Preguntas Frecuentes

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Conceptos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar


De acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, los comisarios de familia asumirán todas las funciones de los defensores de familia en los municipios donde no se encuentren Defensorías de Familia, excepto la declaratoria de adoptabilidad, por prohibición expresa de la Ley.
Por lo tanto, a pesar de la división funcional que existe entre defensores de familia y comisarios de familia para la atención de los niños, niñas y adolescentes, debe tenerse en cuenta que en los casos que conozcan y que no sean de su competencia, deberán darles la atención inmediata que se requiera a los niños, niñas y adolescentes, verificando derechos y tomando las medidas de protección que considere necesarias, y posteriormente deberá realizar la remisión a la autoridad competente, sin que se justifique una desatención a los menores de edad por falta de competencia.
Ver documento
Concordancias: Concepto 96 de 2017, concepto 54 de 2016

Si, puesto que los Defensores de Familia tienen la obligación de intervenir en cualquier actuación en que se encuentren involucrados menores de edad, cuando éstos carezcan de representante, o este se halle ausente o incapacitado, casos en los cuáles, deben acudir en calidad de representantes legales, función que sólo podrán ejercer los Comisarios de Familia de forma subsidiaria, cuando en el municipio no exista Defensoría de Familia.
¿Procede la representación de niños, niñas y adolescentes por parte de los Comisarios de Familia en procesos judiciales o administrativos?
No, ya que el Ministerio Público, en especial, los procuradores judiciales de familia, tienen la obligación de defender y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en todos los procesos judiciales y administrativos en que se pretenda su restablecimiento, inclusive cuando el agente vulnerador sea uno de los padres o los dos.
Ver documento

En primer lugar, es de suma importancia saber que el Defensor de Familia es la autoridad administrativa encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes; en su lugar el Comisario de familia también se encarga de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas, adolescentes, pero también de los demás miembros de la familia, esto es, en el contexto de la violencia intrafamiliar.
Así las cosas, la competencia subsidiaria entre Defensores, Comisarios de Familia e Inspectores de Policía es determinada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBf, en caso de no haber sido designado Defensor de Familia, por competencia subsidiaria, sus fundones serán asumidas por el Comisario de Familia y en ausencia de éste corresponderán al Inspector de Policía.
Ver documento.
Concordancias:
Concepto 44 de 2012, concepto 97 de 2014, concepto 94 de 2014, concepto 89 de 2014, concepto 37540 de 2008, concepto 130 de 2015

De conformidad con el artículo 96 de la Ley 1098 de 2006, mediante el cual otorga a los Coordinadores de los Centros Zonales del ICBF la facultad de llevar a cabo el seguimiento de las medidas adoptadas tanto por los Defensores como por los Comisarios de Familia.
Esta verificación debe ser realizada por este funcionario, ya que es en función del cumplimiento de un mandato legal, sin embargo, en caso de observar irregularidades en el ejercicio de este procedimiento, debe ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes, en caso de que el actuar exceda las facultades de ley o se atribuya funciones que no le competen, igualmente debe ser denunciado a las autoridades que ejercen el control disciplinario, con el fin de que adelanten las investigaciones a que haya lugar.
Ver documento.

El artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, es claro en establecer que si el municipio, no puede garantizar que el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia se encuentre completo, puede apoyarse en los profesionales que trabajen en temas de infancia y familia, sin embargo, para el caso concreto y en tratándose de temas de abuso sexual es vital que el profesional que realice cualquier tipo de intervención con el niño y su familia sea experta en el área de psicología o cualquier otra ciencia del comportamiento humano dada la complejidad de la situación, lo anterior, siempre garantizando los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, sin embargo, podrán en caso de ser necesario solicitar apoyo a la Defensoría de Familia del ICBF.
Ver documento
Concordancias:
Concepto 49 de 2016

l registro de la Comisaria de Familia en el SIM, no implica dependencia administrativa de estas autoridades con el ICBF o imposición de horarios o competencias.
Ver documento

En los municipios donde no se haya designado Defensor de Familia la función de participación y acompañamiento a los adolescentes en el desarrollo de las actuaciones judiciales en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes será asumida por competencia subsidiaria por el Comisario de Familia.
Ver documento.

