- El proyecto de ley estatutaria fue aprobado en tercer debate: solo le falta la plenaria de la Cámara para convertirse en ley.
- Define reglas claras para resolver conflictos entre jurisdicciones, evitando choques de competencias.
- Mejorará el acceso a la justicia en los territorios y ayudatá a reducir la congestión judicial.
Bogotá, D. C., 14 de abril de 2026. El Proyecto de Ley que establece mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y el sistema judicial nacional que fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Con este resultado, la iniciativa pasa ahora a discusión en la plenaria, último paso para convertirse en ley de la República.
El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, celebró este avance y destacó su importancia para el país:
“Este proyecto salda una deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos indígenas, al permitirles consolidar su justicia propia en condiciones de coordinación y respeto con el sistema judicial nacional. Además, contribuirá a eliminar barreras de acceso a la justicia y tendrá un impacto positivo en la descongestión de la justicia formal, especialmente en la Corte Constitucional, donde con frecuencia se resuelven conflictos de competencias entre jurisdicciones”, afirmó.
Trámite legislativo
El proyecto inició su trámite en la Comisión Primera del Senado de la República, donde fue aprobado en primer debate. Posteriormente, superó su segundo debate en la plenaria del Senado. En la Cámara de Representantes, la iniciativa continuó su curso en la Comisión Primera, donde fue aprobada en tercer debate, quedando a un paso de su aprobación definitiva.
¿De qué trata el proyecto de ley?
La iniciativa desarrolla el artículo 246 de la Constitución Política y responde a una deuda histórica de más de 30 años con los pueblos indígenas, al establecer por primera vez reglas claras para la articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la justicia ordinaria.
El proyecto define cómo deben coordinarse ambas jurisdicciones, respetando su autonomía y la diversidad cultural del país. En ese sentido, establece criterios para resolver conflictos de competencia, fortalece los espacios de diálogo entre autoridades, promueve el intercambio de información y apoyo técnico, e incorpora herramientas como la mediación lingüística para garantizar el debido proceso.
Asimismo, busca reducir los conflictos entre jurisdicciones, facilitar el acceso a la justicia en los territorios y brindar mayor seguridad jurídica tanto a las autoridades indígenas como a los operadores del sistema judicial nacional.
La iniciativa es resultado de un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, la Rama Judicial y los pueblos indígenas, construido en escenarios de diálogo y en el marco de procesos de consulta previa, libre e informada.
