• Los 'Lineamientos mínimos para espacios temporales de reclusión' fueron construidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Personerías (Fenalper).
• El documento busca orientar y ofrecer puntos de referencia técnica a las entidades territoriales para construir centros de detención transitoria conformes a lo ordenado por la Corte Constitucional.
• “El compromiso es que podamos tener una forma de privación de la libertad que sea humana, digna y correspondiente a un Estado Social de Derecho", indicó Camilo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa.
Bogotá, 17 de octubre de 2023. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en conjunto con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), presentó este martes en el auditorio Jockey de la Universidad del Rosario el documento 'Lineamientos mínimos para espacios temporales de reclusión', el cual busca guiar a los gobiernos locales y regionales para crear y gestionar espacios temporales de reclusión desde una perspectiva centrada en los derechos humanos.
Dicho documento tiene como objetivo compilar la jurisprudencia y la normativa aplicable a los bienes y servicios que deben proporcionarse a las personas privadas de la libertad en espacios temporales, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en el marco de la extensión del Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario del país.
“Queremos dar un vuelco a lo que se entiende como Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario de nuestro país, el cual se ha venido extendiendo en el tiempo. El compromiso es que podamos tener una forma de privación de la libertad que sea humana, digna y correspondiente a un Estado Social de Derecho", afirmó Camilo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien agregó que “el deber del Estado es poder encontrar una salida a este problema que no solo se manifiesta en temas de hacinamiento, sino también de salud, visitas y dignidad mínima de resocialización para las personas que se presume, han cometido algún delito".
Al recordar que son cerca de 100.000 las personas con detención intramural en Colombia, y que un poco más de 20.000 están sindicadas en centros de detención transitoria, Umaña Hernández destacó los intercambios y el diálogo interinstitucional con entidades como Asocapitales y Fenalper, los cuales calificó como positivos y provechosos para el país. “Hemos buscado destrabar la situación y avanzar en la protección de los derechos de las personas que están en detención transitoria", aseguró en desarrollo del evento en el que estuvo acompañado por Diego Olarte, director de Política Criminal y Penitenciaria del MinJusticia.
En opinión del viceministro, el documento plantea reglas claras y lineamientos para que las entidades territoriales puedan ponerse al día con sus obligaciones frente a las personas sindicadas. “La nación ha venido haciendo diferentes esfuerzos. Uno de ellos, recibir a personas sindicadas en el Sistema Nacional Penitenciario. Y también estamos proponiéndole al Congreso un proyecto de ley para que la Uspec pueda financiar la alimentación de 17.000 privados de la libertad", señaló.
El alto funcionario recordó, además, que la cartera que lidera el ministro Néstor Iván Osuna ha puesto en marcha una serie de proyectos para humanizar el sistema penitenciario. “Por ejemplo, con la Ley de Utilidad Pública, en vez de estar privadas de la libertad, mujeres que han cometido delitos menores podrán ejecutar servicios comunitarios. Es un gana-gana social", anotó.
El viceministro finalizó su intervención manifestando que los lineamientos del documento que se presentó esta mañana permiten que las entidades territoriales den a conocer unas formas de construcción de centros de detención transitoria que son sensatas, no requieren inversiones gigantescas y pueden utilizar recursos de la nación para contar con una infraestructura mínima básica que atienda a los sindicados.
“Estamos convencidos de que necesitamos una serie de medidas muy diversas, un esfuerzo muy amplio, mancomunado y de diferentes entidades para poder dar una respuesta mucho más racional a un sistema de privación de libertad que ha resultado muy deshumanizante y abiertamente inconstitucional", puntualizó.
