¿Cuáles son sus funciones?

Evaluar y estudiar la normatividad en materia penitenciaria.
Visitar los establecimientos y examinar los tratos que las autoridades competentes otorgan a la población privada de la libertad.
Verificar que la prestación del servicio de salud cuente con la infraestructura e insumos necesarios.
Asesorar al Consejo Superior de Política Criminal y a las autoridades penitenciarias.