- La piedra angular del proceso es el CONPES 4157 de 2025, primero en Colombia dedicado a resolver los problemas estructurales de dicho sistema.
- Esta política de Estado -que arrancó en 2025 e irá hasta 2033- pretende superar el enfoque exclusivamente punitivo e instalar un modelo de oportunidades con dignidad, resocialización y reparación.
- A través de entidades como el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, el Gobierno del Cambio sigue impulsando iniciativas relacionadas con industrialización, educación y cultura, las cuales tienen como único objetivo dignificar la vida en reclusión y, por ende, a la población privada de la libertad.
Bogotá D.C., 22 de junio de 2026. Una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego ha sido la humanización del sistema penitenciario y carcelario. Y para cumplir con dicho objetivo ha implementado programas, proyectos e iniciativas que vienen beneficiando a la población privada de la libertad: 102.527 personas que hoy pagan su deuda con la sociedad en 124 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON).
El Gobierno nacional logró consolidar y poner en marcha el CONPES 4157 de 2025, documento que con una megainversión de 4,4 billones de pesos contempla acciones en diversos frentes con el objetivo de superar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional hace 27 años (sentencia T-153 de 1998).
El gobierno Petro es el primero que construye una política de este nivel, cuya finalidad es lograr una transformación real del sistema más allá del apartado de la infraestructura o el aumento de cupos. No. Lo que se quiere es que la prisión cumpla con el fin de la resocialización para cambiar realmente la sociedad y sea efectiva respecto a la reducción de la reincidencia y la prevención del delito.
Más de 400 personas (entre servidores públicos, Rama Judicial, entes de control, sindicatos del INPEC, organizaciones de la sociedad civil, academia y personas privadas de la libertad) participaron en la construcción de este documento. Y fueron más de 30 las mesas interinstitucionales de trabajo, que incluyeron diálogos presenciales en las cárceles 'La Modelo', 'La Picota' y 'El Buen Pastor'.
El CONPES plantea 122 acciones concretas ejecutables a partir de 2026 con responsables, metas e hitos registrados en el sistema de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación. La cartera de Justicia lidera 24 de ellas y contribuye al cumplimiento de 109, con un aporte de más de 10.633 millones de pesos proyectado hasta 2033.
Un punto a destacar es que el documento se ocupa también de los problemas que afectan a personas que ya cumplieron su pena. Cada año 45.000 de ellas salen de las cárceles y este es un apartado importante, considerando que la tasa de reincidencia penitenciaria es del 24%. Es decir, que de cada cuatro personas que egresan, una ingresa de nuevo al sistema.
El marco general del CONPES contempla acciones que incorporan enfoques diferenciales en todos los procesos. Entre las más destacadas figuran el mejoramiento en cuanto a infraestructura, seguridad, salud, alimentación, educación, tecnología y prevención del crimen, garantía de los derechos sexuales y reproductivos y estrategias contra la corrupción y para prevenir, atender y reducir vulnerabilidades, riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
También, se busca acompañar el posegreso y la reinserción social, apoyar la agilización de trámites y el fortalecimiento del acceso a la justicia, la orientación ocupacional, los emprendimientos, los modelos agrícolas al interior de los ERON y las condiciones y capacidades del personal del INPEC.
Cárceles productivas
Pero la humanización del sistema penitenciario y carcelario no tiene que ver solo con la puesta en marcha del CONPES 4157. Durante el presente cuatrenio, el INPEC implementó el proyecto 'ZASCA-Renacer', que junto con la industria penitenciaria hace parte del conjunto de programas productivos y actividades formativas dentro de los ERON que vinculan laboralmente a los privados de la libertad. Son iniciativas que generan habilidades, destrezas, redención de pena y beneficios económicos para su vida en reclusión, impulsando un sistema más humano y productivo.
Las empresas nacionales le están apostando a la resocialización, productividad y sostenibilidad. Hoy son más de 182 los convenios de administración indirecta y otros procesos contractuales que han vinculado a 3.475 PPL en actividades como confecciones, preparación de alimentos, labores agropecuarias y elaboración de productos de marroquinería y de economía circular.
Un papel importante en todo este proceso juega la marca Libera Colombia, cuyos 26 puntos de venta en todo el país exhiben y comercializan los productos que elaboran los privados de la libertad y la población posegresada.
No cabe duda de que esta marca ha transformado la vida de más de 16.000 personas privadas de la libertad. Con ella se participa en ferias y eventos de alto nivel, como el Fashion Week que se realizará este 12 de mayo en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, donde se exhibirán productos elaborados por 10 privadas de la libertad.
Uno de los logros del Gobierno fue conseguir que los productos elaborados dentro de los establecimientos de reclusión gocen de la exclusión del IVA. Sin duda, un beneficio que fortalece el modelo de resocialización al facilitar la comercialización de los mismos.
Actualmente, más de 49.000 privados de la libertad trabajan desde los centros de reclusión, y muchos de ellos han elaborado más de 51.000 uniformes, cerca de 16.000 pares de calzado y más de 75.000 artesanías.
Así mismo, en el marco del programa 'Buena esa' -una estrategia de justicia restaurativa- más de 6.000 privados de la libertad están resocializándose con la realización de labores comunitarias (mantenimiento de espacio público, aseo, obras públicas, ornato y reforestación).
Educación y cultura: pilares de la humanización y la resocialización
La educación y la cultura también juegan un rol importante a la hora de dignificar la vida en reclusión. Son 64.000 las personas privadas de la libertad que hoy estudian, y durante el gobierno Petro más de 7.900 aprendieron a leer y escribir estando en la cárcel. Además, 6.000 accedieron a programas de educación superior y obtuvieron un título profesional. Y muchas se sumergen en el mundo fantástico que les ofrecen los libros que pueden consultar en las 150 bibliotecas que funcionan actualmente en los establecimientos de reclusión del país.
Además, durante los últimos cuatro años 36.000 privados de la libertad y funcionarios se han vinculado a actividades culturales relacionadas con teatro, danza y música.
De esta manera, el Gobierno del presidente Petro sigue cumpliendo con la población privada de la libertad, personas vulnerables que por fin está siendo escuchadas y atendidas por una administración que ha entendido que pese a que han cometido un error siguen siendo, por encima de todo, seres humanos.
