Utilidad Pública

La ley de utilidad pública es el primer mecanismo de alternatividad penal diseñado con enfoque de género y restaurativo que permite que las mujeres cabeza de familia que son condenadas por la comisión de delitos relacionados con estupefacientes o con hurto, o cuyas condenas no sean mayores a 8 años puedan acceder a la libertad y ejecutar su pena a través de la prestación de servicios comunitarios en entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2292 de 2023, asumió la importante tarea de expedir el Decreto Reglamentario 1451 de 2023. Esta medida tiene como objetivo implementar y dar seguimiento a las disposiciones contenidas en la mencionada ley.

El proceso de reglamentación se surtió con base en una serie de acercamientos a operadores judiciales (2 foros académicos y 3 mesas de trabajo) y a mujeres privadas de la libertad (7 socializaciones a 1000 mujeres privadas de la libertad) que permitieron articular las necesidades de la implementación y expedir un decreto con miras a una efectiva ejecución de la medida sustitutiva.

Se han generado alrededor de 30 alianzas en las que se ha manifestado el interés de abrir aproximadamente 1000 plazas para que las mujeres puedan prestar los servicios comunitarios.

 Se dará inicio a pilotos de seguimiento al proceso de implementación que están soportados y apoyados por agencias de cooperación internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de EEUU, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA.

Se creó un Sistema de Información especializado para que los jueces puedan saber qué plazas hay disponibles y en qué lugares del territorio nacional para así garantizar el acceso al beneficio de las mujeres condenadas. ​​​​​

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