- El proyecto de ley estatutaria fue archivado al finalizar la legislatura, pese a haber superado tres de los cuatro debates requeridos, al no alcanzar su último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Bogotá, D.C., 19 de junio de 2026. El Ministerio de Justicia y del Derecho lamenta que el proyecto de ley estatutaria de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Nacional de Justicia haya sido archivado al finalizar la legislatura sin que pudiera surtirse su último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
Este proyecto fue resultado de un amplio proceso de construcción conjunta entre el Gobierno nacional, la Rama Judicial y los pueblos indígenas, que incluyó escenarios de diálogo intercultural, consulta previa, libre e informada en los territorios, y el acompañamiento de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la COCOIN y el Consejo Superior de la Judicatura.
La iniciativa había avanzado de manera significativa en su trámite legislativo, al haber sido aprobada en primer debate por la Comisión Primera del Senado, en segundo debate por la Plenaria del Senado y en tercer debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. De esta manera, el proyecto se encontraba a un solo debate de convertirse en ley de la República y de materializar una de las principales apuestas institucionales para el desarrollo del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia en los territorios.
El archivo de la iniciativa implica que el trámite deberá iniciarse nuevamente desde cero, con un nuevo Congreso, pese al importante consenso construido alrededor de su contenido y al amplio trabajo técnico, jurídico e intercultural que permitió su formulación y avance legislativo. Esta situación prolonga la ausencia de una regulación integral sobre los mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Nacional de Justicia, un mandato constitucional pendiente desde la expedición de la Constitución Política de 1991.
El proyecto fue el resultado de un proceso de construcción colectiva liderado por el Gobierno Nacional en articulación con las autoridades indígenas y la Rama Judicial. Su contenido fue concertado mediante escenarios de diálogo y participación, así como a través de un proceso de consulta previa, libre e informada desarrollado con los pueblos indígenas del país, con el respaldo de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) y el acompañamiento del Consejo Superior de la Judicatura e instituciones que hacen parte del Sistema Judicial Nacional.
Así mismo, la iniciativa recogió los aportes construidos en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), espacio creado precisamente para promover el diálogo entre jurisdicciones y avanzar en la implementación efectiva del artículo 246 de la Constitución Política.
La propuesta legislativa buscaba establecer reglas claras para la coordinación entre ambas jurisdicciones, fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos de competencia, promover el intercambio de información y apoyo técnico entre autoridades, facilitar el acceso a la justicia en los territorios y brindar mayor seguridad jurídica tanto a las autoridades indígenas como a los operadores judiciales. Igualmente, incorporaba disposiciones orientadas a garantizar la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de las garantías para las mujeres indígenas.
Aunque el archivo del proyecto representa la interrupción de un esfuerzo legislativo que alcanzó un importante nivel de avance, el Ministerio de Justicia y del Derecho reconoce y valora el trabajo realizado por las autoridades indígenas, las organizaciones representadas en la COCOIN, la Mesa Permanente de Concertación, la Rama Judicial y las distintas entidades que participaron en su construcción. De igual manera, reitera su compromiso con el cumplimiento del mandato constitucional de coordinación interjurisdiccional y con la búsqueda de mecanismos que permitan retomar esta discusión en beneficio de los pueblos indígenas y del fortalecimiento del sistema de justicia colombiano.
El archivo de esta iniciativa no borra el camino recorrido ni los consensos construidos durante los últimos años. Este proyecto de ley forma parte de la ruta metodológica concertada en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) y es resultado de un proceso de trabajo conjunto que el Gobierno nacional, la Rama Judicial y los pueblos indígenas vienen adelantando desde 2023 para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 246 de la Constitución Política.
Como resultado de este proceso, entre el 2 y el 6 de junio de 2024 fue protocolizado en la Mesa Permanente de Concertación el texto unificado del proyecto de ley, consolidando los acuerdos alcanzados a través de escenarios de diálogo intercultural, coordinación institucional y consulta previa, libre e informada. Posteriormente, la iniciativa fue radicada por primera vez ante el Congreso de la República el 16 de octubre de 2024. Tras el archivo de ese primer trámite legislativo, el Gobierno nacional reafirmó su compromiso con los pueblos indígenas y radicó nuevamente el proyecto el 29 de julio de 2025, lo cual permitió que la discusión continuara y alcanzara el nivel más alto de avance que ha tenido una iniciativa de esta naturaleza en la historia reciente del país.
Si bien en esta oportunidad no fue posible culminar el proceso legislativo, el recorrido alcanzado constituye un hecho histórico. Por primera vez, un proyecto destinado a reglamentar la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Nacional de Justicia logró superar tres debates en el Congreso de la República y llegar a su discusión final en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
El Ministerio de Justicia y del Derecho reconoce el compromiso de las autoridades indígenas, de las organizaciones representadas en la MPC y la COCOIN, de la Rama Judicial y de todas las instituciones que contribuyeron a la construcción de esta iniciativa. Así mismo, reitera que continuará impulsando las acciones necesarias para que este proyecto sea nuevamente presentado ante el Congreso de la República, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de un mandato constitucional que ha permanecido pendiente por más de tres décadas.
La coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Nacional de Justicia no constituye únicamente una discusión legislativa. Se trata de la materialización de un derecho reconocido por la Constitución Política, del fortalecimiento del pluralismo jurídico y del reconocimiento efectivo de la autonomía y los sistemas propios de justicia de los pueblos indígenas. Por ello, el Gobierno nacional mantendrá su compromiso con este propósito y continuará trabajando para que el país cuente con una regulación que garantice la coordinación armónica entre jurisdicciones y contribuya al acceso efectivo a la justicia en los territorios.
