1. A partir del 26 de agosto de 2019, con la promulgación de la Ley 1996 de 2019, se elimina la figura de la interdicción, y se reconoce la capacidad que tienen las personas con discapacidad para obligarse y decidir por sí mismas en el marco de los actos jurídicos que decidan celebrar, contando con los apoyos que se requieran.
Para brindar esos apoyos la Ley crea las figuras de la asignación de apoyos para la toma de decisiones y las directivas anticipadas.
2. Los apoyos podrán ser designados voluntariamente mediante trámite notarial o ante conciliadores de Centros de Conciliación, o designados a través de proceso judicial.
Las Directivas Anticipadas podrán ser expresadas mediante cualquier forma de comunicación. Deberán suscribirse mediante escritura pública ante notario o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho.
3. A partir de agosto de 2021, las personas que hayan sido declaradas interdictas deberán solicitar al juez que haya proferido la sentencia, que revise el caso, levante la interdicción y determine los apoyos que deben ser asignados, si ellos son necesario. Si la persona no lo solicita, en todo caso el juez está obligado a hacerlo. (Esto se da a partir del 26 de agosto de 2021).
En los procesos de interdicción en curso, que son suspendidos por mandato de la Ley, los jueces podrán levantar la medida de suspensión y dictar medidas cautelares, nominadas o innominadas, en aras de proteger los derechos de la persona con discapacidad.
- Juzgado de Familia
- Notaria
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¿Qué debe hacer?
Asignación judicial de apoyos transitoria. Hasta tanto entren en vigor los artículos relativos a la asignación judicial de apoyos (24 meses), el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto jurídico puede determinar de manera excepcional los apoyos necesarios para una persona mayor de edad cuando se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de la persona titular del acto.
¿Dónde acudir?
- Consultorio Jurídico
- Defensoría de Familia
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
- Personerería Minicipal
¿El trámite tiene costo? No
¿Necesita abogado? No.
• La Ley 1996 de 2019 consagra la presunción de capacidad legal, así, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.
• Los Consultorios Jurídicos pueden acompañar los procesos de asignación judicial de apoyos.
• No se podrá pedir declaratoria o sentencia de interdicción para la realización de ningún acto jurídico, ya sea público o privado.
• La asignación de apoyos ante Notarios y Centros de Conciliación entra a regir 12 meses después de la entrada en vigor de la norma. La asignación judicial de apoyos 24 meses después.
• Ningún acuerdo de apoyo puede extenderse por un período superior a cinco (5) años, pasados los cuales se deberá agotar de nuevo alguno de los procedimientos previstos en la presente ley.
• Todos los procesos de declaración de interdicción en curso se suspenden a partir de la promulgación de la Ley; el juez podrá levantar esta suspensión para declarar medidas cautelares de protección.
• Quienes tengan declaratoria de interdicción deberán acercarse ante el juez que haya conocido de su proceso para que la levante y determine la necesidad o no de asignar apoyos a las personas. Los jueces lo podrán hacer de oficio también, esto comienza a regir el 26 de agosto de 2021.
• Acuerdo de Apoyos. Se realiza en una Notaría o Centro de Conciliación, por iniciativa del titular del acto jurídico (persona con discapacidad) y las personas naturales o jurídicas que vayan a servir de apoyo en el marco de determinados actos.
• Asignación judicial de Apoyos. Se hará por el juez en el marco de un proceso de jurisdicción voluntaria o un proceso verbal sumario, según sea el caso.
• Por jurisdicción voluntaria ante el juez de familia, cuando sea la persona con discapacidad la que presente directamente la acción judicial.
• Por proceso verbal sumario, cuando sea un tercero cercano y con interés legítimo quien interponga la acción, lo cual sólo se podrá dar cuando se pruebe que la persona interesada se encuentra imposibilitada para comunicarse.
• Directivas anticipadas. Son una herramienta por medio de la cual una persona mayor de edad puede establecer su voluntad frente a decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos, con antelación a que los mismos se vayan a celebrar. Estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos.
• Las Directivas podrán ser expresadas mediante cualquier forma de comunicación. Deberá suscribirse mediante escritura pública ante notario o mediante acta de conciliación ante conciliadores extrajudiciales en derecho.
