Bogotá, 3 de septiembre de 2026. El Ministerio de Justicia y del Derecho rechaza de manera categórica cualquier acto de amenaza, intimidación o agresión dirigido contra magistrados, jueces, fiscales, procuradores, servidores judiciales y, en general, contra cualquier funcionario público que ejerza sus labores en el marco de la Constitución y la ley.
Nos sumamos al pronunciamiento del señor presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien ha sido enfático en señalar que quien atenta contra la administración de justicia, atenta contra el Estado colombiano en su conjunto. La independencia judicial y la integridad de quienes la ejercen son pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, y no admiten negociación bajo ninguna circunstancia.
En consecuencia, este Ministerio:
1. Respalda íntegramente las instrucciones impartidas por el señor presidente a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar de manera inmediata los esquemas de seguridad de los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de las demás autoridades judiciales y de control que lo requieran.
2. Insta a las autoridades competentes -Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y organismos de inteligencia- a investigar con celeridad, rigor y determinación cualquier hecho, amenaza o atentado que se presente contra funcionarios públicos, y a esclarecer las responsabilidades penales a que haya lugar, sin dilación alguna.
3. Hace un llamado a la ciudadanía a rechazar cualquier forma de violencia contra las instituciones y a contribuir, mediante los canales oficiales, con la información que permita prevenir y esclarecer estos hechos.
4. Reitera su compromiso de trabajar de manera articulada con la Rama Judicial, el Ministerio Público y los organismos de control, en el marco del respeto por la separación de poderes y la autonomía judicial, para garantizar que los servidores públicos puedan ejercer sus funciones con plenas garantías de seguridad.
En Colombia nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a quienes administran justicia o ejercen funciones de control, sin que ello acarree todo el peso de la ley. El Ministerio de Justicia reitera su total disposición para acompañar y fortalecer todas las acciones que sean necesarias en defensa de la institucionalidad y de la vida de quienes la representan.
