- El pasado 12 de febrero, el Gobierno nacional declaró la emergencia carcelaria en todos los centros penitenciarios del país, luego de los recientes ataques contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
- El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, sostuvo una reunión con los directores, comandantes de vigilancia y cónsules de derechos humanos de las cárceles, para manifestar su solidaridad y apoyo, explicar la figura y expresar la necesidad de preservar el orden y las condiciones de la población privada de libertad.
- Este año, se han registrado dos homicidios de guardias en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.
Bogotá, D.C. 14 de febrero de 2024. Luego de que el pasado 12 de febrero el Consejo Directivo del Inpec declarara la emergencia carcelaria en todos los establecimientos penitenciarios del país, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, se reunió con los directores, comandantes de vigilancia y cónsules de los 126 centros carcelarios, para manifestarles su apoyo y solidaridad por los hechos de violencia ocurridos recientemente contra guardias y funcionarios del sistema penitenciario. Asimismo, tuvo ocasión de recibir sus inquietudes y preguntas sobre la situación actual y sus iniciativas para optimizar las medidas por adoptar en el contexto de la crisis carcelaria.
“Decir que la vida de un guardia se pierde es un fracaso para el sistema en general y para el Estado colombiano. En este ministerio ustedes van a tener apoyo, respaldo y cercanía suficientes. Sé que muchas veces la gestión de las cárceles, en el día a día, en las noches largas, en ser 'pabelloneros' y cuidar a tantas personas, es una tarea difícil. Por eso, hemos trabajado por rodear el sistema carcelario llevando iniciativas y acercando a otras instituciones para que sepan que no están solos", expresó el viceministro.
En el encuentro, que se realizó de manera virtual con los altos mandos de los establecimientos, Camilo Umaña indicó que esta declaratoria de emergencia carcelaria se sostiene sobre dos argumentos: primero, la protección y preservación de la vida e integridad de la guardia y, segundo, el incremento del fenómeno de extorsión desde las cárceles. En ese sentido, explicó que, entre las acciones que se van a implementar, se consolidará una articulación con la Fiscalía General de la Nación que propuso la designación de un fiscal y 10 policías judiciales dedicados únicamente a investigar los casos de hostigamiento, amenazas y crímenes contra funcionarios de la guardia del Inpec.
Asimismo, indicó que se hizo una articulación con la fuerza pública, para que haya una asistencia perimetral en los centros penitenciarios con énfasis en las horas en las que la guardia hace cambios de turno o desplazamientos fuera de las cárceles. Además, afirmó que, en caso de amenazas o potencial riesgo para los funcionarios, eventualmente se podrán realizar traslados o el estudio de la situación laboral de los funcionarios para determinar la medida idónea de protección.
El viceministro agregó que se está trabajando en la posibilidad de materializar la solicitud elevada por funcionarios del Inpec respecto a ser cobijados por un seguro de vida colectivo.
Frente al fenómeno de extorsión desde las cárceles indicó que continuará la lucha frontal y determinada contra este delito con estrategias de registro y control como la Operación Dominó, que también procura combatir la corrupción dentro del sistema. Además, agregó que se están realizando unas mesas de diálogo con los operadores de telefonía para consensuar la implementación de tecnologías que restrinjan las comunicaciones en los establecimientos carcelarios.
Finalmente, el viceministro puso sobre la mesa la necesidad de que los directores de las cárceles puedan dar a entender y comunicar, de manera clara y precisa, los impactos que la emergencia carcelaria puede traer sobre las personas privadas de la libertad y sus familias, de manera que estén informados frente a lo que está ocurriendo y que se dé un cabal cumplimiento de las condiciones de dignidad que les corresponde.
“Nuestra idea de humanización del sistema penitenciario parte por un criterio básico: pensar que quienes integramos el sistema somos personas con familia, intereses, inquietudes, deseos de progresar y de no ser amenazados por nuestra función. Como Estado, tenemos el deber de actuar de una forma contundente y de observar lo que pasó, no como una simple noticia más de nuevas amenazas, ataques y acosos al sistema penitenciario, sino que seamos capaces de trascender esa zozobra y generar las acciones que hagan que el sistema sea más seguro para las personas privadas de la libertad y para la guardia", concluyó el viceministro Umaña.