Las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, deberán ser realizadas por el CTI a través de personal entrenado en entrevista forense para niños, niñas y adolescente, o en su lugar por un entrevistador especializado, preferiblemente con conocimiento en psicología infantil, en caso de no contar con los profesionales en entrevista forense, el Comisario de Familia deberá gestionar la presencia de un entrevistador especializado que realice la entrevista a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.
El Comisario de Familia, cuando conoce casos de niños niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tendrá un doble rol, toda vez que, en ejercicio de su función de policía judicial deberá realizar el cuestionario pertinente, y en atención a la competencia subsidiaria velará por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ver documento.
Concordancias:
Concepto 136 de 2014, concepto 106 de 2015

Las autoridades administrativas competentes, procurando prevenir la amenaza o vulneración de los derechos de niños, niñas o adolescentes, y en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, deberán estar presentes en las diligencias de desalojo y adelantar las actuaciones que estimen necesarias para que no se vulneren sus derechos.
Ver documento.

No existe una prohibición legal para que el Comisario de Familia reciba un consentimiento para dar en adopción a un niño, niña o adolescente, pues éste lo puede hacer por la competencia subsidiaria, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006.
Sin embargo, es preciso señalar que para el ICBF es el Defensor de Familia quien por excelencia y de forma preferente debería realizar éste trámite, por la especialidad del acto, y porque cuenta con el equipo interdisciplinario que se requiere para establecer la aptitud que tienen los representantes legales de un menor de edad para consentir, además de acompañarlos psicológicamente durante todo el trámite, incluso durante los 30 días siguientes al otorgamiento del consentimiento, todo por la alta importancia y las serias consecuencias que trae la firmeza de éste acto.
Ver documento.

Las Comisarias de Familia están facultadas de conformidad con la Ley 640 de 2001 para adelantar audiencias extrajudiciales de conciliación en materia de familia, incluida la solicitud de fijación de cuota alimentaria a favor de un adulto mayor.
Ver documento.

De considerar el Comisario de Familia que está en curso de una inhabilidad, podrá promover su impedimento o realizar la consulta pertinente ante la Procuraduría Regional dentro de su circunscripción territorial, de conformidad con lo estipulado en numeral 15 del artículo 75 del Decreto 262 de 2000.
Ver documento.

El Juez de Familia tiene la facultad de emitir la respectiva orden de captura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 parágrafo tercero de la Ley 204 de 1996, modificado por el artículo 11 de la ley 575 de 2000.
¿La conversión de una multa en arresto a causa del incumplimiento de una medida de protección emitida por el Comisario de Familia hace perder el carácter de administrativo del proceso?
La multa convertida en arresto por el incumplimiento de una medida de protección, no cambia el carácter del proceso administrativo, toda vez que la función que ejerce el funcionario administrativo la realiza por atribución expresa por la ley.
Ver documento.

Los Defensores y Comisarios de Familia se encuentran facultados por la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1620 de 2013 para conocer los casos que correspondan a los asuntos de convivencia escolar. Ver documento.

Las medidas de protección dictadas en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, como las referidas a la custodia, pueden ser modificadas por la autoridad administrativa competente, sin que sea indispensable la revocatoria previa de las que se encuentren vigentes, siempre y cuando la nueva decisión se encuentre fundada en las condiciones materiales del niño y sean necesarias para garantizar su interés superior.
Ver documento.

No, puesto que el cargo de Comisario de Familia es de carrera administrativa, por lo tanto, en los municipios donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no haya designado Defensor de Familia, a por competencia subsidiaria, sus funciones serán asumidas por el Comisario de Familia, en ausencia de éste, corresponderán al Inspector de Policía.
Ver documento.


​​

Conceptos de El Departamento Administrativo de la Función Pública​


Es importante señalar que los requisitos de estudio para ocupar los empleos en las entidades del orden territorial, son los que al respecto dispone el manual específico de funciones, el cual deberá estar ajustado a lo que establece la Ley 909 de 20041 y el Decreto 785 de 20052.
De conformidad con las normas citadas, el empleo de Comisario de Familia es de carrera administrativa, del nivel profesional, y debe cumplir los siguientes requisitos: Ser abogado en ejercicio y con tarjeta profesional vigente, No tener antecedentes penales ni disciplinarios y Acreditar título de postgrado en Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea un componente curricular del programa.
Ver documento.

