La presente iniciativa se encuentra enmarcada en lo establecido en el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” entre el Gobierno Nacional y las FARC. Dicho Acuerdo definió el enfoque de género como “el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital, relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. Esto implica, en particular, la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto”.
Adicionalmente, el punto 1.1.8 del Acuerdo señala la necesidad de crear mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, que tengan como propósito garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en el campo; resolver los conflictos relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra; y, en general, promover la regularización de la propiedad rural, incluyendo mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos.
En ese sentido, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI), en cumplimiento de las disposiciones del Punto 6.1.1 orienta las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del Acuerdo Final durante los próximos 15 años. El documento contiene el conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores necesarios para la implementación del Acuerdo Final, organizados por cada punto del mismo, incluyendo los capítulos sobre enfoques de género y étnico.
En este contexto, el Ministerio de Justicia y del Derecho debe dar cumplimiento a:
