El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras palabras, son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, independientemente de su eficacia (si es acatada o no) y de su ideal axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, paz, orden).

El derecho es el respeto de la persona como individuo, protege sus libertades a través de las normas y leyes de un Estado. Al mismo tiempo impone reglas de comportamiento entre las personas para que la libertad de unos, no atenten contra la libertad de otros. Un derecho se convierte en una regla de convivencia y una obligación por parte del Estado a protegerlo y garantizarlo.

El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, drogas, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo.

El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.

La estructura del Ministerio de Justicia y del Derecho es la siguiente:

1. DESPACHO DEL MINISTRO (A) DE JUSTICIA Y DEL DERECHO:

1.1 Dirección de Asuntos Internacionales

1.2. Dirección Jurídica

1.3. Dirección de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia

1.3.1. Subdirección de Gestión de Información en Justicia

1.3.2. Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información

1.4. Oficina de Control Interno

1.5. Oficina Asesora de Planeación

1.6. Oficina de Prensa y Comunicaciones

2. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA.

2.1. Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

2.2. Dirección de Justicia Formal

2.3. Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

3. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA RESTAURATIVA:

3.1. Dirección de Justicia Transicional

3.2. Dirección de Política Criminal y Penitenciaria

3.3. Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas

3.3.1. Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes

3.3.2. Subdirección Estratégica y de Análisis

4. SECRETARÍA GENERAL

5. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN

5.1. Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo

5.2. Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

5.3. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

5.4. Comisión de Personal

5.5. Comité de Gerencia

5.6. Comité de Género

El Sector Administrativo de Justicia y del Derecho está integrado por: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. – INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC,  la  Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. – ANDJ, la. Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Justicia y del Derecho como Entidad cabeza del Sector

El Ministro de Justicia y del Derecho, además de las funciones señaladas por la Constitución Política y en el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, cumplirá las siguientes:

 1. Formular las políticas en los temas de competencia del Ministerio de Justicia y del Derecho, bajo la dirección del Presidente de la República.

 2. Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho.

 3. Coordinar la formulación y hacer seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.

 4. Ejercer la representación legal del Ministerio de Justicia y del Derecho.

 5. Coordinar, orientar y hacer seguimiento a la planeación estratégica del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.

 6. Evaluar en forma permanente y adelantar el seguimiento de la ejecución de los compromisos internacionales en las materias de su competencia.

 7. Presentar, orientar e impulsar los proyectos de actos legislativos y de ley ante el Congreso de la República, en las materias relacionadas con los objetivos, misión y funciones del Ministerio y coordinar el ejercicio de la iniciativa legislativa que tiene el Gobierno Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política y en las materias relativas a la justicia y el derecho.

 8. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de inversión, de funcionamiento y el proyecto de utilización de recursos del crédito público que se apropien para el Ministerio de Justicia y del Derecho.

 9. Suscribir en nombre de la Nación y de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Presupuesto, los contratos relativos a asuntos propios del Ministerio.

 10. Vigilar el curso de la ejecución del presupuesto correspondiente al Ministerio.

 11. Promover en colaboración con las entidades estatales competentes, la cooperación judicial y técnica en los asuntos de su competencia.

 12. Representar en los asuntos de su competencia, al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y convenios internacionales, de acuerdo con las· normas legales sobre la materia.

 13. Dirigir la administración de personal conforme a las normas sobre la materia.

 14. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la ley.

 15. Crear, conformar y asignar funciones a los órganos de asesoría y coordinación, así como los grupos internos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones del Ministerio, mediante acto administrativo, dentro del marco de su competencia.

 16. Distribuir entre las diferentes dependencias del Ministerio las funciones y competencias que la ley le otorgue a la Entidad, cuando las mismas no estén asignadas expresamente a alguna de ellas.

 17. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión.

 18. Presidir el Consejo Superior de Política Criminal, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Comisión Intersectorial para la armonización normativa y los demás órganos colegiados que la ley le ordene.

 19. Ejercer las funciones que el Presidente de la. República le delegue o las demás que le sean señaladas por la Ley.

Son funciones del Viceministro de Promoción de la Justicia, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Asesorar al Ministro en la formulación de políticas y trazar directrices, conjuntamente con el Ministro, que orienten el sistema jurídico y su ordenamiento, así como la prestación de los servicios de justicia formal y alternativa, a través de la Rama Judicial, las autoridades administrativas y los particulares.

2. Promover la creación de espacios para acciones en materia de justicia y del derecho, que involucren a la comunidad en la resolución de los conflictos mediante la utilización de los mecanismos formales y alternativos de justicia. 

3. Asistir al Ministro en el ejercicio de las funciones del Despacho del Ministro de Justicia y del Derecho, en los temas de diseño de políticas, iniciativa legislativa, investigación y análisis de las materias relacionadas con la justicia, propias de su competencia. 

4. Apoyar y asistir al Ministro en el diseño, análisis, impulso y seguimiento a proyectos de ley y actos legislativos ante el Congreso de la República principalmente en las materias relacionadas con los objetivos, misión, y funciones del Ministerio y del Sector Justicia.

5. Asesorar en la formulación de la política pública en materia notarial del país y coordinar con la Superintendencia de Notariado y Registro el cumplimiento de la misma, de conformidad con los preceptos normativos que rigen la materia.

6. Coordinar y hacer el seguimiento a las actividades de las direcciones del Ministerio, adscritas a su Despacho, para garantizar el cabal cumplimiento de sus funciones y de los planes, programas y proyectos del Ministerio.

7. Dirigir y orientar la elaboración de los informes relativos al desarrollo de las políticas, planes y programas que deba presentar el Ministro a las instancias que lo soliciten.

8. Asistir al Ministro en el ejercicio del direccionamiento estratégico, evaluación y control de la gestión sectorial.

9. Participar en la orientación, coordinación y en el ejercicio del control administrativo de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Justicia y del Derecho conforme a la normatividad sobre la materia y a las instrucciones que le imparta el Ministro.

10. Coordinar las relaciones del Ministerio con las demás entidades públicas, para la adecuada ejecución de los planes sectoriales.

11. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.

12. Atender las peticiones relacionadas con asuntos de su competencia.

13. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia

Son funciones del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

1. Asesorar y apoyar al Ministro en la formulación y adopción de la política pública criminal, y de manera especial la relativa a asuntos penales y penitenciarios; de drogas, corrupción, trata de personas, crimen organizado y justicia transicional.

2. Asistir al Ministro en el diseño de políticas públicas, iniciativa legislativa, investigación y análisis normativo relacionado con la política criminal, las drogas y justicia restaurativa.

3. Planear, coordinar y proponer políticas públicas y trazar directrices conjuntamente con el Ministro que orienten la prevención y el control del delito con enfoque diferencial.

4. Dirigir, orientar y coordinar el desarrollo de investigaciones y estudios para la formulación de la política criminal y de asuntos penales, penitenciarios, de drogas, corrupción, trata de personas, y el crimen organizado y justicia transicional.

5. Incentivar las alianzas estratégicas con otros Gobiernos u organismos de carácter nacional e internacional, que faciliten e impulsen el logro de los objetivos del Ministerio en materia de política criminal y de asuntos penales, penitenciarios, de drogas, corrupción, trata de personas, y el crimen organizado y justicia transicional.

6. Presidir la Comisión de Seguimiento de las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario.

7. Coordinar y hacer el seguimiento a las actividades de las direcciones del Ministerio, adscritas al Despacho, para garantizar el cabal cumplimiento de las funciones y de los planes, programas y proyectos del Ministerio.

8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.

9. Participar en la orientación, coordinación y en el ejercicio del control administrativo de las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme a la normatividad sobre la materia y a las instrucciones que le imparta el Ministro.

10. Atender las peticiones relacionadas con asuntos de su competencia.

11. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

Las diferentes autoridades facultadas por la Constitución y la Ley, para administrar justicia, entre las cuales se destacan:

Los jueces en cada uno de los despachos judiciales del país (Cortes, Tribunales y Juzgados).

Algunos particulares que la Ley les ha otorgado esta facultad de manera transitoria, como los conciliadores y los árbitros.

