¿Cuáles son sus funciones?

Asesorar al Gobierno Nacional en la implementación de la Política Criminal
Aprobar el Plan Nacional de Política Criminal.
Presentar concepto previo no vinculante sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema de justicia penal, los cuales cursen trámite en el Congreso de la República.

Asesorar a las autoridades competentes en el proceso de la política criminal con el fin de que ésta se base en fundamentos empíricos.
Realizar recomendaciones sobre la estructura y funcionamiento del sistema pena.
Revisar el estado del sistema penitenciario y carcelario y las condiciones que este ofrece para la resocialización de los condenados.
Preparar proyectos de ley para adecuar la normatividad a la política criminal y penitenciaria del Estado.
Brindar lineamientos para la coordinación con las demás instituciones del Estado en la elaboración y adopción de políticas públicas con el objeto de unificar sus acciones, entre otras, en la lucha contra el crimen.