- Un paso definitivo para saldar una deuda histórica con el campo: cerca de 2,3 millones de campesinas y campesinos podrán acceder a una jurisdicción especializada para resolver los conflictos sobre la tierra con enfoque territorial y diferencial.
- "No hay ninguna excusa para seguir aplazándola": la ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque, hizo un llamado al Congreso para aprobar la ley que permitirá hacer operativa una jurisdicción que ya hace parte de la Constitución Política.
- Con esta iniciativa culmina el desarrollo normativo de una de las transformaciones más importantes de la justicia rural, consolidando el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz y fortaleciendo la resolución institucional de los conflictos sobre la tierra.
Bogotá, D. C., 21 de julio de 2026. La Jurisdicción Agraria y Rural dio este martes un paso definitivo hacia su entrada en funcionamiento con la radicación en el Congreso de la República del proyecto de ley ordinaria que establece el procedimiento especial agrario y define las competencias necesarias para hacer plenamente operativa esta jurisdicción especializada. El Ministerio de Justicia y del Derecho acompañó la presentación de la iniciativa, impulsada por congresistas del Pacto Histórico, que completa el desarrollo normativo de una de las reformas más trascendentales para la justicia rural del país.
Con esta radicación culmina una etapa decisiva de construcción institucional. La Jurisdicción Agraria dejó de ser una aspiración para convertirse en un mandato constitucional gracias al Acto Legislativo 03 de 2023, mientras que la Ley Estatutaria 2570 de 2026 definió su estructura, principios e institucionalidad. El proyecto presentado ahora desarrolla el procedimiento judicial que permitirá que esta nueva jurisdicción entre en funcionamiento y empiece a transformar la manera en que el Estado resuelve los conflictos sobre la tierra.
La ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque, afirmó que esta iniciativa representa un acto de justicia con el campesinado colombiano, históricamente excluido de una respuesta judicial especializada frente a los conflictos por la propiedad, la posesión, la tenencia, el uso y el aprovechamiento de la tierra rural.
"Esta es una deuda histórica con el campesinado colombiano. Con esta ley estamos haciendo posible que más de 2,3 millones de personas que habitan las zonas rurales puedan acceder a una justicia especializada, con enfoque territorial y diferencial, capaz de responder a las realidades del campo y de resolver de manera eficaz los conflictos sobre la tierra que durante décadas han permanecido sin solución", destacó la funcionaria encargada de la cartera de Justicia del Derecho.
La nueva jurisdicción desarrolla el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, correspondiente a la Reforma Rural Integral, mediante la creación de jueces especializados que conocerán los conflictos relacionados con la propiedad, la posesión, la ocupación, la tenencia, el uso y el aprovechamiento de la tierra rural, garantizando mayor seguridad jurídica y un acceso efectivo a la justicia para las comunidades campesinas.
El proyecto recoge el trabajo legislativo adelantado durante el Gobierno del Cambio, incorpora las observaciones formuladas durante los debates en el Congreso de la República y acoge los aportes técnicos de las altas cortes, fortaleciendo aspectos relacionados con las competencias, el procedimiento especial agrario y la seguridad jurídica que requiere la implementación integral de esta jurisdicción.
"Hoy no existe ningún pretexto para que el Congreso de la República siga aplazando esta ley. La Jurisdicción Agraria ya hace parte de la Constitución, existe un amplio consenso construido con organizaciones campesinas, la academia y distintos sectores políticos, e incluso la Corte Constitucional ha advertido la urgencia de expedir esta reglamentación. No hay excusa para no convertir este proyecto en ley de la República", concluyó Rusinque.
Con esta iniciativa, el Gobierno nacional consolida uno de los legados institucionales más importantes para la transformación del campo colombiano: una justicia especializada que permitirá que los conflictos sobre la tierra se resuelvan mediante las instituciones, con reglas claras, jueces especializados y garantías para las comunidades rurales, fortaleciendo la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y la construcción de paz territorial.
La radicación de este proyecto también retoma el camino legislativo que quedó inconcluso durante la pasada legislatura, cuando la iniciativa no alcanzó a culminar su trámite en el Congreso pese a los avances logrados en las discusiones y a la urgencia advertida por la Corte Constitucional para completar el desarrollo normativo de la Jurisdicción Agraria. El nuevo texto incorpora los consensos construidos durante ese proceso y busca que el país pueda, finalmente, poner en marcha una jurisdicción creada por mandato constitucional y fundamental para la implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo Final de Paz.
