Bogotá, 26 de julio de 2021. En un hecho histórico, hoy el Consejo Superior de Política Criminal aprobó el Plan Nacional de Política Criminal. Este Plan tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que se encuentran en el territorio nacional, y enfrentar efectivamente la criminalidad que pone en riesgo el ejercicio de los mismos.
Este Plan Nacional es fruto de un proceso de construcción iniciado hace dos años, que incluyó más de cien reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, las cuales incluyen a la Rama Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, y el Gobierno Nacional.
Igualmente, incluye acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros.
Adicionalmente, todos los lineamientos, acciones, productos y actividades contenidos en el Plan atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales.
Así mismo, contempla un enfoque territorial, diferencial, restaurativo, focalizado en contra del crimen organizado para la transición a la paz, y restaurativo, que además propenda por el fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de la confianza en las instituciones públicas.
Bajo este presupuesto, se establecieron siete prioridades y para cada una de ellas se establecieron objetivos y estrategias muy puntuales. Estas prioridades son:
- la prevención del delito y reducción del homicidio;
- la prevención de violencias basadas en género,
- la disrupción del crimen organizado,
- la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales
- la humanización del sistema carcelario
- la modernización de la acción estatal para combatir el crimen
- la lucha contra la captura del Estado y la corrupción.
Es por eso que hoy podemos afirmar que Colombia cuenta con una política de Estado para los próximos 4 años, que da una visión para la aplicación de una política criminal coherente, racional y garante de los derechos humanos.
