- El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) destacó la elaboración de la nueva política de drogas 'Sembrando vida, desterramos el narcotráfico', a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
- El documento resaltó acciones que esta cartera ha coliderado, tales como la Instancia de Articulación Gobierno - JEP para las sanciones propias, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la adopción de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales que afectan la implementación de la paz, y la propuesta de reforma a la ley de víctimas y restitución de tierras.
- El informe también valoró positivamente el enfoque de derechos humanos, de género, étnico y diferencial aplicado en las políticas desarrolladas por esta cartera ministerial.
- El Gobierno, y en particular el Ministerio de Justicia, honra la labor de monitoreo de los organismos de derechos humanos y se comprometen a implementar las recomendaciones de este informe, de cara a alcanzar la paz y la justicia social en todo el territorio nacional.
Bogotá, 28 de febrero de 2024. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país y destacó varias de las políticas, normas y espacios de articulación creados, liderados o acompañados activamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Entre ellos, valoró la adopción de la nueva política de drogas, expedida por este ministerio, que prioriza la salud, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente en los territorios con mayor presencia de cultivos de droga ('Oxígeno' para las comunidades), y acciones policiales y militares para atacar a los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico ('Asfixia'). Asimismo, destacó la aprobación de la política de desmantelamiento de organizaciones y estructurales criminales, adoptada en un acuerdo de Estado histórico, en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), la cual busca desmantelar completamente las estructuras criminales que atentan contra comunidades, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz, y desarticular todos aquellos factores socioculturales e institucionales generadores de violencia.
La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, que permitirá que las personas que viven en el campo puedan resolver los conflictos generados por el acceso, tenencia y uso de la tierra; la creación y funcionamiento de la Instancia de Articulación entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno para la implementación de las sanciones que próximamente empezará a imponer este tribunal; la “inclusión en el Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como una instancia articuladora para formular una política pública integral de búsqueda"; y la presentación del proyecto de reforma a la ley de víctimas. Todas estas apuestas del Gobierno del Cambio, que ha coliderado o acompañado activamente el Ministerio de Justicia y del Derecho, también fueron destacadas en el informe.
“Como Gobierno, nos complace saber que nuestras políticas públicas son bien valoradas por los organismos internacionales de derechos humanos porque le apuntan a resolver los problemas estructurales que enfrenta la población colombiana en su diversidad, especialmente, aquella que vive en zonas de conflicto armado y en condiciones de inequidad. Nuestra apuesta siempre será por la construcción de paz y justicia social en el país", afirmó el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández.
El Ministerio de Justicia y el Derecho también acoge las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el sentido de articular mejor las políticas de drogas y de desmantelamiento de organizaciones criminales con las políticas de paz total y de seguridad, en favor de la paz y la convivencia pacífica en los diferentes territorios afectados por la violencia.
Asimismo, se compromete a trabajar con diferentes sectores dentro del Estado y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como regional, para mejorar la atención a víctimas de violencias basadas en género, especialmente en zonas de conflicto; generar condiciones que permitan que las sanciones que impondrá próximamente la JEP sean restauradoras para las víctimas y transformadoras del tejido social; seguir implementando las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; continuar promoviendo los gobiernos y justicias propias de los pueblos étnicos, y proteger a sus comunidades; y fortalecer las investigaciones por muertes y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos.