Determinadas entidades administrativas como las Superintendencias tienen facultad excepcional de impartir justicia. Por ejemplo: La Superintendencia de Industria y Comercio resuelve conflictos relacionados con los derechos de consumidor y competencia desleal; la Superintendencia Financiera resuelve controversias que surjan entre los consumidores financieros y entidades como bancos, aseguradoras, compañías de financiamiento comercial; y la Superintendencia de Sociedades resuelve controversias entre socios, accionistas, administradores, entre otros. Igualmente, los Jueces de Paz, la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Penal Militar, están facultados para resolver conflictos o controversias.

Consultar el siguiente enlace: http://www.legalapp.gov.co/quien-que-justicia

Es una herramienta electrónica para todos los ciudadanos que necesiten conocer cómo adelantar un trámite o hacer uso de algún servicio relacionado con la Justicia. Digitando palabras claves, esta herramienta orienta a las personas sobre qué hacer, la autoridad o institución a la cual puede acudir y la ubicación exacta en su municipio. https://www.legalapp.gov.co

Los Autos Judiciales son comunicaciones o pronunciamientos del Juez, los cuales resuelven peticiones, imparten órdenes o deciden asuntos diferentes al conflicto principal que surgen durante el proceso judicial. Por ejemplo, el auto que ordena practicar pruebas, el auto que cita a una audiencia, el auto admisorio de la demanda, etc.

La Sentencia es la decisión que profiere el juez una vez finalizado el proceso judicial, en esta se resuelve el conflicto principal puesto en su conocimiento.

La persona interesada puede interponer directamente la denuncia sin necesidad de abogado. Presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente no tiene costo.

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que cuenta con plenos efectos jurídicos. Por medio de la Conciliación dos o más personas solucionan sus conflictos con la ayuda de un tercero neutral denominado Conciliador, quien propiciará un espacio de diálogo y propondrá fórmulas de arreglo para solucionar la controversia.

La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de este.

Se puede conciliar ante un Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Las tarifas son establecidas por cada centro de conciliación de conformidad con la Ley. De igual manera están facultados para conciliar los Conciliadores en Equidad.

En algunos casos establecidos por la Ley (especialmente en asuntos de familia y laborales), se debe realizar una conciliación antes de iniciarse un proceso judicial.

Sirven como prueba del agotamiento de este requisito de procedibilidad: el Acta de conciliación, la Constancia de no acuerdo, la Constancia de inasistencia, y la solicitud  de conciliación si no se ha citado a audiencia pasados tres meses después de presentada la solicitud.

Tiene plenos efectos legales. Es decir, las partes se encuentran obligadas a su cumplimiento, hace tránsito a cosa juzgada (no se puede volver a tratar el  mismo tema en otro proceso), y presta mérito ejecutivo (en caso de incumplimiento de una de las partes la otra puede solicitar su cumplimiento en un proceso judicial).

Esta figura resulta útil cuando una persona a la que le han sido vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales (vida, salud, igualdad, de petición, entre otros) se encuentra imposibilitada para interponer esta acción por sí misma, por ejemplo cuando físicamente no puede salir de su casa. Por lo tanto, otra persona, que puede ser un familiar, puede actuar en nombre de quien está presentando la tutela.

En el texto de la tutela se debe explicar las razones por las cuales la persona afectada en sus derechos no puede asistir de manera directa o personal, es decir, debe específicamente manifestarse que se actúa bajo el amparo de la agencia oficiosa “en representación del otro”. En caso que no se indique esa circunstancia, la tutela no prosperará y así lo indicara el Juez de tutela.

El servicio de administración de justicia por parte del Estado es gratuito. Sin embargo, tenga en cuenta que en el proceso pueden surgir algunos costos, como pago de pólizas judiciales, honorarios de los auxiliares de la justicia (peritos, secuestres, etc.), además del pago de los honorarios de su abogado.

La Rama Judicial cuenta con vacaciones colectivas, por lo que los despachos judiciales no prestan su servicio al público en el período comprendido entre el 20 de diciembre y el 10 de enero de cada año.

No obstante, algunos despachos trabajan durante todo el año, como los juzgados promiscuos de familia, penales municipales, de ejecución de penas, penales especializados, de responsabilidad penal para adolescentes con función de control de garantías.

En todo caso, el servicio de justicia no tiene interrupción para resolver trámites urgentes como acciones de tutela, hábeas corpus, legalizaciones de captura, medidas de aseguramiento (como solicitudes de detención domiciliaria), vencimiento de términos para la solicitud de libertad, entre otros.

Sí. El Estado ofrece diferentes alternativas para obtener una representación judicial gratuita a aquellas personas que por sus escasos recursos económicos no pueden pagar un abogado particular, así:

1.    Solicitar los servicios de la Defensoría del Pueblo: Este servicio se ofrece para procesos penales, civiles, de familia, laborales y administrativos. Más información aquí.

2.    Solicitar amparo de pobreza: Se aplica en los procesos judiciales en materia civil, familia, laboral y administrativo.

3.    Acudir a consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de las diferentes  universidades de Colombia, los cuales prestan servicios gratuitos, asesorando y/o representando a las personas de escasos recursos en determinados casos.

El valor de los honorarios depende de la especialidad y los servicios que preste cada abogado, la complejidad del asunto, la cuantía de la pretensión, la capacidad económica del cliente y la voluntad contractual de las partes. Estos se fijan entre el abogado y el cliente, mediante un contrato por el cual se establece, entre otros, las condiciones y forma de pago.

Para fijar los honorarios de un abogado, generalmente se acude a dos métodos:

Pagos por tarifa fija: el monto es establecido por el abogado, de conformidad con las características del caso. Usualmente, si se trata de un proceso judicial, se acuerda un primer pago cuando se presenta la demanda; un segundo pago una vez efectuados los alegatos de conclusión; y un pago final cuando se profiere la sentencia.

Cuota litis o prima de éxito: se fija el pago de un valor o porcentaje determinado, de acuerdo con el resultado favorable para el cliente. Por ejemplo, en un caso donde se busca dar por terminado un contrato de arrendamiento por el incumplimiento en los pagos del arrendatario, el abogado de la parte vencedora recibirá por sus servicios el 10% sobre el valor de las indemnizaciones que fije el juez civil.

Este amparo puede ser solicitado al juez correspondiente antes de la presentación de la demanda o por cualquiera de las partes en el transcurso del proceso.

Con la solicitud deberán presentarse las pruebas que demuestren que la persona destina todos sus recursos a su propia subsistencia y a la de su familia (alimentación, vestuario, transporte, etc.).

Si cumple con los requisitos, el juez concederá el amparo, nombrará al abogado que lo representará en el proceso y lo eximirá del pago de cauciones, honorarios de auxiliares de justicia, costas, entre otros. Esta figura no aplica para los procesos penales.

Sí se puede, incluso es posible que una persona solicite abogado gratuito para dos o más procesos cuando no tenga los recursos suficientes para contratar un abogado.

Algunas de las facultades que se otorgan al abogado son:

-  Adelantar todos los actos preparatorios del proceso.

-  Solicitar medidas cautelares.

-  Presentar la demanda.

-  Recibir la notificación de la demanda y contestarla, si usted es el demandado.

-  Adelantar todo el trámite del proceso.

-  Interponer recursos.

-  Realizar todas las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia.

-  Recuerde que el abogado a quien le otorgue poder no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho disputado en el proceso judicial (como por ejemplo desistir de la demanda), ni recibir pagos derivados de la sentencia, salvo que usted lo haya autorizado de manera expresa en el poder que ha otorgado.

Sí se puede. Basta con informar al juzgado sobre la terminación del poder, otorgando uno nuevo a otro abogado.

El abogado al que se le haya revocado el poder podrá pedir al juez establecer el monto de los honorarios que se le deban, quien no podrá ordenar el pago de una suma que exceda lo que se hubiere pactado.

Si el abogado renuncia al poder, el juez tiene la obligación de notificarle al representado la admisión de la renuncia y enviarle un telegrama en ese sentido.

La renuncia sólo surtirá efectos, cinco días después de las comunicaciones mencionadas, garantizándose un plazo razonable para que el poderdante designe otro abogado.

En el Registro Nacional de Abogados, que lleva el Consejo Superior de la Judicatura, podrá verificar que la tarjeta profesional del abogado esté vigente.

