Desde 2012 el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas, viene impulsando el proceso de implementación de la política de drogas en los territorios para que cada uno de ellos identifique e implemente acciones articuladas que den respuesta integral al fenómeno de consumo y oferta de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta sus realidades particulares.
Ese propósito se inscribe en una de las principales funciones de la Dirección de Política de Drogas, la cual enfatiza la necesidad de proponer los lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas en materia de consumo y oferta de sustancias psicoactivas.
Para llevar a cabo la anterior tarea, se han consolidado los Consejos Seccionales de Estupefacientes (CSE) y los Comités Departamentales de Drogas (CDD), como los principales escenarios de articulación entre los territorios, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud y Protección Social. Al mismo tiempo, tales organismos se han posicionado como instancias participativas encargadas de implementar la política de drogas y definir estrategias de abordaje integral en los territorios, tal como fueron concebidas en la Ley 30 de 1986.
Gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, funcionarios de entidades públicas, miembros de organizaciones no gubernamentales, representantes de la academia, fuerzas militares y de policía y representantes de la sociedad civil son, entre otros, nuestros aliados estratégicos para lograr construir la política de drogas desde y con los territorios.
Durante los tres últimos años, una de las estrategias empleadas para fortalecer vínculos de integración e intercambio de experiencias entre estos aliados, son los Encuentros Nacionales. Estos encuentros tienen por objeto reunir en un mismo escenario a los delegados de los entes territoriales del todo el país. Asisten representantes de los Comités Departamentales de Drogas y de los Consejos Seccionales de Estupefacientes con el propósito de compartir lecciones aprendidas sobre el proceso de implementación de la política de drogas en los territorios e
identificar posibles estrategias que permitan continuar avanzado en la efectiva implementación de acciones articuladas locales para abordar integralmente el fenómeno.
