Dimensión Transversal del Plan Decenal

​​​Son todos aquellos procesos o asuntos estructurales comunes a todos los actores que hacen parte de manera directa o indirecta del sistema de justicia y que afecta el desempeño del sistema en su conjunto.

  • Gestión del sistema de justicia como gestión de resultados: rediseño para el buen gobierno y la buena gobernanza
  • Información pública y TIC.
  • Métodos de resolución de conflictos (gestión de conflictos).
  • Enfoque de derechos humanos y enfoque diferencial.
  • Seguridad Jurídica.
  • Relación con la ciudadanía
  • Competencias de los diferentes actores del Sector Justicia​

Componentes​

Editor de contenido

¿Qué busca?

Optimizar la capacidad de gestión del Sistema de Justicia para aumentar el impacto hacia el goce efectivo de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica.

¿Cómo?

Con el rediseño de entidades e instancias de coordinación estratégicas para el mejoramiento del Sistema.

Generando criterios, modelos y sistemas que permitan reorganizar la presencia de operadores de justicia de acuerdo con la conflictividad.

Mejorando capacidades técnicas para alinear la planeación, la presupuestación, el monitoreo y la evaluación del gasto.

Desarrollando capacidades de medición de resultados por parte de la administración de justicia.

Articulando los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas del sistema de justicia.

Fortaleciendo modelos de gestión territorial.

Mejorando y optimizando el uso de la infraestructura física de los operadores de justicia.

¿Con quíen?

Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, Departamento Administrativo de la Función Pública, Entidades que hacen parte del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana y Entidades Territoriales.

¿Qué busca?

Generar la transformación del sistema de justicia mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en las relaciones con los ciudadanos y la administración de justicia.

¿Cómo?

Generando un enfoque estratégico y transversal para la coordinación efectiva de los diferentes actores del sistema de Justicia.

Mejorando la calidad y la gestión de la información del sistema de Justicia con apoyo las TIC.

Fortaleciendo el uso y apropiación de las TIC.

¿Con quíen?

Consejo Superior de la Judicatura; Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho; Defensoría del Pueblo; Procuraduría General de la Nación, DNP, INPEC, Instituto de Medicina Legal, MinTic, DANE, Superintendencias, Comisarias de Familia, Secretaría de Transparencia, Superintendencia de Industria y Comercio, Icontec, ICBF, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y Policía Nacional.

¿Qué busca?

Arraigar los métodos de resolución de conflictos como práctica social e institucional para la gestión de los conflictos, a nivel nacional y territorial de cara a la construcción de paz, seguridad y convivencia.

¿Cómo?

Creando sinergias entre los actores nacionales y territoriales involucrados con la gestión de conflictos.

Fortaleciendo la capacidad de sostenibilidad de los métodos de resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial.

Fomentando el uso y conocimiento de los métodos de resolución de conflictos.

Fortaleciendo el conocimiento, las competencias y habilidades de los operadores en resolución de conflictos.

Mejorando el seguimiento y la verificación de la operación de los conciliadores, e impulsando el desarrollo de los sistemas de información.

Mejorando el seguimiento y la verificación de la operación de los conciliadores, e impulsando el desarrollo de los sistemas de información.

Fortaleciendo el conocimiento, las competencias y habilidades de los operadores en resolución de conflictos.

¿Con quíen?

Minjusticia, DNP, Mineducación, Centro de Mediación Policía Nacional, Minvivienda, Properidad Social, Mininterior, Mincultura, Mintic, ICBF, Escueja Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Defensoría del Pueblo, Colciencias, CSJ, Procuraduría, Ministerio de Hacienda,Policía Nacional, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio y Departamento de la Prosperidad Social.

¿Qué busca?

Incrementar el conocimiento y promover la aplicación de las garantías para el ejercicio de los derechos individuales y la participación en el sistema de justicia de las personas en condición de discapacidad.

¿Cómo?

Fomentando la apropiación del modelo social de derecho de la discapacidad, por parte de quienes integran el Sistema de Justicia.

Gestionando la eliminación de las normas anacrónicas y discriminatorias sobre discapacidad.

Propiciando el Reconocimiento de la Capacidad Legal de las Personas con Discapacidad.

Construyendo protocolos de atención en los servicios de justicia con criterios de accesibilidad y ajustes razonables.

¿Con quíen?