Igualmente, podrá verificar si el abogado cuenta con antecedentes disciplinarios, por haber cometido una falta en el ejercicio de la profesión, dando clic aquí.

La denuncia es el acto por el cual se informa a la autoridad que ocurrió un delito, señalando los hechos, lugar y momento en que tuvo lugar e identificando quien lo habría cometido, para que la Fiscalía determine si se debe o no dar inicio a la investigación penal.

La demanda es la petición formal y escrita sobre asuntos no penales que se presenta ante el Juzgado competente (civil, laboral, administrativo, familia), con el fin de iniciar un proceso judicial y que se decida de manera definitiva el conflicto.

Es la ley por la cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La ley reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido (no solo a modo de indemnización sino también rehabilitación física y sicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras), a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir.

Se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño, por hechos posteriores al 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Sí. Son víctimas el esposo o la esposa, el compañero permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos (incluyendo adoptivos) de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. Si estos familiares no están, se considerarán víctimas a los abuelos.

Las víctimas de hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tendrán derecho a las medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición dispuestas en la ley. Para ello no es necesario que se inscriban en el Registro Único de Víctimas. En todo caso, estas personas también podrán reclamar sus derechos a través de los procesos judiciales ordinarios.

Las víctimas pueden acceder a las medidas de la ley siempre y cuando estén inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV). Para ser incorporadas en el Registro, las víctimas deberán acercarse a las oficinas regionales de la Procuraduría, Defensoría o en las Personerías municipales (Ministerio Público), donde deberán rendir una declaración sobre los hechos. Si los tienen, las personas deberán entregar copia de los documentos que soporten su declaración. Una vez hecha la declaración ante el Ministerio Público, este la remitirá a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esta Unidad llevará a cabo un proceso de verificación de los hechos relatados, para tomar una decisión sobre la inclusión o no de la persona en el Registro Único de Víctimas. Esta decisión deberá tomarse a más tardar dentro de los dos meses siguientes desde el momento en que la Unidad recibe la declaración.

La víctima deberá ser notificada por escrito de dicha decisión. Si es incluida en el registro, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se pondrá en contacto con la víctima para explicarle cuáles son los pasos de la ruta de reparación individual. Si, por el contrario, no es incluida, la persona tendrá cinco días hábiles para interponer los recursos legales a los que tiene derecho, proceso para el cual cuenta con el apoyo de la Personería municipal o la Defensoría del Pueblo.

Si la decisión de la Unidad de Víctimas es negar la inclusión en el RUV, quien hace la solicitud podrá interponer dos tipos de recursos: i) de reposición ante el funcionario que toma la decisión, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la decisión, y ii) de apelación ante el director de la Unidad.

La persona solo deberá declarar nuevamente si ha sido víctima de un delito diferente ocurrido en desarrollo del conflicto armado. Si la persona ya rindió una declaración por algún hecho como desplazamiento forzado, o se encuentra inscrita como víctima en la Unidad de Justicia y Paz, o ya adelantó su reclamación para la indemnización por vía administrativa por el Decreto 1290, no deberá hacerlo otra vez.

Las personas que hayan sido victimizadas antes de la aprobación de la Ley (10 de junio de 2011), deberán hacer su declaración en un término de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de sanción de la Ley de Víctimas, es decir, tienen plazo hasta el 10 de junio de 2015. Las víctimas de hechos posteriores a la fecha de sanción de la ley, contarán con dos (2) años para declarar, a partir de la ocurrencia del hecho.

Las personas que sean incluidas en el Registro Único de Víctimas tendrán derecho a recibir medidas de atención, asistencia y reparación integral, dependiendo y atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso.

Las víctimas incluidas en el Registro, según las circunstancias particulares de cada caso, podrán tener derecho a las cinco medidas de reparación contempladas en la ley.

a) Restitución: Busca el restablecimiento de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurrieran los hechos violentos. Esto incluye, además de la restitución de tierras, restitución de vivienda, elaboración de proyectos productivos y capacitación para el empleo.

b) Indemnización administrativa: La Ley crea un programa masivo de indemnizaciones administrativas, en virtud del cual se entregará una compensación económica, de acuerdo al hecho victimizante y el estado de vulnerabilidad de la víctima. Para los niños, las niñas y los adolescentes que tienen derecho a la indemnización se constituyó un encargo fiduciario, que les será entregado al cumplir los 18 años.

c) Rehabilitación: son el conjunto de estrategias, planes y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigidas al establecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas, como por ejemplo: tratamiento médico para atender consecuencias de heridas de minas, balas u otros artefactos, ocasionadas por el conflicto armado, y atención psicológica para aliviar el sufrimiento por la pérdida de los seres queridos.

d) Satisfacción: son medidas que propenden por la búsqueda de la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica, y la implementación de medidas de reparación simbólica. Ejemplos de medidas de satisfacción son: la exención del servicio militar obligatorio, actos de perdón público, la instauración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas ( 9 de abril de cada año), homenajes, conmemoraciones y monumentos a la memoria de las víctimas.

e) Garantías de No Repetición: la ley establece 17 medidas que buscan evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Entre estas se encuentran: la implementación de programas de educación en derechos humanos, programas de reconciliación social e individual y la participación del sector privado en generación de proyectos productivos, entre otras.

La ayuda humanitaria se brinda para socorrer, proteger y atender las necesidades básicas de las víctimas en cuanto a alojamiento transitorio, alimentación, aseo personal, transporte de emergencia, atención médica y psicológica de emergencia.

La Atención Humanitaria es una medida de asistencia con la cual el Estado busca garantizar el derecho a la subsistencia mínima de las víctimas de desplazamiento forzado hasta tanto salgan de su situación de vulnerabilidad relativa a este derecho, ocasionada por la ocurrencia del hecho victimizante. La Atención Humanitaria se entrega según los resultados de la medición de sus carencias en los componentes de la subsistencia mínima.

a) Atención inmediata: se entrega en el período comprendido entre la presentación de la declaración ante el Ministerio Público y la inclusión en el Registro Único de Víctimas, por parte de la Unidad para las Víctimas. La atención inmediata se reconoce únicamente a quienes hayan presentado su declaración en los tres meses siguientes a la ocurrencia del hecho. La entrega de esta atención en cuanto a alojamiento y alimentación transitoria es responsabilidad de la alcaldía municipal y, de manera subsidiaria, de la Unidad para las Víctimas.

b) Atención humanitaria de emergencia: se entrega desde la inclusión del hogar en el Registro Único de Víctimas hasta que el hogar se encuentre en condición de pasar a la etapa de transición. La entrega de esta atención es responsabilidad de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas.

c) Atención humanitaria de transición: Los hogares cuyas carencias, de acuerdo con la medición, sean leves (no graves y urgentes), serán atendidos en esta etapa. La responsabilidad frente a esta atención le corresponde al ICBF en el componente de alimentación, y a la Unidad para las Víctimas y las entidades territoriales en el componente de alojamiento.

Es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La Ley de Víctimas busca devolver la tierra, con su respectivo título de propiedad, y mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas beneficiarias para garantizarles una vida más digna. El proceso de restitución se realizará mediante un proceso expedito ante jueces especializados; es gradual y progresivo, es decir, inicia por zonas microfocalizadas, no se realiza de manera simultánea en todo el país. Los bienes muebles (animales, cultivos, enseres, maquinaria, equipos, automóviles, etc.), no son objeto de restitución bajo esta ley.

Puede encontrar los datos de contacto y mayor información sobre restitución de tierras en la página web: www.restituciondetierras.gov.co

Tienen derecho a que se devuelvan sus tierras las personas que, a causa del conflicto armado y con fecha posterior al 1° de enero de 1991, sufrieron alguna de estas situaciones:

a. Fueron obligadas a venderlas.

b. Fueron amenazadas para que las abandonaran.

c. Falsificaron su firma y vendieron sus predios con mentiras.

d. Debieron vender sus tierras por necesidades generadas por la violencia y las condiciones de venta fueron inequitativas.

