- Aseguró que la política penal y penitenciaria actual es un fracaso. “No disminuye significativamente la criminalidad ni la reincidencia, no repara a las víctimas y conduce a una situación de flagrante violación de derechos humanos”.
- Afirmó que la Política de Drogas el #GobiernoDelCambio apuesta por cambiar progresivamente el prohibicionismo y cesar la persecución penal de aquellos campesinos pobres que cultivan hoja de coca.
Bogotá, 2 de marzo de 2023. El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, reveló que solicitó al Congreso de la República otorgar, por el término de seis meses, facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para reformar el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), “con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente esos $ 3.2 billones anuales tengan mejores frutos”.
En su intervención en el conversatorio 'Hacia la humanización del sistema penal', organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que la política penal y penitenciaria actual es un fracaso. “No disminuye significativamente la criminalidad ni la reincidencia, no repara a las víctimas y conduce a una situación de flagrante de violación de derechos humanos en la población privada de la libertad”.
Osuna Patiño dio la bienvenida a la discusión pública sobre el Proyecto de Ley para la Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario y Carcelario, y agregó que esta iniciativa “es apenas una puerta que se abre, un ensayo moderado en línea de proponerle a la sociedad colombiana que vuelva a pensar en algunas de sus preguntas básicas: ¿Para qué castigar? ¿Cuál es el sentido del castigo? ¿Qué esperamos cómo sociedad de las cárceles?”
Así mismo explicó que la iniciativa contempla estímulos para la resocialización de las personas privadas de la libertad, con beneficios por trabajo, educación, reparación a las víctimas; y aclaró que el proyecto no le apuesta a una rebaja general de las penas ni tampoco pretende una excarcelación masiva.
“Cuando algunas personas dicen que el ministro quiere hacer de las cárceles unos hoteles, yo con humildad y modestia les digo: visiten una cárcel y digan en qué se les parece eso a un hotel. Las circunstancias en las que se viven son terribles (…) Es inaplazable mejorar las condiciones de vida allí”, sostuvo.
Al ser consultado por la nueva política de drogas que prepara el #GobiernoDelCambio, el ministro de Justicia explicó que se busca una transformación progresiva del prohibicionismo y apostarle al cumplimiento del compromiso del Acuerdo de Paz, que es cesar la persecución penal de aquellos campesinos pobres que cultivan hoja de coca para subsistir.
Aclaró que “no vamos a dar un paso adicional hasta que la comunidad internacional dé pasos en este mismo sentido, pero tenemos que pensar también en el comercio internacional de Colombia, en las relaciones internacionales y por eso en eso esto también puede ser el reflejo penal de un giro en la política de drogas”.
El ministro también expuso lo que se espera con la propuesta de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria y recordó que el Congreso en 2021 aprobó la Ley 2097 que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
"Esa ley contiene unos mecanismos fuertes para llevar a los padres irresponsables a cumplir con sus obligaciones. El que aparezca como deudor moroso en esta red pierde la potestad para darle permiso a sus hijos para salir del país; no podrá celebrar negocios por escritura pública, ser servidor público, celebrar contratos con el Estado, es decir, es una situación que realmente va a obligar al deudor a pagar porque prácticamente es una muerte civil lo que acarrea estar registrado allí", puntualizó.
En el conversatorio también participaron el representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez; el presidente de la Comisión Asesora de la Política Criminal del Estado, Rodrigo Uprimny; la presidenta de la Fundación Acción Interna, Johana Bahamón; el director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, y la directora de Conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Diana Britto Ruíz.
