociedad los Cedros S.A. interpuso acción de tutela en contra de Alberto, puesto que luego de realizar la compra venta de un bien inmueble, Alberto se rehúsa a hacer entrega de las escrituras del mismo y al transcurrir un tiempo trata de recuperar la propiedad por la fuerza argumentando ser el dueño legítimo del bien.

¿Es competente el Inspector de Policía en estos casos?

El Inspector debe distinguir si el predio es agrario o no, pues dependiendo de ello varía el procedimiento y la competencia, de tal forma que si es de naturaleza agraria debe imprimirse su trámite de conformidad con los artículo 98 y siguientes del Decreto 2303 de 1989, cuya competencia recae en la justicia ordinaria; ahora, si el predio no es de tal naturaleza (agraria) de acuerdo a las previsiones de la Ley 57 de 1905 y su decreto reglamentario 992 de 1930 la competencia recae sobre las autoridades de policía.

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Danilsa es una vendedora de mangos ambulante, pero no posee registro en el censo de vendedores ambulantes, en un operativo de recuperación de espacio público se le decomisó el carro de metal y mercancía con la cual trabajaba, ella es madre cabeza de familia y a su cargo se encuentran 5 hijos, 2 de ellos menores de edad.

¿Ante estas situaciones el Inspector de Policía debe proceder a decomisar los bienes de los vendedores ambulantes?

Si, al ser decomisados dentro de la ejecución de operativos de preservación del espacio público, sin embargo, posteriormente y adelantados los trámites por el vendedor, estos deben ser devueltos a sus respectivos dueños.

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Concordancias:

T-692/16, T-211/17.

La ciudadanía demanda que el artículo 82 del Código Nacional de Policía violenta el artículo 28 de la Constitución Nacional por ordenar capturas y registro al domicilio sin autorización judicial.

¿Bajo qué circunstancias el Inspector de Policía puede llevar acabo el registro y allanamiento de domicilios o sitios abiertos al público?

Debe existir previamente una orden de registro dictada por los Jefes de policía (alcaldes de los municipios o el Gobernador, art 303 y 315-2). Debe constar por escrito, el lugar de que se trate, los fines del registro, el día y la hora para llevarlo a cabo, en los términos del artículo 79 del Decreto Ley 1355 de 1970 y la facultad de allanar solo puede ocurrir en caso de resistencia.

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La señora Olga de 73 años y su esposo, ocuparon un predio presuntamente abandonado durante 10 años, posteriormente se determinó que era una vivienda de interés social, por lo cual fue asignada a la señora Blanca, quien le solicitó a Olga el desalojo de la propiedad. Hecha la solicitud a la Inspección de Policía, la Inspectora se abstuvo de realizar el desalojo a la señora Olga y su esposo, pues no se acreditó que la querellante contara con la posesión del inmueble objeto de la controversia.

En estos casos ¿Cuál es el deber del Inspector de Policía?

Es función de las autoridades de policía, propender por la preservación y restablecimiento de la posesión frente a actos que la alteren y con el fin de brindar protección al poseedor o tenedor de un bien. El presupuesto fáctico de los procesos policivos de esta naturaleza, es la ocupación de hecho, entendida como el acto ilegítimo de despojo sobre un inmueble sin consentimiento expreso o tácito de su poseedor o tenedor, siendo éstos los legitimados para instaurar la querella correspondiente. Su finalidad es el restablecimiento de la posesión del querellante, mediante el desalojo de los agentes que han ocupado el inmueble de manera ilegítima.

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En un procedimiento por lanzamiento por ocupación de hecho, en donde la autoridad policiva resolvió de fondo acerca de una controversia legal que le correspondía resolver a un juez agrario en el marco de un amplio debate probatorio, y no a través de una acción sumaria y provisional en el marco de un proceso policivo; culminó con el lanzamiento por ocupación de hecho de las personas asentadas en el predio terminó modificando la posesión del bien.

¿Cómo puede evitar equivocaciones de competencia el Inspector de Policía?

Revisando si el querellante al instaurar la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho acredite la explotación económica del bien y la tenencia del mismo. Reiterar que la naturaleza de este tipo de acción se circunscribe a proteger la tenencia y la posesión del bien sobre el cual pretende restablecerse la situación existente antes de la presunta invasión. En segundo lugar, identificar si la la acción de protección policiva, según se evidencia de la prueba documental, no haya caducado, esto es, que la parte interesada la ejerza dentro de los 15 días calendario siguientes al supuesto acto de invasión, de conformidad con lo establecido en el Decreto 747 de 1992.

