Es una agrupación de asuntos en torno a especialidades del derecho, ciertos tipos de conflictividad o relaciones sociales y económicas. En esta dimensión se busca principalmente plantear propuestas para la reducción de barreras de acceso en diferentes ámbitos, por ejemplo, en los conflictos comerciales y de consumo, los conflictos del ciudadano con la administración, los problemas relacionados con la protección de los derechos fundamentales y los conflictos en torno a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento racional de recursos naturales, entre otros.
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¿Qué busca?
Articulación entre la justicia penal y penitenciaria para que sea coherente, proporcional, racional, respetuosa de los derechos humanos, con fines resocializadores y de inclusión a la vida social logrando la eficiencia administrativa de las capacidades institucionales.
¿Cómo?
A través de cuatro subcomponentes:
1. Subcomponente de justicia penal Fortaleciendo el Sistema Penal Acusatorio y la etapa de Juzgamiento para la atención penal.
2. Subcomponente investigación Criminal Aumentando y mejorando la oportunidad, calidad y utilidad de los resultados de la investigación criminal mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica, científica e investigativa de las entidades que ejercen la función permanente de policía judicial o de apoyo técnico científico.
3. Subcomponente Sistema Penitenciario. Fortaleciendo la capacidad del sistema penitenciario y carcelario.
4. Subcomponente Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Mejorando las condiciones y garantizar la efectividad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
¿Con quíen?
Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura Corte Suprema de Justicia; Defensoría del Pueblo, INPEC, Ministerio de Justicia y de Derecho, Instituto Nacional de Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, DIJIN, CTI, USPEC, Escuela Policía Nacional, Centro de altos estudios de la Fiscalía General de la Nación, Universidades y organismos internacionales.
¿Qué busca?
El reconocimiento del carácter esencial y fundamental de la familia, buscando reducir los niveles de conflictividad en ella, tanto con enfoque preventivo como de respuesta institucional oportuna.
¿Cómo?
Fortaleciendo y articulando la institucionalidad del sector familia.
Desarrollando actividades de prevención y de socialización de las políticas públicas del sector familia.
Fomentando los registros de información sobre población vulnerable.
Fomentando el restablecimiento de derechos.
Unificando las disposiciones jurídicas en materia de familia.
Fortaleciendo los mecanismos de seguimiento de las acciones desarrolladas por las entidades o dependencias del sector familia
Fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y sanción de responsables en términos de políticas públicas y restablecimiento de derechos.
¿Con quíen?
Ministerio de Justicia y del Derecho, MINTIC, ICBF, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial, autoridades administrativas propias del ICBF, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Federación de Municipios, Policía Nacional, Departamento Administrativo de la Función Pública, Consejería para la Equidad de la Mujer, Polícia Nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Corte Suprema de Justicia.
¿Qué busca?
Aumentar la eficacia y efectividad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la protección, garantía y restitución de derechos, y del orden jurídico.
¿Cómo?
Reduciendo la coexistencia de regímenes y descongestionar la Jurisdicción Contenciosa.
Generando condiciones técnicas y operativas para el desarrollo de los mandatos de la Ley 1437 de 2011.
Generando dinámicas de prevención del daño antijurídico y reducción de la litigiosidad.
Fortaleciendo la imagen institucional de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y fortaleciendo el acceso a la justicia formal en los sectores más apartados del país.
¿Con quíen?
Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Presidencia de la República.
¿Qué busca?
Adecuar los procedimientos y oferta de justicia en materia civil, comercial y de consumo a las necesidades de la población.
¿Cómo?
Buscando la coherencia y buen funcionamiento de los regímenes procesales.
Promoviendo la implementación efectiva del sistema oral.
Promoviendo el conocimiento y uso pertinente de los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC).
Logrando la optimización de procesos, especialmente aquellos relativos a la tutela para reducir la mora.
Promoviendo el conocimiento y uso de las herramientas procedimentales existentes y estableciendo la correlación entre los ciclos de oferta y demanda de justicia en materia civil, comercial y de consumo, para reorganizar la primera en función de la segunda.
¿Con quíen?
Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejo Superior de la Judicatura, Departamento Administrativo de la Función Pública, Corte Suprema de Justicia, DNP y Ministerio de Hacienda.
¿Qué busca?
Adecuar las condiciones de oferta en la especialidad Laboral para atender las demandas de Justicia Laboral en forma pronta y efectiva.
¿Cómo?
Gestionando acciones dentro de la colaboración y coordinación entre poderes para instar a las autoridades del sistema de seguridad social a dar respuesta de manera oportuna a los usuarios de los servicios de salud, pensiones y aseguradoras de riesgos.
Adecuando las condiciones de oferta en la especialidad laboral para atender las demandas de Justicia laboral en forma pronta y efectiva.
Realizando arreglos normativos para actualizar las nuevas formas de empleo y garantizar su protección.
Eliminando la congestión Judicial en la especialidad Laboral, estableciendo las cargas razonables para los despachos Judiciales y ajustando la oferta judicial en la especialidad en función de la demanda y de la presencia territorial institucional en sitios prioritarios.
Estableciendo estrategias de fortalecimiento del talento humano en la especialidad laboral de la Rama Judicial y las entidades que complementan la acción de la justicia laboral.
Fortalecer la gestión de información hacia una justicia abierta, entre la Rama Judicial con las entidades administradoras de seguridad social, así como las formuladoras de la política laboral, las entidades de vigilancia y control.
¿Con quíen?
Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia,
¿Qué busca?
Implementar estrategias que mejoren la operación de los mecanismos constitucionales de protección ciudadana para ampliar su cobertura, eficiencia y eficacia, mitigando los impactos de su uso en el sistema de justicia.
¿Cómo?
Implementando estrategias para descongestionar el sistema de justicia dándole preponderancia a los mecanismos administrativos como medios efectivos para la protección de derechos fundamentales.
Gestionando acciones dentro de la coordinación y colaboración armónica entre poderes, para instar a las autoridades públicas y particulares prestadores de servicios públicos para que de manera preventiva den respuesta oportuna a los derechos de petición y para que se subsanen las fallas en el sistema de seguridad social y en salud para garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos.
Promoviendo el cumplimiento efectivo de los fallos de tutela por parte de accionados y el seguimiento por parte de los jueces.
Garantizando que el sistema de justicia permita que los habitantes de los departamentos y municipios con los índices de desarrollo humano más bajos tengan acceso a la justicia, y particularmente a los mecanismos constitucionales de protección ciudadana.
Evitando que las demandas presentadas sin mediación de abogado tengan una mayor tendencia a no ser recurridas que aquellas en la que existió representación por parte de un abogado.
Llevando a cabo los arreglos normativos y reglamentarios para fortalecer la acción de la tutela.
Fortaleciendo la eficacia y cumplimiento de las decisiones judiciales en materia de acciones populares.
¿Con quíen?
Consejo Superior de la Judicatura.
¿Qué busca?
Efectuar ajustes en el funcionamiento y articulación de las autoridades judiciales y las autoridades administrativas, a fin de garantizar un entorno de atención oportuna y adecuada de las necesidades jurídicas que surgen en relación con la protección y el disfrute del medio ambiente sano en Colombia.
¿Cómo?
Fortaleciendo los conocimientos, capacidades y herramientas de apoyo técnicos y jurídicos en materia ambiental, de los actores del sistema de justicia a cargo del conocimiento y tramitación de este tipo de controversias.
Mejorando la interlocución entre autoridades administrativas y autoridades judiciales dentro del trámite de conflictos ambientales.
Mejorando la eficacia de los mecanismos judiciales de resolución de conflictos socio-ambientales.
Fortaleciendo la capacidad institucional para la persecución de conductas que afectan el medio ambiente, que revisten incidencia penal.
Impulsando la gestión legislativa y administrativa para la prevención de conflictos socio-ambientales de alto impacto económico y político y propiciar la confianza inversionista.
¿Con quíen?
Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Minambiente, Ministerio de Justicia y del Derecho, Defensoría del Pueblo Procuraduría General de la Nación, CTI, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Policía Nacional, Mintic, Defensoría y cada escuela de formación de las instituciones.