No, puesto que el empleo de Comisario de Familia debe crearse con esta denominación en la planta de personal de la entidad y su clasificación corresponde a un empleo de carrera administrativa, por lo cual le corresponde al Concejo Municipal, fijar conforme al presupuesto respectivo y dentro de los límites máximos saláriales establecidos por el Gobierno Nacional, las escalas de remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleos públicos del municipio, teniendo en cuenta el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos para los entes territoriales previsto en el decreto 785 de 2005.
Ver documento.
Concordancias:
Concepto 41481 de 2013, Concepto 144851 de 2012, Concepto 91611 de 2013, Concepto Sala de Consulta C.E. 1915 de 2008 Consejo de Estado, Concepto Sala de Consulta C.E. 53 de 2009 Consejo de Estado

El empleo de inspector de policía podrá ser provisto mediante encargo con el empleado de carrera administrativa que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre que cumpla con los requisitos consagrados en el manual especifico de funciones y requisitos que tenga adoptado la entidad Ver documento.

La Jornada máxima legal para los empleados públicos del nivel territorial, es de cuarenta y cuatro (44) a la semana, la cual puede distribuir el Jefe del Organismo, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin que se supere este tiempo. Sin embargo, al adecuar la jornada laboral del personal debe tenerse en cuenta el respeto del derecho al descanso, y, por otro lado, el reconocimiento del tiempo suplementario desempeñado por los trabajadores en el ejercicio de su empleo, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. (Decreto 1042 de 1978)
Ahora bien, el derecho al reconocimiento de horas extras y de dominicales y festivos sólo se concede a empleados que se desempeñen en cargos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial, en los grados 9 y 19, respectivamente, o los equivalentes en el nivel territorial. Es decir, taxativamente se señala tal derecho y dentro de este marco legal deberá proceder la entidad. Por lo tanto Comisarios, sólo tendrán derecho al pago de los dominicales y festivos, cuando laboran de manera permanente, no tendrán derecho al pago de horas extras, ni dominicales ocasionales, por cuanto sus empleos pertenecen al nivel de empleos de carácter profesional.
Concordancias: Sentencia 03657 de 2010 Consejo de Estado

La Jornada máxima legal para los empleados públicos del nivel territorial, es de cuarenta y cuatro (44) a la semana, la cual puede distribuir el Jefe del Organismo, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin que se supere este tiempo. Sin embargo, al adecuar la jornada laboral del personal debe tenerse en cuenta el respeto del derecho al descanso, y, por otro lado, el reconocimiento del tiempo suplementario desempeñado por los trabajadores en el ejercicio de su empleo, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. (Decreto 1042 de 1978)
Ahora bien, el derecho al reconocimiento de horas extras y de dominicales y festivos sólo se concede a empleados que se desempeñen en cargos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial, en los grados 9 y 19, respectivamente, o los equivalentes en el nivel territorial. Es decir, taxativamente se señala tal derecho y dentro de este marco legal deberá proceder la entidad. Por lo tanto Comisarios, sólo tendrán derecho al pago de los dominicales y festivos, cuando laboran de manera permanente, no tendrán derecho al pago de horas extras, ni dominicales ocasionales, por cuanto sus empleos pertenecen al nivel de empleos de carácter profesional.
Ver documento.
Concordancias:
Sentencia 03657 de 2010 Consejo de Estado

Las causas que considera la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Constitucional para dar por terminado el nombramiento provisional se encuentra la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria, por ceder la plaza a quien ganó el empleo en un concurso de méritos y por razones atinentes al servicio.
Por lo tanto, el nombramiento provisional podrá darse por terminado mediante acto administrativo motivado, fundamentado en una de las razones anteriormente indicadas.
Ver documento.
Concordancias:
Concepto 196551 de 2013, Sentencias 087 de 2009 Corte Constitucional

Para que una persona pueda ser elegida por el concejo municipal o distrital como personero, no debe haber ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio en el cual será designado.
Ver documento.

En ausencia de los corregidores, las inspecciones de policía creadas por el respectivo Concejo municipal, de conformidad con el artículo 9º de la Ley 11 de 19863 deberán realizar las funciones asignadas en la ley, las Ordenanzas y los Acuerdos de los Concejos, las demás funciones que les deleguen los Alcaldes, las establecidas en el Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, y las de los asuntos propios de su competencia originaria, señalados en la Ley.
Ver documento.