Este proceso está a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras. Sin embargo, si en el lugar en el que habita la víctima no hay punto de atención de la Unidad, puede acercarse a la Personería o a la Defensoría del Pueblo para iniciar el proceso con la solicitud de la inscripción del predio. Una vez entregada la solicitud, la Unidad de Restitución de Tierras recogerá las pruebas para el ingreso al registro. Si la persona, en la etapa judicial, decide ser representada por la Unidad de Restitución de Tierras, deberá firmar un poder para adelantar el proceso. Si no hay oposición, el caso será tramitado por el juez y este dictará sentencia sobre la solicitud. Cuando el fallo sea definitivo se entregará el predio a la persona restituida. Si hay oposición en el caso, o la sentencia no es favorable al solicitante, el trámite será enviado al Tribunal Superior. La sentencia podrá ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.

Las víctimas tendrán prioridad de acceso a programas de subsidio de vivienda. La población víctima de desplazamiento forzado también será beneficiaria y se privilegiará a mujeres cabeza de familia, adultos mayores, población con discapacidad y a quienes decidan retornar a los predios afectados.

Si ha sufrido amenazas o siente que está en riesgo puede solicitar ayuda en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía, en la Secretaría del Interior o en el Comando de Policía de cada municipio. También puede comunicarse con la Unidad Nacional de Protección adscrita al Ministerio del Interior, o al correo electrónico: contacto@unp.gov.co Las autoridades competentes deberán adoptar medidas especiales de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras, a través de los cuales las víctimas reclaman sus derechos.

Puede incurrir en prisión de 5 a 8 años quien obtenga el registro alterando o simulando las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando situaciones que le hubieren impedido ser beneficiario. Si un servidor público no denuncia estas irregularidades y facilita la inscripción de personas que no son víctimas, incurrirá en la misma pena de 5 a 8 años de cárcel y será inhabilitado por el mismo tiempo.

No. Para beneficiarse con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras no se necesita hacer ningún pago. Estos procedimientos son totalmente gratuitos. La persona que quiere acceder a sus beneficios no necesita abogado, tramitador o intermediario, pues el Gobierno y sus instituciones velarán para que sea atendida con respeto y dignidad.

Las víctimas que se encuentran fuera del territorio nacional, podrán acercarse de manera voluntaria al consulado de Colombia que les quede más cerca a su lugar de residencia en el extranjero, para poder rendir la declaración y solicitar ser inscritas en el Registro Único de Víctimas. Adicionalmente, tendrán derecho a ser incluidas en los programas de retorno y de reubicación previstos en la ley.

El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado. Este organismo debe presentar conceptos, no vinculantes, sobre todos los proyectos de Ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso de la República. Ley 65 de 1993 y Decreto 2055 de 2014.

Tiene como fin generar insumos y evidencia empírica para las decisiones en materia de política criminal que sean de utilidad para el Consejo, a través del desarrollo de estudios e investigaciones, diagnósticos de política y recomendaciones en el ciclo de política en sus diferentes fases. Está conformada por 10 miembros académicos de reconocida idoneidad y experiencia.

El Comité paulatinamente se posiciona como la instancia técnica del Consejo Superior de Política Criminal, no sólo en la generación de los insumos que fortalezcan los conceptos de este último sino en la identificación de un trabajo más estructural que conlleve a la generación de otro tipo de productos que permitan la toma de decisiones basadas en evidencia.

El Observatorio de Drogas de Colombia, ODC se constituye en un centro de conocimiento que permite una mejor comprensión de las diferentes manifestaciones del problema de las drogas y a su vez contribuye a la formulación de políticas, planes y programas tendientes a abordar de manera integral la problemática.

Proporcionar a la comunidad nacional e internacional, información objetiva, confiable, actualizada y comparable sobre la temática de las drogas y los delitos relacionados, de manera que permita una mejor comprensión del problema y que contribuya a la formulación y ajuste de políticas, toma de decisiones, diseño y evaluación de programas y proyectos.

- Resolución 0006 de 08 Abril de 2005 “Por medio de la cual se adopta como fuente de información oficial en materia de drogas al Observatorio de Drogas de Colombia -ODC- y se dictan otras disposiciones”

- Resolución del 002 de 10 Febrero 2006 “Por medio de la cual se crea el Grupo de Análisis y Evaluación Estadística del Observatorio de Drogas de Colombia - GAEES - ODC – y se dictan otras disposiciones”

- Resolución 0016 de 05 Octubre 2009 “Por la cual se modifica y adiciona la resolución No. 002 de 10 de febrero de 2006”.

El Sistema de Alertas Tempranas - SAT es coordinado por el Observatorio de Drogas de Colombia, definido como el mecanismo de intercambio de información creado con el fin de mitigar y reducir el impacto de las drogas emergentes a partir de la oportuna detección, evaluación del riesgo y generación de información confiable dirigida a las autoridades relacionadas y la comunidad en general.

Actualmente integra diferentes entidades vinculadas al sistema, como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Universidad Nacional de Colombia, entre otras.

Los Sistemas de Alertas Tempranas sobre Drogas surgen como respuesta a la aparición de nuevas sustancias psicoactivas NSP, un fenómeno actual en los mercados de drogas en el mundo.

Por la dinámica particular de las drogas para consumo interno en el país, en cuanto a presencia de sustancias adulterantes, sustancias de corte, cambios en las purezas e incluso falsificación, el Sistema de Alertas Tempranas del Observatorio de Drogas de Colombia incorpora además de las NSP, cualquier cambio de patrón en el consumo o en las sustancias, ampliando su análisis a las DROGAS EMERGENTES.

Es un espacio creado mediante convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Justicia, el INPEC, Colsubsidio y la Fundación teatro Interno, para brindar herramientas que faciliten la reintegración a la  familia y a la sociedad, de aquellas personas que fueron condenadas y recuperaron su libertad.

Construir rutas de atención integral para población pospenada que promuevan el desarrollo de habilidades personales y laborales, con el fin de facilitar su reintegro a la sociedad y el acceso a nuevas oportunidades que permitan su desempeño funcional en la vida en libertad.

El Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición, es el software que sustituirá los actuales sistemas SIC (Sistema de Información de la Conciliación) y SECIV (Sistema Electrónico para ejercer Control, Inspección y Vigilancia) administrados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para la gestión de la información relacionada con la opresión de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos – MASC, en Colombia.

- Centros de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición

- Entidades con funcionarios habilitados por la ley para conciliar

- Entidades avaladas para formar en conciliación e insolvencia

Es una estrategia liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para ofrecer servicios gratuitos de conciliación extrajudicial en derecho y en equidad, en forma masiva a la población de estrato 1, 2, y 3.

Gestionar conflictos de personas, especialmente quienes viven en estratos 1, 2 y 3, que correspondan a población vulnerable, en situación de pobreza extrema o ubicada en áreas rurales.

 - Promover el diálogo y la autogestión de los conflictos.

- Posicionar a la conciliación como un método alternativo de solución de conflictos reconocido por la ciudadanía como una forma de acceso a la justicia de manera legítima y confiable.

- Apoyar a los gobiernos locales para la promoción de la justicia.

- Integrar los operadores de conciliación y otros operadores locales para facilitar la consolidación de Sistemas Locales de Justicia.

- Fijación cuota alimentaria.

- Responsabilidad extra-contractual en accidentes de tránsito sin lesiones personales.                                                             

- Préstamos o deudas no canceladas por concepto de ventas y pago de facturas. Obligaciones en General.                                      

- Propiedad horizontal particularmente cuota de administración.

- Restitución de inmueble arrendado

- Liquidación de la sociedad conyugal.

- Disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho.

- Conflictos de convivencia

- Custodia de hijos y regulación de visitas.

- Asuntos laborales.

- Lesiones personales culposas.

- Mejora la convivencia entre los ciudadanos.

- Daño en bien ajeno.

- Injuria calumnia, cuando no trascienda.

 - Abuso de confianza

- De familia: Patria potestad, adopción, divorcio, cesación de efectos civiles y nulidad del matrimonio.

- Penales: Delitos no querellables y con pena privativa de la libertad, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

- De tránsito: Personas con lesiones cuya incapacidad sea superior a 60 días y muerte en accidente de tránsito.

- Civiles: Cambios del estado civil de una persona.

- Comercio: Insolvencia económica de persona natural no comerciante, insolvencia empresarial, cobros coactivos y de tipo sancionatorio contra comerciantes o empresas.

- De arrendamiento: Arrendamiento de bienes públicos.

- Agrarios: Unidad agrícola familiar y uso del suelo.

