Unidad Movil Atencion Orientacion Victimas

En el 2012, de manera pionera e innovadora, dos instituciones estatales: el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de su Dirección de Justicia Transicional, la Defensoría del Pueblo, a través de la Defensoría delegada para la Orientación y Atención a las víctimas, y la oficina de cooperación de ambas entidades, generaron una iniciativa para la atención de las víctimas del conflicto armado, que por ese entonces se denominó: “Estrategia de Unidad Móvil”. Un poco después, la Unidad Administrativa para la de Atención a Víctimas se articuló a la misma,  la alianza entre estas tres entidades se ha mantenido y ha dinamizado dicha Estrategia.  

 

Esta estrategia se ha formulado en el marco del mandato que el Sistema Nacional de Reparación Integral a las víctimas ha consagrado a todos los niveles interinstitucionales para que desarrollen acciones y medidas de protección, asistencia, atención y reparación. Implementa los principios de corresponsabilidad entre el Estado y los entes territoriales, para optimizar la gestión de las entidades y propiciar el acceso a la justicia de las víctimas. Promueve la colaboración armónica en el ejercicio de las funciones de cada entidad con el fin de proteger los derechos fundamentales y el cumplimiento efectivo de los fines del Estado.  

 

 Es una iniciativa de carácter estatal e interinstitucional. En este sentido, surgió desde el Estado y la articulación de entidades estatales, representando esta última característica un aspecto novedoso, que ha exigido desde sus inicios, trabajo colectivo y colaborativo. 

 La articulación efectiva y las relaciones de colaboración entre las instituciones que han generado e integran la Estrategia Móvil y al interior de cada una de ellas, constituye uno de los ejes fundamentales que la soportan y le dan alcances. 

 Representa una iniciativa innovadora que posibilita la presencia del Estado, con su oferta de atención para las víctimas del conflicto armado, en las regiones y los territorios marginados y dispersos por la geografía nacional. Ha sido innovadora desde su formulación, puesta en movimiento y consolidación. 

Constituye un mecanismo de descentralización de la oferta para la atención de las víctimas del conflicto armado. 

 Representa un mecanismo con potencialidad para materializar la oferta del Estado para la atención de las víctimas. Principalmente por las características de las entidades que han generado esta Estrategia y por los logros que ha alcanzado en sus ocho años de duración. También porque como lo manifiesta una fuente consultada: “es un mecanismo que realmente atiende a las necesidades de las víctimas, brinda una información in situ, en el territorio, orienta sobre sus derechos y facilita que las instituciones que están vinculadas les brinden la atención, es decir, no dilata la respuesta (…) (Luna Paredes, 2020). 

 Es un proceso y como tal de carácter perfectible, que hasta el momento ha logrado sostenerse en el tiempo y que registra un desarrollo por etapas con características propias. 

 

Su intencionalidad se ha mantenido y robustecido con el transcurrir del tiempo. Este factor denota su firmeza y el acierto en su formulación. 

Es una experiencia con significativa potencialidad y alcances. 

 Representa una política pública como conjunto de respuestas de las entidades estatales que la han generado para responder a la problemática que representa las condiciones, afectaciones y necesidades de las víctimas del conflicto armado. 

 

La estrategia territorial es un mecanismo transicional que posibilita a las víctimas el acceso a la justicia mediante una atención especializada en los municipios y lugares en donde estas se encuentran, con el fin de brindarles información de los derechos que les asiste, la ruta de orientación dispuesta por el Estado para dar respuesta a sus solicitudes y los medios y recursos disponibles para su protección y seguridad. Este mecanismo facilita a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos la posibilidad de acceder a recursos judiciales y administrativos efectivos para denunciar la violación de grave de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario y para solicitar las indemnizaciones y reparaciones correspondientes. A través de esta, las víctimas cuentan con medios y mecanismos para solicitar y adelantar acciones en materia de subsistencia mínima y su reparación integral.  

Las jornadas móviles de atención y orientación a víctimas es el mecanismo empleada para lograr el acceso a la justicia de los municipios que no cuentan con presencia permanente del Estado. El despliegue en los entes territoriales se realiza de manera coordinada con el ente territorial con el fin de complementar la gestión de las entidades locales en la atención a víctimas considerando factores geográficos, poblacionales, insuficiencia de atención frente a las necesidades básicas, capacidad institucional, situaciones de orden público, alta demanda de atención para las víctimas, zonas focalizadas en programas de desarrollo con enfoque territorial, entre otros. 

Atención directa a víctimas mediante consulta y trámite personalizado por parte de las entidades participantes. 

Asesoría jurídica especializada para apoyar el acceso a los mecanismos judiciales y administrativos que protegen sus derechos como víctimas. 

Acciones de capacitación sobre temas relacionados con el acceso a los derechos, rutas de atención y otros aspectos relacionados con los mecanismos de la justicia transicional en favor de las víctimas. 

Orientación relevante acerca de los programas, beneficios y la oferta para las víctimas del orden nacional y local. 

Dirección de Justicia Transicional: es la dependencia del Ministerio de Justicia y del Derecho que tiene como responsabilidad divulgar los mecanismos de justicia transicional y propiciar que esta población vulnerable pueda acceder a la justicia para obtener reparación de sus derechos. 

Unidad para la reparación y atención integral a víctimas: Participa con funcionarios encargados de brindar información relacionada a las medidas de y reparación, los trámites correspondientes para solicitarlas, las novedades para reportar, informa sobre el estado de la declaración, la documentación requerida, el agendamiento de turnos y entrevistas, la superación de carencia entre otros.  

 Defensoría del Pueblo: Es el órgano del Ministerio Público encargado de la protección y prevención de los Derechos Humanos, para lo cual se diligencia un “Formato único de declaración”, también, es la entidad encargada de orientar acerca de los derechos que tienen, rutas de acceso, desarrolla actuaciones administrativas y judiciales que apoyan la declaración de víctimas, a través de derechos de petición, tutelas, requerimiento a las instituciones y recursos. 

Entidades del orden local: Las instituciones que hacen parte del sistema local de atención se encargan de dar a conocer a los asistentes la información con el acceso a los programas del municipio o del departamento en materia de asistencia, protección, retornos, reubicación y reparación integral. Presentan la oferta social que contribuye a mejorar la calidad de vida de las víctimas. 

Entidades que hacen parte del SIVJRNR: Hacen parte las instituciones que participan en el sistema en los diversos componentes: atención, asistencia, prevención y protección, estabilización socioeconómica y reparación integral.  

 

Desde su momento fundacional hasta la situación actual de la pandemia, en un ejercicio itinerante a lo largo y ancho del país, y a su vez, in situ o focalizado para brindar la orientación, esta iniciativa interinstitucional ha alcanzado ocho años de duración, ha hecho presencia en diversos municipios, corregimientos y veredas, y ha atendido a plurales víctimas, incluyendo los sujetos colectivos étnicos.  La emergencia generada por el COVID 19 y las restricciones que relacionadas a  su prevención, en términos de confinamiento y distanciamiento social, impactaron directamente esta estrategia, implicando la adopción de algunos cambios en la ruta de atención, sin afectar su esencia. A partir de entonces, el modelo tránsito a  semipresencial y en acatamiento a rigurosas normas de bioseguridad. Además de lo anterior, las jornadas también cambiaron de denominación por jornadas de “Justicia móvil”. ​