Se considera que la delegación de funciones es una figura jurídica a través de la cual las autoridades administrativas, mediante acto de delegación, pueden transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias, con el propósito de descongestionar los órganos superiores que conforman el aparato administrativo y, facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, para realizar y desarrollar los fines del Estado en beneficio de los administrados, en cumplimiento y desarrollo de los preceptos constitucionales.
No obstante, la Ley 489 de 1998 prevé que no son delegables asuntos como la expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley; las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación; y las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación.
Ver documento.​
Concordancias:
Concepto 155691 de 2017​ ​


Conceptos de interés para Comisarios de Familia con legislación vigente


De acuerdo con el artículo 4 de Ley 2126 del 2021, las Comisarías tendrán el deber de prestar el servicio con parámetros y principios consistentes en:
• Dar respuesta inmediata en materia de protección y garantía de los derechos de quienes están en riesgo o son víctimas de violencia en el contexto familiar. 
• Orientar su actuación conforme a los parámetros constitucionales e internacionales en materia de una efectiva protección y garantía de los derechos humanos de las personas usuarias de sus servicios. • Deberá garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes integrantes de la familia, entendidos como universales, prevalentes e interdependientes.
• Garantizar la no discriminación debido a la situación personal, social, económica, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, raza, religión, ideología política o filosófica, discapacidad, convicciones personales, nacionalidad o cualquier otra condición que pueda constituir un criterio de discriminación. 
• Garantizar, restablecer y reparar los derechos de las personas que están en riesgo o han sido víctimas de violencia en el contexto familiar, poner fin a la violencia, maltrato o agresión, o evitar que esta se realice cuando fuere inminente, atendiendo a los estándares internacionales aplicables en la materia.

En los casos de violencia en el contexto familiar, los comisarios (as) de familia, podrán adoptar medidas que deberán garantizar una respuesta oportuna e integral ante la amenaza o materialización de la violencia en el contexto familiar, tales como: 
1. Medidas de Protección, provisionales o definitivas, de atención y de estabilización, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, y la Ley 1257 de 2008. 
2. Medidas de Restablecimiento de Derechos señaladas en la Ley 1098 de 2006. 

Las Medidas de Protección son mecanismos de protección provisionales y definitivos otorgados por el Comisario (a) de Familia o Defensor de Familia, de ser el caso, en favor de las víctimas, de tal manera que pongan fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente. 
Las medidas de protección provisionales deben asegurar que las víctimas no serán nuevamente víctimas de violencia, porque se ha tomado una medida de protección contundente para dar una respuesta efectiva para el restablecimiento de los derechos vulnerados. Si la autoridad competente determina que el solicitante o un miembro del núcleo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro del núcleo familiar (Artículo 17, ley 2126 del 2021). 

• La víctima directa. 
• La persona que represente los intereses de la víctima. 
• El Defensor de Familia (cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados). 
De acuerdo con el mandato constitucional, por medio del cual se impone un deber jurídico a toda persona y ciudadano, para actuar conforme al principio de solidaridad social y de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, se tiene que existe el deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos generadores de la violencia contra las mujeres de manera general para todos los coasociados. 

• Las personas pueden presentar la solicitud según su caso en particular, de manera verbal, en forma escrita o por cualquier medio idóneo ante la autoridad competente (Comisarías de Familia, inspección de Policía y demás autoridades competentes).
• El término es de 30 días siguientes a la ocurrencia del hecho, salvo para las víctimas que por actos de fuerza o violencia del agresor se encontraban imposibilitadas para comparecer, en cuyo caso el término empezará a correr en los hechos de violencia intrafamiliar instantáneos desde el día de la consumación, y desde la perpetración del último acto en los permanentes. 