- Ambientales: Contaminación, talas y quemas en bosques, delitos ambientales.

- Policivos: Multas y sanciones.

- Administrativos: Conflictos entre particulares y entidades públicas.

Para resolver de manera directa y amistosa los conflictos cotidianos.

- Es una forma ágil y eficiente de dar solución a un problema, con los mismos efectos de una sentencia judicial.

- No se requiere abogado para acceder a una conciliación.

- Permite que los involucrados sean tratados en igualdad de condiciones

- Mejora la convivencia entre los ciudadanos.

Cualquier persona de escasos recursos que no pueda pagar un abogado o acudir a  un Centro Privado de Conciliación.

- Conciliador en Derecho: Abogado que debe acreditar formación en métodos alternativos de solución de conflictos, avalada por el Ministerio de Justicia. Propone fórmulas de arreglo pero nunca toma una decisión. El arreglo queda consignado en un Acta de Conciliación, que tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia judicial. También son conciliadores en derecho los servidores públicos y demás personas habilitadas por la ley para conciliar (fiscales, notarios, comisarios de familia, inspectores de trabajo, defensores de familia y personeros).

- Conciliador en Equidad: Persona con reconocimiento comunitario, de altas calidades humanas y gran compromiso social que es nombrada por la máxima autoridad judicial de su municipio para que administre justicia de manera temporal y gratuita. Motiva a las partes implicadas en un conflicto a construir por sí mismas una salida al mismo. Dicha solución queda consignada en un Acta de Conciliación en Equidad, que tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia judicial.

SUIN – JURISCOL es el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano, que permite ubicar de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto como las constituciones de 1886 y de 1991, actos legislativos, leyes, decretos, directivas presidenciales, resoluciones, circulares, entre otros, a partir de 1886, con sus respectivas concordancias y afectaciones normativas y jurisprudenciales. Igualmente se pueden realizar consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 1910 hasta 1991, por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.

Este sistema se ha implementado a través de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de sus funciones de conformidad con el artículo 18, numerales 1, 2, 3, 7 y 8 del Decreto 1427 de 2017. El sistema contiene información de más de 85.000 disposiciones normativas y jurisprudenciales.

Es un mecanismo de organización, procesamiento, administración y divulgación de información de carácter normativo y jurisprudencial.

El portal SUIN-JURISCOL ofrece un conjunto de servicios de búsqueda de información normativa y jurisprudencial, entre los cuales cuenta con un buscador rápido, de fácil uso en la página principal.

Siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el icono "Normativa" en la página principal

2. Diligencie los datos que conozca, al menos dos de ellos. (A mayor información mayor precisión del sistema)

3. Pulse en el icono "Buscar".

4. Si desea realizar una nueva búsqueda, pulse en el icono "Limpiar".

Siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el icono "Jurisprudencia" en la página principal

2. Diligencie los datos que conozca, al menos dos de ellos. (A mayor información mayor precisión del sistema)

3. Pulse en el icono en "Buscar".

4. Si desea realizar una nueva búsqueda, pulse en el icono "Limpiar".

En SUIN-JURISCOL, se pueden consultar todas las normas del orden nacional de carácter general y abstracto como las constituciones de 1886 y 1991, actos legislativos, leyes, decretos, directivas presidenciales, resoluciones y circulares desde 1886, entre otras.

Se pueden consultar sentencias de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 1910 hasta 1991, por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.

La vigencia de una norma consiste en su capacidad de producir efectos jurídicos

1. Descargar gratuitamente los textos de normas y jurisprudencia en formato Word.

2. Contar con un repositorio personal de documentos consultados.

3. Recibir comunicaciones personalizadas sobre novedades en materia normativa y jurisprudencial.

Hacer parte de la red de usuarios registrados del sistema SUIN-JURISCOL.

El Plan Decenal del Sistema de Justicia se concibe como un conjunto de principios rectores de política, propuestas, acciones y metas que expresan de forma indicativa la voluntad del país en materia de justicia en los siguientes diez (10) años.

- Establece la hoja de ruta de los siguientes 10 años para la implementación de planes, programas y proyectos en materia de justicia.

- Promueve la coordinación, eficiencia, eficacia y modernización en la administración de justicia y en las funciones de los organismos de control.

- Prioriza estrategias para garantizar el acceso a la justicia, la pacífica resolución de conflictos, la prevalencia del principio de legalidad y el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía.

- Acuerdos básicos, una visión compartida y una definición de asuntos prioritarios para todos los actores del sistema de justicia.

- Propuestas relacionadas con el mejoramiento de la gestión, arreglos institucionales, mejoramiento de la infraestructura TIC, formación, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

- Estrategias orientadas a la reducción de barreras de acceso en diferentes ámbitos, por ejemplo, en los conflictos comerciales y de consumo, los conflictos del ciudadano con la administración, los problemas relacionados con la protección de los derechos fundamentales y los conflictos en torno a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento racional de recursos naturales, entre otros.

- Lineamientos relacionados con el postconflicto y la justicia transicional. Articulación de la justicia ordinaria con las formas tradicionales y comunitarias de solución de conflictos. Instrumentos de ejecución plenamente definidos, previsión de resultados y herramientas que permiten su sostenibilidad.

Las instituciones formuladoras del Plan Decenal del Sistema de Justicia, dentro de la órbita de sus competencias constitucionales y legales implementarán y adaptarán el Plan Decenal del Sistema de Justicia, a través de sus planes de inversiones, de acción y de desarrollo, y coordinarán la implementación en su área de influencia de conformidad con los lineamientos del plan.

Es un grupo conformado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y universidades con Facultad de Derecho, Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, que a través de  la formación humanística, interdisciplinaria y social de sus estudiantes, y la generación de nuevo conocimiento en materia de discapacidad,  está comprometido con la transformación de Colombia hacia un país incluyente.

Aunar esfuerzos para el acceso oportuno y efectivo a la justicia de las personas con discapacidad, generar una transformación de la comunidad jurídica en torno a la discapacidad y optimizar el impacto social de la labor de las Universidades.

- Para conocer acerca del marco normativo y de política pública relacionado con acceso a la justicia de las personas con discapacidad;

- Ante cualquier inquietud sobre los derechos de las personas con discapacidad;

- Para recibir orientación especializada de tipo jurídico frente a un caso concreto que involucre a una persona con discapacidad;

- Para solicitar que se le asigne un estudiante como abogado de pobres, dentro del marco de competencia propio de los Consultorios Jurídicos;

- Para solicitar que se lleve a cabo una conciliación extrajudicial en derecho, en la que una de las partes es una persona con discapacidad.

Los servicios de la Red son totalmente gratuitos

Si desea información acerca del marco normativo y de política pública relacionado con acceso a la justicia de las personas con discapacidad, puede contactar al Ministerio de Justicia y del Derecho a través del correo electrónico tromero@minjusticia.gov.co. Si desea recibir atención frente a un caso concreto, puede  acudir al Consultorio Jurídico de cualquiera de las Universidades vinculadas a la Red. Para conocer las investigaciones, documentos académicos, calendario de eventos y demás información relacionada con la Red, consulte la página https://www.minjusticia.gov.co

Los Sistemas Locales de Justicia son una estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía.

Para obtener el usuario de rol sucursal en la plataforma SICOQ debe:

- Enviar una comunicación firmada por el representante legal, solicitando la creación de ese usuario, indicando:

- Sucursal con dirección, nombre de la persona responsable de ese usuario, correo electrónico asociado a ese usuario y número serial de Certificado de firma digital.

El bloqueo es una medida de seguridad que aparece luego de ingresar erróneamente por tres veces. Para solicitar el desbloqueo debe enviar un mensaje de correo electrónico al buzón: diran.sicoq@policia.gov.co  y el enlace http://pqrs.minjusticia.gov.co/

Puede acceder a través de la página principal de la plataforma SICOQ y ubicar el link "RECUPERE SU CONTRASEÑA AQUÍ".

Cuando se cambia de certificado de firma digital, debe hacerse una actualización previa de ese dispositivo en el SICOQ. Para realizar esta actualización el representante legal o propietario de la empresa, debe enviar una comunicación informando el usuario (empresa), el correo electrónico del usuario y el nuevo número serial del certificado de Firma Digital.