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Concordancias:

T-096/14, T-781/14, T-601/16

Caso en el cual se ve afectada una servidumbre de paso, la accionante acude al inspector de policía para que realice una inspección ocular. No obstante el predio mencionado es de territorio indígena.

¿Puede un Inspector de Policía realizar acciones dentro del ámbito concerniente a la jurisdicción Indígena?

No, debido a que el ejercicio de la jurisdicción indígena se encuentra protegido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al respecto diferentes disposiciones del Convenio 169 de la OIT, el cual de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional forma parte del bloque de constitucionalidad, garantiza el derecho de los pueblos indígenas a ejercer jurisdicción en los casos en los que tienen competencia.

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Se trata de una acción de reparación directa instaurada en contra del Alcalde del Municipio de Ibagué y la Inspectora 7ª Municipal Urbana de la Ciudad de Ibagué, por la supuesta actuación negligente que estos desplegaron en una querella interpuesta por perturbación violenta a la posesión, por el supuesto desconocimiento de la Ley, en este caso, los artículos 400-401-403-407-408-409 y 410 del Código de Policía del Tolima (Decreto No. 900 de agosto 16 de 1991 del Gobernador del Tolima).

¿Cuándo una persona inicia una acción judicial, pero no ejerce los mecanismos de defensa contemplados en la Ley y como consecuencia de esto se ve afectada en sus derechos, se le puede endilgar negligencia al funcionario, en este caso al Inspector de Policía?

No, cuando una persona se ve afectada con una conducta judicial y dicha persona no ejerce los mecanismos de defensa que contempla la Ley, no se puede presumir que el daño que se genera es producto de la negligencia del operador judicial, ni mucho menos imputarse dicho daño al Estado.

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El inspector de Policía Once de la ciudad de Cali, profiere la Resolución No. 018 de diciembre 27 de 1996, en virtud de la querella policiva instaurada por el señor Jorge Eliécer Sánchez Rubiano. El Municipio de Santiago de Cali y la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Cali, entidades encargadas en dar cumplimiento a la Resolución, no cumplieron con lo ordenado en esta, razón por la cual el actor instauró acción de cumplimiento en contra de estas entidades para que aplicaran el Decreto Municipal No. 0159 de abril 22 del 2002 y la Resolución 018 de diciembre 27 de 1996.

¿Las decisiones adoptadas por los inspectores de policía en el marco de las acciones de protección al poseedor, frente a actos perturbadores de la posesión son de carácter jurisdiccional o administrativo?

Las decisiones adoptadas por los inspectores de policía son de naturaleza administrativa, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, sentencia T-248 de 1993. “La protección al poseedor frente a actos perturbatorios contra la posesión, es tarea de las autoridades de policía, quiénes deben propender por su preservación y restablecimiento cuando sea alterada. Las actuaciones emanadas de las Inspecciones de Policía tienen un carácter eminentemente administrativo; sus decisiones no son de carácter jurisdiccional sino administrativo.

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Se instaura una demanda contra el Municipio de Armenia y el Instituto Nacional de Vías INVIAS, para que se condene al pago de los perjuicios ocasionados por la demolición de un inmueble de su propiedad, posterior al terremoto sufrido en dicha ciudad. Dicha demolición fue ordenada mediante Resolución proferida por el inspector de policía, en virtud de lo indicado en el Decreto 016 de 1999, norma que fue dictada en un estado de emergencia y el artículo 32 del Decreto 919 de 1989; razón por la cual la Resolución no fue notificada a la parte actora y por eso la demandante aduce que vulneraron su derecho a la contradicción y defensa.

¿La Notificación de una Resolución emitida por un Inspector de policía, ordenando la demolición de un inmueble, en un estado de emergencia, debe surtir el trámite ordinario?

El artículo 32 del Decreto 919 de 1989, en su parágrafo final indica “En casos de especial urgencia la resolución que ordene la demolición podrá advertir expresamente que ella se llevará a cabo en forma inmediata, caso en el cual no se procederá la notificación alguna, sino que simplemente copia de la resolución se fijará en la misma fecha de su expedición y durante diez días hábiles, en el despacho de la alcaldía respectiva. El interesado podrá ejercer las acciones contencioso-administrativas a que haya lugar dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado desde la fecha en que se haya efectuado la demolición.”

De acuerdo con el aparte normativo indicado, se puede ingerir que la actuación del inspector de policía al no surtir el trámite ordinario de notificación de una resolución ordenando una demolición, proferida en un estado de emergencia, no desencadena para este una falta que atribuya responsabilidad que dé lugar a reparar los daños ocasionados.

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