Ministerio de Justicia; Defensoría del Pueblo; Consejería Presidencial de los DD.HH, Ministerio de Salud, Fiscalía General de la Nación, Instituto de Medicina Legal, CSJ, Procuraduría, DNP,Contraloría, Comisarías.

¿Qué busca?

Implementar estrategias para la transversalización del enfoque de género en las áreas estratégicas, misionales y operativas del sistema nacional de justicia que garantice el goce efectivo del derecho a la justicia y a una vida libre de violencias para las mujeres y las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas.

¿Cómo?

Contribuyendo a la eliminación de prácticas patriarcales y discriminatorias en las actuaciones de las entidades del sector justicia.

Implementando acciones estratégicas para garantizar la denuncia y mitigando demás barreras de acceso a la justicia

Fortaleciendo la infraestructura del sistema de administración de justicia para atender casos de violencias de género

Fortaleciendo los procesos investigativos, de juzgamiento y sanción de casos con enfoque de género y diferencial.

Fortaleciendo la administración de justicia para atender casos de violencias basadas en el género en el marco del conflicto armado y garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición en tales casos.

¿Con quíen?

Consejo Superior de la Judicatura; Procuraduría General de la Nación; Ministerio de Justicia; Defensoría del Pueblo; Fiscalía General de la Nación, Instituto de Medicina Legal; Consejería Presidencial de los DD.HH, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM); Rama Judicial Sector Jurisdiccional: Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Tribunales y Despachos Judiciales. Fiscalía General de la Nación (FGN) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses (INMLCF); Rama Ejecutiva Ministerio de Justicia y del Derechos y sus entidades adscritas: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPC) y Departamento Administrativo de la Función Pública

¿Qué busca?

Propender por una Justicia abierta en las relaciones con los ciudadanos, cercana, accesible, confiable, oportuna, efectiva, moderna, restaurativa y promotora de la paz social, que opere bajo principios de ética, transparencia activa, rendición de cuentas, participación ciudadana, coordinación y colaboración interinstitucional y soportada en tecnología.

¿Cómo?

Fortaleciendo la accesibilidad a los operadores de justicia por parte de los ciudadanos.

Visibilizando y divulgando los resultados de la gestión de los operadores de justicia a la ciudadanía.

Previniendo la corrupción y promoviendo el comportamiento ético.

¿Con quíen?

Departamento Nacional de Planeación, Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Medicina Legal, Procuraduría, Casas de Justicia, Comisarías de familia ,Consejería para los Derechos Humanos

¿Qué busca?

Se propone propiciar las condiciones para que los atributos de conocimiento, calculabilidad y confiabilidad del ordenamiento jurídico se desarrollen en los ciudadanos y generen facultades que permitan identificar la disposición legal aplicable y comprender su sentido. Esto permitirá que cada persona pueda actuar y orientarse con base en el ordenamiento jurídico vigente.

¿Cómo?

Posicionando la seguridad jurídica como política pública.

Fortaleciendo el componente de conocimiento.

Mejorando las condiciones del componente de confiabilidad.

Propiciando el adecuado desarrollo del componente de calculabilidad.

¿Con quíen?

Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Superior de la Judicatura, procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, DIAN, Superintendencias – ICA, Federación Nacional de Departamentos, Federación Nacional de Municipios, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Departamento Administrativo de la Presidencia, Departamento Administrativo de la Función Pública.

¿Qué busca?

Fortalecer las destrezas, calidades y conocimientos especializados de los actores del sistema de justicia.

¿Cómo?

Proponiendo estrategias que favorezcan mejorar la calidad de la educación jurídica que actualmente se imparte en el país.

Fortaleciendo los procesos de formación y actualización de conocimientos de actores que conforman el sistema de justicia.

Promoviendo el desarrollo de competencias de tipo funcional y comportamental de los actores que conforman el Sistema de Justicia.

Fortaleciendo las Escuelas de Formación e Institutos de Investigación que componen el Sistema de Justicia.

¿Con quíen?

Ministerio de Educación; Ministerio de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura; Instituciones de Educación Superior, Defensoría del Pueblo. Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Instituto de Medicina Legal, Departamento Administrativo de la Función Pública; ESAP; Fiscalía, Escuela Judicial Lara Bonilla, Escuela de la Defensoría, Instituto de Estudios del Ministerio Publico, Escuela Penitenciaria Nacional, Universidad de la Fiscalía.​

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