Una vez actualizada toda la información de la empresa, direcciones para el manejo de sustancias químicas controladas y grupo de personas asociadas al trámite, en el menú SICOQ, EMPRESA, ADMINISTRAR EMPRESA, se debe ir al menú SICOQ, EMPRESA, SOLICITUD CCITE. En ese menú se debe crear la solicitud. Una vez creada, se deben diligenciar todos y cada uno de los formularios necesarios y finalmente se le debe cambiar el estado a "ENVIADA". En ese momento la pre-solicitud desaparece de ese menú y debe estar en el menú: SICOQ, EMPRESA, SOLICITUDES ENVIADAS.

Remitir solicitud de eliminación de ese registro de usuario al buzón de correo electrónico diran.sicoq@policia.gov.co.

- Enviar a través de la dirección electrónica: diran.sicoq@policia.gov.co la solicitud de eliminación de usuario.

- Crear la solicitud y dejarla en estado "Enviado".

En la plataforma SICOQ, menú: SICOQ > EMPRESA > BANDEJA DE NOTIFICACIONES. Allí se encontrará una copia del mensaje que contiene los comentarios en relación con los requisitos incompletos o faltantes.

Una vez de respuesta debe ir al menú: SICOQ > EMPRESA > SOLICITUDES DEVUELTAS y debe cambiar el estado de la solicitud a ENVIADA CON REQUERIMIENTOS.

Para conocer el estado de su trámite en tiempo real puede ingresar a través de la plataforma SICOQ en el menú: SICOQ > EMPRESAS > SOLICITUDES ENVIADAS, ubicando la columna ESTADO. Ese estado cambiará a medida que se avance en el proceso.

Para realizar una solicitud de concepto técnico debe tener en cuenta:

1. Generar comunicación dirigida a la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes debidamente firmada por el representante legal de la empresa peticionaria bajo el asunto SOLICITUD DE CONCEPTO TÉCNICO

2. Adjuntar las respectivas FICHAS TÉCNICAS, hojas de datos de seguridad e información adicional que considere necesaria para la emisión del concepto técnico.

3. Radicar los anteriores documentos en la Carrera 13 No 52 - 95 en Bogotá

Para dar respuesta a los conceptos técnicos, la Entidad tiene un tiempo máximo de 30 días hábiles para emitir la respuesta. Respuesta que se remite a las direcciones electrónicas reportadas en su comunicación, o en su defecto a la dirección postal de correspondencia indicada. (Recomendamos un email para que su respuesta llegue más rápido).

Para manejar las sustancias y productos químicos de uso masivo se debe registrar en la plataforma SICOQ, creando un usuario y una contraseña y descargando el certificado de registro. Este proceso no se requiere documentos adicionales y no tiene costo.

Las sumidades (extremo superior de la planta) floridas o con fruto, de las cuales no se ha extraído la resina. En esta definición se exceptúan las semillas y las hojas no unidas a las sumidades.

Las sumidades floridas o con fruto de la planta de cannabis de la que no se ha extraído la resina, cualquiera sea el nombre con que se le designe y cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es igual o superior a 1% en peso seco.

Son compuestos que aparecen únicamente en las plantas de cannabis. Los más comunes son el THC o tetrahidrocannabinol, el CBN o cannabinol y el CBD o cannabidiol. Algunas fuentes estiman que una sola planta de cannabis puede contener hasta 150 fitocannabinoides.

Por la psicoactividad que pueden llegar a tener y que aporta el THC o tetrahidrocannabinol. Son estupefacientes el cannabis psicoactivo y sus derivados.

La planta de cannabis, las sumidades floridas o con fruto de la planta cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco.

Aceites, resinas, tinturas, extractos y preparados obtenidos a partir del cannabis.

Si las actividades que planea desarrollar el solicitante de la licencia implican el cultivo de plantas de cannabis con un porcentaje de Tetrahidrocannabinol (THC) mayor o igual al 1% en peso seco, debe solicitar la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo.

Por otra parte, si las actividades que planea desarrollar el solicitante de la licencia implican el cultivo de plantas de cannabis con un porcentaje de Tetrahidrocannabinol (THC) menor al 1% en peso seco, debe solicitar la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo.

Si la posesión de semillas para siembra implica la actividad de cultivo, el interesado únicamente deberá solicitar la licencia de cultivo de plantas de cannabis.

Únicamente para la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo.

Cuando se realice la siembra de cannabis psicoactivo, no al momento de la cosecha.

1. Licencia de Fabricación de derivados de cannabis para:

• Uso nacional (el producto no puede ser usado para fines científicos ni exportación)
• Investigación científica (no se puede vender , solo se puede exportar en las condiciones determinadas)
• Exportación (el producto se puede vender y exportar)

2. Licencias de uso de semilla para siembra para:

• Comercialización o entrega
• Fines científicos

3. Licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo para:

• Producción de semillas para siembra
• Producción de grano
• Fabricación de derivados (modalidad de fabricación de derivados se debe contar previamente con la licencia de fabricación de derivados, o constancia de que se encuentra en trámite)
• Fines científicos
• Almacenamiento
• Disposición final

4. Licencia de cultivos de planta de cannabis no psicoactivo para:

• Producción de grano y de semillas para siembra
• Fabricación de derivados
• Fines industriales
• Fines científicos
• Almacenamiento
• Disposición final

En el link http://www.minjusticia.gov.co/Cannabis-Con-Fines-Medicinales-y-Cientificos/Formatos-Cannabis

Son considerados pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales de cannabis medicinal las personas naturales cuya área total de cultivo de la planta no supere las 0,5 hectáreas, es decir, 5.000 metros cuadrados.

Para inscribirse en el listado habilitado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se deberá diligenciar un formato que aparece en la página web antes de presentar la solicitud de licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Se debe suministrar la siguiente información:

1. Nombre y número de identificación del interesado.

2. Descripción del área total del inmueble, indicando el tamaño del área a dedicar al cultivo.

3. Ubicación y número de matrícula inmobiliaria o cédula catastral del inmueble.

4. Tipo de derecho sobre el inmueble.

5. Manifestación expresa de pertenencia a algún tipo de asociación, si aplica.

Cuando una persona natural o jurídica obtiene su licencia y tiempo después decide aumentar su área de cultivo solo deberá solicitar la modificación, diligenciar el formato correspondiente y añadir los soportes necesarios para respaldar la información. El formato es el mismo que se diligencia cuando se va a solicitar la licencia pero se marca la casilla correspondiente a modificación. Añadir indicación del número de matrícula inmobiliaria en los casos de los inmuebles que se encuentren debidamente registrados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva. En el evento en que el solicitante no sea el propietario del inmueble o inmuebles, deberá anexar el documento en virtud del cual adquirió el derecho para hacer uso del predio.

Uno de los requisitos para solicitar las licencias de cannabis es describir el área de cultivo, es importante aclarar que las áreas se deben describir separándolas por modalidad como: modalidad de semillas para siembra que engloba el área de germinación, propagación, producción. Para cada una de ellas debe describir las actividades que se van a desarrollar allí, sus medidas, dimensiones y adjuntar un registro fotográfico a dicha descripción.

El plan de cultivo debe estar proyectado a un año, por tanto el cronograma debe describir todas las actividades que se pretendan desarrollar durante un año productivo y los periodos semanales o mensuales en los cuales se van a desarrollar adicionalmente se describen los procedimientos agrícolas involucrados en todo el proceso productivo. Es fundamental describir en el plan de cultivo la cantidad de semillas y de plantas que se van a cultivar indicando la forma como obtuvo.

http://www.minjusticia.gov.co/Cannabis-Con-Fines-Medicinales-y-Cientificos/Formatos-Cannabis

No, si usted desea desarrollar actividades de cultivo y también comercializar, transportar o almacenar semillas solo debe solicitar la licencia de cultivo de cannabis psicoactivo o no psicoactivo dependiendo el caso. La licencia de uso de semillas no permite desarrollar actividades de producción o cultivo.

Si, al diligenciar el formato de solicitud debe marcar las modalidades correspondientes para tal fin, es importante aclarar si las modalidades de almacenamiento y disposición final son para uso propio o de un tercero, en el segundo caso, indicar el tipo de vínculo jurídico con el tercero y aportar el documento que lo soporte, así como la descripción de las áreas destinadas a dichas modalidades.

