Reconocido penalista, académico, docente universitario y columnista, con más de 25 años de experiencia en el sector justicia. A lo largo de su trayectoria ha combinado el ejercicio del derecho penal con la docencia, la consultoría y una activa participación en algunos de los debates jurídicos más relevantes del país, manteniendo una presencia constante en la discusión pública y en los medios de comunicación sobre los principales retos de la justicia.
Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Además, cuenta con un diplomado en Gestión Estatal y es Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos.
Fue fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y ejerció como decano universitario, consolidando una amplia experiencia en derecho penal, procedimiento penal, garantías constitucionales y administración de justicia. Ha sido profesor de posgrados en Colombia y en universidades del exterior, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionales del derecho. Su ejercicio profesional se ha caracterizado por el litigio estratégico y la consultoría en asuntos de alta complejidad.
Proviene de una familia de profunda tradición jurídica que marcó su vocación por el derecho. Es hijo del reconocido abogado Antonio José Cancino Moreno, quien fue abogado penalista, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, docente, y miembro de la Comisión Especial Legislativa durante el proceso de expedición de la Constitución Política de 1991. Su madre es la doctora en Derecho Emilssen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, profesora emérita y académica con más de seis décadas dedicadas a la formación de juristas. De ellos recibió el ejemplo, el rigor jurídico y el compromiso con la justicia, la academia y el servicio público.
Como ministro de Justicia y del Derecho, tiene el propósito de dignificar el oficio de jueces y fiscales, defender las garantías procesales de los colombianos y promover una protección irrestricta de la Rama Judicial, la Constitución y la ciudadanía, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho y a la modernización del sistema judicial colombiano.
