El ministro de Justicia (e) destacó que la paz exige un Estado articulado, territorios protagonistas y una ciudadanía comprometida con la verdad y la no repetición.
Los avances de la JEP, la coordinación interinstitucional y la centralidad de las víctimas marcan la nueva fase de consolidación de la paz en el país.
Santa Marta, D.T., 6 de noviembre de 2025. En el preámbulo de su participación en la IV cumbre Celac- Unión Europea 2025 y durante su intervención en el VII Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Augusto Ocampo Camacho, destacó los avances, retos y transformaciones institucionales que implica la implementación de la justicia transicional en Colombia, en especial tras la incorporación del Acuerdo Final de Paz al bloque de constitucionalidad mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, que le otorgó estabilidad jurídica al proceso de paz.
El alto funcionario explicó que la implementación de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exige una transformación estructural del Estado. “Las sanciones propias no son un simple castigo: son el punto de encuentro entre justicia, política pública y acción comunitaria. Esto implica una nueva capacidad restaurativa del Estado, en la que las entidades trabajan articuladamente para reparar y reconstruir confianza en los territorios”, destacó.
El ministro señaló que este nuevo modelo demanda cambios jurídicos, administrativos, culturales y territoriales. Desde armonizar órdenes judiciales con las competencias institucionales, hasta incorporar criterios restaurativos en presupuestos, proyectos y mecanismos de seguimiento. “La restauración no ocurre en los escritorios, sino en los territorios”, enfatizó.
Aunque la JEP tiene un mandato temporal, la justicia transicional no termina con su cierre. Para Ocampo, el verdadero legado radica en las metodologías de investigación, la centralidad de las víctimas, el enfoque restaurativo y la coordinación inédita entre el poder judicial y la administración pública. La tarea ahora es institucionalizar estos aprendizajes para que permanezcan en la justicia ordinaria y en la gestión pública.
Desde el Ministerio a través de la Dirección de Justicia Transicional, se avanza en la construcción de rutas de articulación, instrumentos de seguimiento y guías operativas dentro de la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la JEP. Estas herramientas no solo facilitan la gestión, sino que consolidan una política sostenida de justicia restaurativa que trasciende el marco transicional.
Así mismo, el ministro planteó tres tareas estructurales para un Estado comprometido con la justicia transicional: conservar los archivos y la memoria institucional de la JEP, incorporar sus enfoques en las entidades ordinarias, y consolidar una institucionalidad territorial que mantenga coherencia entre justicia, desarrollo y derechos humanos. Estas acciones garantizan que la implementación del Acuerdo Final no dependa de una sola jurisdicción, sino de una red articulada de instituciones.
Finalmente, Ocampo Camacho subrayó que la paz solo se hace realidad cuando la ciudadanía la asume como propia. El éxito de la justicia transicional depende de la memoria colectiva, la participación activa de las comunidades y la consolidación de una cultura democrática que rechace la violencia. A diez años del Acuerdo Final, la apuesta es convertir la justicia restaurativa en práctica cotidiana y en un valor compartido por toda la sociedad.