Es importante aclarar que el ministerio no tiene vínculos con empresas que se dediquen a crear esquemas de seguridad y tampoco es parte del requisito que las empresas de cannabis contraten una empresa para desarrollar el protocolo de seguridad. El requisito es que dicho protocolo describa 3 puntos fundamentales. Inicialmente debe presentarse un diagnostico donde se describa de forma explícita las variables de vulnerabilidad y probabilidad de un evento y todas sus consecuencias; Un diseño con los mecanismos de control de riesgo e indicadores de gestión del sistema de protección y por último, un seguimiento o evaluación que incluya un programa de auditorías de protección e inspecciones de seguridad.

Para desarrollar proyectos de investigación es necesario que la empresa contemple como parte de su objeto social la investigación, de no ser así debe generar alianzas con alguna entidad que si lo haga y allegar el documento que respalde el proyecto de investigación donde se describa el objeto, la metodología, cronograma y descripción de las actividades a desarrollar, descripción de todo el material vegetal y la forma en que hará parte de la investigación, y Personas involucradas en el proyecto y sus respectivas responsabilidades.

La solicitud de licencias para uso de semillas, cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo se pueden radicar en cualquier momento del año, el tiempo de evaluación y respuesta dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso y el tiempo que los solicitantes demoren en allegar complementos en respuesta los requerimientos hechos luego de evaluar la información inicial

La tabla de costos de las licencias y sus modalidades se encuentra especificada en el siguiente link.

https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Cannabis/Circular%20tarifas%20cannabis%202019.pdf

El cupo hace referencia a la máxima cantidad anual de plantas de cannabis psicoactivo que le es permitido cultivar a un licenciatario, o cannabis que le es permitido adquirir o recibir para transformar a quienes han obtenido una licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo o una licencia de fabricación de derivados de cannabis psicoactivo, respectivamente.

El cupo ordinario se asigna al titular de una licencia de cultivo o de fabricación de derivados, previa solicitud presentada antes del 30 de abril de cada año, para su aprovechamiento durante toda la vigencia inmediatamente siguiente y se asignarán en concordancia con las disposiciones de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, la Ley 30 de 1986 y el Decreto 780 de 2016. Los cupos ordinarios se asignarán en un plazo no mayor a treinta (30) días después de que la JIFE confirme los cupos al país.

Corresponde al cupo solicitado bajo las circunstancias especiales establecidas tanto en la Resolución 577 de 2017, expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, como en la Resolución 2892 de 2017, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, según corresponda, las cuales deberán estar debidamente justificadas.

Los cupos suplementarios se otorgarán a lo largo del año, para lo cual el solicitante debe presentar un plan de factibilidad y operaciones, conforme a las disposiciones que se señalan a continuación y deberán aprovecharse durante el curso del año en el que se otorga, es decir, su vigencia será desde su aprobación hasta el último día hábil del año en el que se aprobó.

Quien tiene la facultad de otorgar un cupo de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, es el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la subdirección de control y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes, derivado de la previa evaluación, análisis y concepto obligatorio y vinculante emitido por parte del grupo técnico de cupos - GTC.

Es el grupo encargado del análisis, evaluación y seguimiento de todos los asuntos relacionados con la asignación de cupos o previsiones de cannabis para fines médicos y científicos, de conformidad con lo previsto en la Convención Única de Estupefacientes de 1961

El grupo técnico de cupos – GTC, está conformado por los representantes legales, delegados o apoderados de cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social, quien preside el Grupo, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y Fondo Nacional de Estupefacientes – FNE (quien ejerce la Secretaría Técnica).

La Documentación deberá radicarse en la Cra 13 No 52 -95 Piso Primero, en el horario de 8:00 am a 3: 30 pm

El Sistema de Estadísticas en Justicia, SEJ, consolida la información pública del sector justicia para la formulación de la política. Aquí está disponible la información de más de 10 entidades del Sistema de Justicia, información con enfoque a más de 1.000 municipios del país y con una línea de tiempo superior 5 años. Esta herramienta que apunta a un gobierno abierto ofrece al ciudadano la posibilidad de una consulta interactiva.

Como parte del observatorio del sector justicia recopila información y los esfuerzos de múltiples entidades del sector de acuerdo a la misión de cada institución, respetando el enfoque de cada una de ellas en su operación y el derecho vigente de habeas data de las organizaciones y los ciudadanos. Para ello,  ya que Colombia es un país variado en regiones, el SEJ cuenta con información del contexto territorial, social, económico y ambiental.

Espacio del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que los comisarios de familia, inspectores de policía y corregidores del país cuentan con información necesaria y de interés para el fortalecimiento de sus competencias, así como escenarios de formación virtual en asuntos relacionados a sus actividades diarias, lo que repercutirá en la construcción de una mejor justicia para todos.

Se denomina “Conexión Justicia”. Porque la herramienta se concentra en dos líneas de acción, 1) la primera entendida entre la conexión existente entre las entidades de orden central a través de la transmisión de lineamientos, política pública y herramientas a los entes administrativos relacionados con la administración de justicia en ámbito local y  2) la segunda línea se desprende en generar espacios de retroalimentación entre inspectores de policía, comisarios de familia y corregidores para absolver dudas y recibir consejos entre ellos mismos. Unido al querer constante en procesos de formación y capacitación en línea.

Concepto 27 de 2015: De acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, los comisarios de familia asumirán todas las funciones de los defensores de familia en los municipios donde no se encuentren Defensorías de Familia, excepto la declaratoria de adoptabilidad, por prohibición expresa de la Ley.

Por lo tanto, a pesar de la división funcional que existe entre defensores de familia y comisarios de familia para la atención de los niños, niñas y adolescentes, debe tenerse en cuenta que en los casos que conozcan y que no sean de su competencia, deberán darles la atención inmediata que se requiera a los niños, niñas y adolescentes, verificando derechos y tomando las medidas de protección que considere necesarias, y posteriormente deberá realizar la remisión a la autoridad competente, sin que se justifique una desatención a los menores de edad por falta de competencia.

Concepto 69 de 2015: Si, puesto que los Defensores de Familia tienen la obligación de intervenir en cualquier actuación en que se encuentren involucrados menores de edad, cuando éstos carezcan de representante, o este se halle ausente o incapacitado, casos en los cuáles, deben acudir en calidad de representantes legales, función que sólo podrán ejercer los Comisarios de Familia de forma subsidiaria, cuando en el municipio no exista Defensoría de Familia.

No, ya que el Ministerio Público, en especial, los procuradores judiciales de familia, tienen la obligación de defender y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en todos los procesos judiciales y administrativos en que se pretenda su restablecimiento, inclusive cuando el agente vulnerador sea uno de los padres o los dos.

Concepto 25 de 2017: El artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, es claro en establecer que si el municipio, no puede garantizar que el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia se encuentre completo, puede apoyarse en los profesionales que trabajen en temas de infancia y familia, sin embargo, para el caso concreto y en tratándose de temas de abuso sexual es vital que el profesional que realice cualquier tipo de intervención con el niño y su familia sea experta en el área de psicología o cualquier otra ciencia del comportamiento humano dada la complejidad de la situación, lo anterior, siempre garantizando los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, sin embargo, podrán en caso de ser necesario solicitar apoyo a la Defensoría de Familia del ICBF.

Concepto 82 de 2012. En los municipios donde no se haya designado Defensor de Familia la función de participación y acompañamiento a los adolescentes en el desarrollo de las actuaciones judiciales en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes será asumida por competencia subsidiaria por el Comisario de Familia.

Concepto 122 de 2013.  Las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, deberán ser realizadas por el CTI a través de personal entrenado en entrevista forense para niños, niñas y adolescente, o en su lugar por un entrevistador especializado, preferiblemente con conocimiento en psicología infantil, en caso de no contar con los profesionales en entrevista forense, el Comisario de Familia deberá gestionar la presencia de un entrevistador especializado que realice la entrevista a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.

El Comisario de Familia, cuando conoce casos de niños niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tendrá un doble rol, toda vez que, en ejercicio de su función de policía judicial deberá realizar el cuestionario pertinente, y en atención a la competencia subsidiaria velará por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Concepto 21 de 2015. Las autoridades administrativas competentes, procurando prevenir la amenaza o vulneración de los derechos de niños, niñas o adolescentes, y en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, deberán estar presentes en las diligencias de desalojo y adelantar las actuaciones que estimen necesarias para que no se vulneren sus derechos.

