- El acuerdo que formaliza la puesta en marcha de la ruta de articulación interinstitucional fue suscrito por todas las entidades que conforman la Instancia de Articulación con el Gobierno nacional. Este compromiso conjunto resalta el trabajo coordinado entre las instituciones para avanzar en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
- La ruta se divide en tres fases (identificación, impulso y materialización), asegurando que las sanciones propias y las medidas de contribución a la reparación de las víctimas sean compatibles con la política pública del Estado y asegurar su materialización.
- Este acuerdo formaliza el respaldo del Estado colombiano para la implementación efectiva de las sanciones propias, las medidas de contribución a la reparación y, con estas, la materialización de acciones restaurativas, garantizando la reparación de las víctimas y la reconstrucción de los territorios afectados por el conflicto.
Bogotá D. C., 30 de abril de 2025. Mediante el Acuerdo 001 de 2025, suscrito este miércoles en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se estableció la ruta de coordinación interinstitucional para las sentencias que emita el alto tribunal. Este acuerdo define de manera clara los compromisos institucionales concretos para la implementación efectiva de los proyectos restaurativos que permitirán la materialización de las sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación impuestas por la JEP. Esto permitirá el despliegue de acciones orientadas a reparar el daño causado a las víctimas, comunidades y territorios afectados por el conflicto armado.
Este acuerdo se firmó en el marco de lo que se conoce como la Instancia de Articulación, que se creó hace dos años, y en la que participan la JEP, las entidades de Gobierno definidas por el Plan Nacional de Desarrollo y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Esta Instancia tiene como objetivo avanzar en la definición de las condiciones que permitan el cumplimiento de las sanciones propias que deberán cumplir los máximos responsables que aporten verdad plena y reconozcan responsabilidad, así como de otras medidas de contribución que faciliten el cumplimiento efectivo de las obligaciones de los comparecientes de las extintas FARC-EP y de miembros de la fuerza pública ante la jurisdicción.
La ruta planteada por este acuerdo tiene como finalidad facilitar la concreción de iniciativas con vocación restaurativa a través de proyectos específicos. Para ello, las entidades que conforman la Instancia de Articulación ofrecerán y adecuarán planes, programas y proyectos, además de garantizar las condiciones institucionales necesarias para la implementación de las sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación definidas por la JEP, respetando su autonomía judicial. Al mismo tiempo, permitirá la compatibilidad entre las sanciones propias y las políticas públicas del Estado. De esta manera, se orientará la incorporación de los componentes restaurativo y de restricción efectiva de derechos y libertades a los proyectos, en acompañamiento, que respaldarán la sanción propia impuesta a los máximos responsables que hayan aceptado responsabilidad y aportado verdad.
El acuerdo fue suscrito por todas las entidades que conforman la Instancia de Articulación. Durante la firma del acuerdo, que formaliza la puesta en marcha de la ruta, estuvieron presentes el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez; y, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, la directora de Justicia Transicional, Diana Carolina Flórez Bayona; y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, quien preside la Instancia de Articulación. Todas las partes trabajaron articuladamente en la construcción de esta hoja de ruta.
Contar con directrices claras sobre este proceso es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas, brindar seguridad jurídica a los comparecientes y terminar de consolidar el enfoque restaurativo de la justicia transicional, orientado a restituir los derechos vulnerados, contribuir a las garantías de no repetición y allanar el camino hacia la paz. Por ello, y como resultado del trabajo adelantado por la Instancia de Articulación, se definió la necesidad de una ruta que materializa acciones que ayuden a desmantelar las causas estructurales de la violencia y fortalezcan la construcción de una paz sostenible en los territorios.
La ruta funcionará en tres fases: identificación, impulso y materialización. En la fase de identificación se recopilarán y registrarán planes, programas y proyectos con vocación restaurativa, promovidos por la JEP y el Gobierno nacional. La fase de impulso contempla la adecuación técnica y financiera de las iniciativas, asegurando su viabilidad y su compatibilidad con las decisiones de la jurisdicción y la oferta institucional del Estado. Finalmente, en la fase de materialización, se ejecutarán ya sean las sanciones propias o las medidas de reparación, conforme a la normativa vigente y según las órdenes emitidas por la magistratura.
La Instancia de Articulación interinstitucional, en coordinación con la JEP, realizará mesas periódicas con las entidades relacionadas con los proyectos para dar seguimiento a su implementación y promover la colaboración con otros actores necesarios. Esta ruta contará con el apoyo transversal de diversas entidades del Gobierno nacional, que proporcionarán asistencia técnica en cada fase de la articulación. Entre las instituciones involucradas se encuentran: la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), el Ministerio de Justicia y del Derecho (como Secretaría Técnica), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
De este modo, las entidades que conforman la Instancia de Articulación cumplirán con su responsabilidad de ofrecer y adecuar planes, programas y proyectos restaurativos y garantizar su seguimiento. Este compromiso está alineado con lo establecido en el artículo 1 del Acto Legislativo 02 de 2017 y la Sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, que subraya la obligación de las entidades del Estado de cumplir de buena fe con el Acuerdo Final de Paz. Además, por esta vía el Gobierno promueve medidas que facilitan la reparación de las víctimas, conforme a la Ley 1957 de 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia, potencia mundial de la vida', garantizando la implementación de sanciones propias y medidas de contribución a la reparación ordenadas por la JEP.
MJD/ Elaboró: CM - ABN. Aprobó: MAC.
