Es fundamental comprender que el programa responde a una necesidad de orden municipal donde se promueve el desarrollo de la justicia local, por lo tanto, dentro del marco constitucional de descentralización y autonomía administrativa y financiera de las entidades territoriales es su responsabilidad garantizar que la presencia del programa en su territorio conlleve algunos beneficios, entre los que se destacan:
- Involucra a la comunidad en la resolución pacífica de conflictos mediante el uso de la justicia formal y no formal.
- Evita el escalonamiento de los conflictos y contiene la generación de violencia.
- Contribuye con la superación de barreas de acceso a la justicia.
- Integra y coordina la labor entre entidades del orden nacional, local, universitario y representantes de las comunidades.
- Establece espacios de participación ciudadana, lúdica y pedagógica para favorecer el acceso a la justicia.
- Reúne a la comunidad y al estado local, generando confianza y sentido de pertenencia de unos y otros.
- Desarrolla sentido de pertenencia y confianza en la comunidad, en tanto esta se siente beneficiada por el programa
- Legitima el servicio de justicia estatal en sectores y áreas poblacionales excluidos y marginados.
- Fomenta y fortalece la construcción y reconstrucción del tejido social.
- Genera información sobre la conflictividad de los municipios para el diseño de políticas públicas en materia de justicia y convivencia ciudadana.