Concepto 63 de 2013.  No existe una prohibición legal para que el Comisario de Familia reciba un consentimiento para dar en adopción a un niño, niña o adolescente, pues éste lo puede hacer por la competencia subsidiaria, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006.

Sin embargo, es preciso señalar que para el ICBF es el Defensor de Familia quien por excelencia y de forma preferente debería realizar éste trámite, por la especialidad del acto, y porque cuenta con el equipo interdisciplinario que se requiere para establecer la aptitud que tienen los representantes legales de un menor de edad para consentir, además de acompañarlos psicológicamente durante todo el trámite, incluso durante los 30 días siguientes al otorgamiento del consentimiento, todo por la alta importancia y las serias consecuencias que trae la firmeza de éste acto.

Concepto 148 de 2013. Las Comisarias de Familia están facultadas de conformidad con la Ley 640 de 2001 para adelantar audiencias extrajudiciales de conciliación en materia de familia, incluida la solicitud de fijación de cuota alimentaria a favor de un adulto mayor.

Concepto 156 de 2012. De considerar el Comisario de Familia que está en curso de una inhabilidad, podrá promover su impedimento o realizar la consulta pertinente ante la Procuraduría Regional dentro de su circunscripción territorial, de conformidad con lo estipulado en numeral 15 del artículo 75 del Decreto 262 de 2000.

Concepto 144 de 2012. El Juez de Familia tiene la facultad de emitir la respectiva orden de captura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 parágrafo tercero de la Ley 204 de 1996, modificado por el artículo 11 de la ley 575 de 2000.

La multa convertida en arresto por el incumplimiento de una medida de protección, no cambia el carácter del proceso administrativo, toda vez que la función que ejerce el funcionario administrativo la realiza por atribución expresa por la ley.

Concepto 68 de 2015. Los Defensores y Comisarios de Familia se encuentran facultados por la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1620 de 2013 para conocer los casos que correspondan a los asuntos de convivencia escolar.

Concepto 102 de 2013. Las medidas de protección dictadas en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, como las referidas a la custodia, pueden ser modificadas por la autoridad administrativa competente, sin que sea indispensable la revocatoria previa de las que se encuentren vigentes, siempre y cuando la nueva decisión se encuentre fundada en las condiciones materiales del niño y sean necesarias para garantizar su interés superior.

Concepto 168 de 2014.  No, puesto que el cargo de Comisario de Familia es de carrera administrativa, por lo tanto, en los municipios donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no haya designado Defensor de Familia, a por competencia subsidiaria, sus funciones serán asumidas por el Comisario de Familia, en ausencia de éste, corresponderán al Inspector de Policía.

La Rama Judicial es una de las entidades más importantes del Estado Colombiano; a través de ella se buscan proteger los derechos de las personas mediante la correcta administración de la justicia y, desde los diferentes niveles al interior de dicha institución.

La Rama judicial está conformada por jueces y magistrados, quienes trabajan en diferentes asuntos. Esos asuntos son las diferentes competencias o especialidades según el problema a solucionar, por ejemplo: si una persona tiene un problema para reclamar un dinero que prestó a otra, quien debe intervenir en éste caso es un juez que atienda asuntos civiles; si el inconveniente tiene relación con un delito, será un juez penal el que deba conocer del caso; si un ciudadano tiene un problema con el Estado y quiera reclamar algún derecho, sea ante un municipio o departamento, será un juez que solucione conflictos administrativos; o si una persona tiene problemas porque su pareja no responde económicamente por su hijo, será un juez de familia el apropiado para adelantar el proceso.

Además, por el nivel de importancia en cada caso, la Rama Judicial está compuesta por:

• Jueces municipales
• Jueces del Circuito
• Tribunales Superiores que cuenta con Magistrados en las diferentes áreas (penal, civil o familia)
• La Corte Suprema de Justicia, también con Magistrados para cada área.

Todo lo anterior hace parte de lo que se conoce como Jurisdicción Ordinaria, llamada así porque son asuntos comunes o cotidianos dentro de la convivencia entre las personas. Pero existen otras jurisdicciones que atienden casos que no son tan comunes.

La Jurisdicción Constitucional, llamada así porque conoce de asuntos que tiene que ver con la protección de la Constitución Política de Colombia y su máximo ente es la Corte Constitucional.

Encontramos también la Jurisdicción Administrativa, que busca solucionar los conflictos entre el ciudadano y las entidades Estatales, para ello fue creado el Consejo de Estado, jueces y magistrados de los Tribunales Superiores.

De otra parte, si el ciudadano tiene un inconveniente con un abogado, un juez o magistrado debe acudir ante la Jurisdicción Disciplinaria, ente encargado de intervenir en este tipo de asuntos y para ello fue creado el Consejo Superior de la Judicatura, que también de manera autónoma, vigila que las funciones que atiende la Rama Judicial se cumplan.

Por otro lado, en nuestro territorio existen comunidades indígenas donde el Estado debe proteger sus culturas, creencias y practicas individuales, para ello fue creada la Jurisdicción Especial que permite, a través de los jueces de paz, -elegidos por esas mismas comunidades- arreglar sus asuntos sin necesidad que personas o entidades ajenas a esas comunidades intervenga, precisamente con el fin de proteger sus derechos como personas importantes dentro de nuestra cultura.

Y Finalmente, nos encontramos con la Fiscalía General de la Nación, entidad que se encarga de investigar los delitos cometidos por todas personas colombianas o extranjeras que habitan o están de paso en nuestro territorio nacional.

Uno de los derechos fundamentales de las personas en Colombia es el derecho al debido proceso, derecho que protege nuestra Constitución Política. Por tanto, toda persona que tenga un conflicto donde intervenga el Estado a través de los jueces o magistrados, tiene derecho a la asistencia de un abogado, o una guía para poder conocer diferentes alternativas de solución y de esa manera proteger sus derechos.

Es por ello, que el Estado Colombiano creó la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizarle a todos los ciudadanos su derecho a contar con asistencia legal o en algunos casos una guía, principalmente aquellas personas de escasos recursos que no cuentan con el dinero suficiente para pagar los servicios de un abogado.

La Defensoría del Pueblo está en la obligación de proteger los derechos fundamentales de toda persona y puede intervenir de manera autónoma ante las diferentes entidades del estado con ese objetivo.

En Colombia, algunas personas que ocupan cargos dentro de las diferentes entidades del Estado son llamadas funcionarios públicos, estos funcionarios tiene responsabilidades muy importantes y deben están sometidos al control y vigilancia del mismo Estado, precisamente, para evitar casos de corrupción. Para ello fue creada la Procuraduría General de la Nación, pero esta entidad no puede estar presente en cada rincón del territorio nacional; por esta razón fueron creadas las personerías, como apoyo a la importante labor de la Procuraduría General de la Nación.

Es por ello, que en especial las personerías son las encargadas principalmente, de vigilar el cumplimiento correcta gestión administrativa de las personas elegidas como alcaldes en todos los municipios de Colombia, de esa manera se busca proteger el patrimonio público. Pero además tienen la responsabilidad de trabajar para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de un municipio, que la prestación de los servicios públicos domiciliarios se preste de manera eficiente y en proponer intervenir en programas que busquen proteger el medio ambiente.

Por todo lo anterior las personerías municipales están en la obligación de:

• Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la Administración.
• Realizar visitas, inspecciones y las actuaciones que estime oportunas en todas las dependencias de la Administración municipal.
• Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, indicándoles a dónde deben dirigirse para la solución de sus problemas.
• Velar por la efectividad del derecho de petición. Por eso, debe enseñar al ciudadano, como presentar una petición o escribir el documento.

Como apoyo para el acceso a la administración de justicia y además, para la práctica de los estudiantes de derecho en las diferentes universidades del país, fueron creados los consultorios jurídicos, cuyo objetivo general es el de prestar un servicio social gratuito, a personas que demuestren contar con escasos recursos económicos, que necesiten guía jurídica o que se les represente en aquellos eventos en que el ciudadano deba contar con asistencia profesional, en este caso un estudiante de derecho, practicante de una universidad.