Con conciliación, justicia comunitaria y reglas claras, el Gobierno fortalece el acceso a la justicia y la paz en los territorios.
Bogotá, 29 de enero de 2026. Con el propósito de que las personas puedan resolver sus conflictos de manera más rápida, económica y cercana, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el Decreto 0042 de 2026, una norma que fortalece la conciliación, la justicia comunitaria y los Programas Locales de Justicia como primeras puertas de acceso a la justicia, sin necesidad de acudir a un juzgado.
El decreto reorganiza los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y actualiza las reglas vigentes para que conflictos cotidianos —como desacuerdos familiares, vecinales, comunitarios o económicos— puedan resolverse mediante el diálogo, con acompañamiento institucional y con mayores garantías para la ciudadanía.
Bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia, la norma introduce un cambio clave: la justicia no empieza ni termina en los despachos judiciales. Ahora se fortalece una red de soluciones cercanas en los territorios, a través de la conciliación, la justicia comunitaria y los Programas Locales de Justicia, reconociendo el papel de las comunidades, las Casas de Justicia, los centros de conciliación y las notarías en la convivencia y la prevención de violencias.
Uno de los pilares del decreto es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Conciliación, cuya rectoría asume el Ministerio de Justicia, con el fin de articular al Estado, los centros de conciliación, las Casas de Justicia y los programas comunitarios, bajo principios de cobertura universal, articulación institucional y enfoque diferencial, brindando mayor claridad sobre procedimientos, responsabilidades y costos.
¿Qué cambia para la ciudadanía?
La conciliación, primera opción para resolver conflictos.
La norma establece la conciliación como el mecanismo preferente para atender conflictos de la vida cotidiana. Esto permite una atención más rápida y preventiva, evita que los problemas escalen a procesos judiciales largos y costosos, y promueve soluciones dialogadas que fortalecen la convivencia.
Más acceso a la justicia gratuita y reglas claras sobre los costos.
Los centros de conciliación privados, las notarías y las entidades sin ánimo de lucro deberán atender gratuitamente al menos el 5 % de los casos, priorizando a personas que no pueden pagar. Además, el decreto fija topes máximos y reglas claras sobre tarifas, garantizando transparencia y evitando cobros excesivos, bajo la vigilancia del Ministerio de Justicia.
Más convivencia, más paz en los territorios.
El decreto fortalece la conciliación en equidad, una herramienta clave para resolver conflictos desde las comunidades y con participación ciudadana. Esta figura permite que los desacuerdos se solucionen de manera pacífica, cercana y con pertinencia territorial, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social.
Al respecto, Martha Ramos, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia, señaló:
“La conciliación en equidad permite resolver los conflictos desde los territorios y con la gente, en los barrios, las comunidades y los entornos educativos. Promueve soluciones dialogadas, fortalece la convivencia y aporta a la construcción de paz".
La justicia comunitaria se consolida.
El decreto ordena y fortalece los Programas Locales de Justicia en Equidad, integrando plenamente a los conciliadores comunitarios al sistema nacional y reconociendo su papel en la resolución pacífica de conflictos. Asimismo, fortalece las Casas de Justicia como puntos clave para acceder a estos servicios.
Más justicia en los territorios más afectados por el conflicto.
La norma pone especial énfasis en los municipios PDET, priorizados en la implementación del Acuerdo de Paz, facilitando la creación y fortalecimiento de centros de conciliación remember que acercan una justicia real, efectiva y cercana a las comunidades.
Conciliación presencial y virtual, sin excluir a nadie.
El decreto habilita el uso de herramientas digitales para la conciliación, garantizando al mismo tiempo la atención presencial, de manera que ninguna persona quede excluida por razones tecnológicas.
Más calidad y mayor control.
Se refuerzan las funciones de vigilancia y control del Ministerio de Justicia, se exige formación continua a quienes prestan el servicio y se fortalecen los canales para que la ciudadanía presente quejas y reciba respuestas oportunas.
Con el Decreto 0042 de 2026, el Ministerio de Justicia y del Derecho lidera una política pública que acerca la justicia a la gente, reduce costos, previene conflictos y contribuye a la descongestión judicial, la construcción de paz y la convivencia en los territorios.
Para consultar el decreto, haz clic aquí.
