Bogotá, 3 de junio de 2025. El Ministerio de Justicia y del Derecho rechaza de manera rotunda los actos de violencia cometidos contra una mujer indígena menor de edad del pueblo Emberá, que tuvieron lugar en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda).
La erradicación de las violencias basadas en género y las prácticas culturales nocivas son una prioridad en la medida en que son flagelos que afectan a todas las culturas y que requieren de la acción conjunta tanto del sistema judicial nacional como de las autoridades indígenas, en el marco de la implementación de su Jurisdicción Especial Indígena.
Es por ello que, desde el Ministerio de Justicia, se radicó el proyecto de ley de coordinación interjurisdiccional (PL 287 de 2024S), que busca reglamentar el artículo 246 de la Constitución Política estableciendo formas y mecanismos de coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena, siempre bajo las premisas del respeto al pluralismo jurídico, la libre autodeterminación de los pueblos y la colaboración armónica.
Dicha iniciativa incorpora la jurisprudencia de las altas cortes para determinar el fuero indígena, y al promover el apoyo técnico y jurídico entre los sistemas de justicia, busca eliminar las barreras de acceso a la justicia de mujeres y niños indígenas. Esto incluye la garantía de mediación lingüística, la formación a autoridades indígenas y judiciales y el fortalecimiento de espacios de coordinación existentes y de escuelas de derecho propio, así como la promoción de la transformación de prácticas que vulneran los derechos fundamentales de las mujeres.
La cartera de Justicia reitera su profundo respeto por la diversidad cultural y los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas, y reconoce su autonomía y libre autodeterminación. Hacemos un llamado a seguir fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.