• La intimidación, el temor invencible, la ignorancia, la pobreza, el analfabetismo, la ocurrencia de hechos violentos en zonas rurales se constituyen en barreras que se deben analizar para que no se produzca un rechazo de la solicitud. 
• La Corte Constitucional sobre este aspecto, ha dicho que, “es necesario precisar el momento a partir del cual se considera “acaecida” la amenaza o agresión. 
Para ello conviene diferenciar las conductas de ejecución instantánea o que se agotan en un momento preciso, claramente definido, de aquellas donde la violencia, maltrato o agresión es permanente, como los casos de violencia psíquica que en la vida familiar se concretan especialmente mediante amenazas o intimidaciones, ejercidas sobre las víctimas justamente con el fin de que no denuncien las agresiones de las que son objeto.” 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2126 del 2021, en su artículo 17, mediante el cual modifica el artículo 5 de la ley 294 de 1994, modificado por el artículo 2 de la ley 575 de 2000, modificado por el artículo 17, Ley 1257 de 2008. Refiere que el funcionario podrá imponer las siguientes Medidas de Protección:
Artículo 17 Ley 2126 de 2021
a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia. El comisario de familia o la autoridad competente enviará copia de la medida provisional o definitiva decretada a la Policía Nacional, con el objeto de evitar el acceso al lugar de habitación por parte del agresor, para lo cual la Policía Nacional ejecutará la orden de desalojo directamente, sin que sea necesario la presencia de la autoridad que emitió la orden; Si el presunto agresor tuviese retenido un menor de edad, bastará con la presencia de policía de infancia y adolescencia. 
b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; 
c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del núcleo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; 
d) Obligación del agresor de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, los costos deberán ser asumidos por el victimario. Cuando el maltrato o el daño en el cuerpo o en la salud generen incapacidad médico-legal igual o superior a treinta (30) días, deformidad, perturbación funcional o psíquica, o pérdida anatómica o funcional será obligatorio para la autoridad competente adoptar esta medida de protección; 
e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima, así como de los servicios, procedimientos, intervenciones y tratamientos médicos y psicológicos;
f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición, la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; 
g) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad; 
h) Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; 
i) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada; 
j) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; 
k) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla; 
l) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial; 
m) Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima; 
n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. 
PARÁGRAFO 1°. En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección consagradas en este artículo. 
PARÁGRAFO 2°. Estas mismas medidas podrán ser dictadas en forma provisional e inmediata por la autoridad judicial que conozca de los delitos que tengan origen en actos de violencia intrafamiliar.
PARÁGRAFO 3°. La autoridad competente deberá remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos". 

Inmediatamente se conoce de la solicitud, se debe proferir AUTO por el cual se avoca el conocimiento del caso de violencia intrafamiliar, para lo cual la autoridad debe tener claro:
• Derechos vulnerados.
• Normas a aplicar. 
• Procedimiento a seguir. 
 PARA TENER EN CUENTA: 
• Se debe tener presente la información obtenida en la entrevista y la incluida en la solicitud de la medida de protección. Es el momento en el que se inicia la protección a la seguridad física, psicológica y jurídica para la víctima. 
• Al momento de determinar el hecho, el funcionario debe analizar si la solicitud de la medida de protección contiene los elementos requeridos. 
En caso de no reunirlos quien presentó la solicitud puede corregir dentro los 3 días siguientes; si no realiza la corrección se procederá al rechazo de la solicitud y si la corrige continuará con el trámite. ESTE PROCEDIMIENTO NO SE PUEDE CONVERTIR EN UNA BARRERA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS. 

Una vez se profiere el auto que avoca el conocimiento debe enviar para lo de su competencia a la Unidad Local de la Fiscalía General de la Nación, delegada ante los Jueces Penales Municipales, quienes conocen de los Delitos contra la Familia, a saber: 
• Violencia Intrafamiliar (Art. 33 Ley 1142 de 2007).
• Maltrato mediante restricción de libertad (Art. 230, y penas aumentadas Art. 14 Ley 890/04).
• Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad (Art 230 A, articulo adicionado por el Art 7 Ley 890/04). 
• Adicionalmente, el Comisario de familia, deberá poner en conocimiento los demás delitos que se puedan configurar en el contexto de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, tales como aquellos que atentan contra la integridad, formación y libertad sexual, vida e integridad personal, libertad individual, entre otros. 

Conceptos Procuraduría


Acudir ante el Alcalde, aduciendo la reiterada obligación de atender las disposiciones establecidas en el artículo 1 del Decreto 4840 de 2007, a través del cual se ordena incorporar en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el presupuesto del municipio, un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la Comisaría de Familia. Ver documento.​ Conceptos de El Departamento Administrativo de la Función Pública ​ ​