Bogotá, 27 de abril de 2021. El tratado entre Colombia y la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas es una realidad, luego de que este martes la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobara en cuarto debate el Proyecto de Ley 503 de 2020 Cámara y 291 de 2020 Senado, cuya autoría estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Por unanimidad, la corporación aprobó de manera definitiva el texto acordado en 2017 y suscrito en Beijing el 31 de julio de 2019 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo (q.e.p.d.) en el marco de la visita oficial que realizó a China junto con el Presidente Iván Duque Márquez.
Luego de este trámite en el Legislativo, el proyecto será ratificado mediante sanción presidencial, convirtiéndose de esta forma en Ley de la República. Con su entrada en vigencia, las personas privadas de la libertad condenadas en ambas naciones podrán acceder al beneficio de terminar de purgar sus penas en sus respectivos países de ciudadanía, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa.
En representación del Ministerio de Justicia y del Derecho estuvo presente en la plenaria el Viceministro de Promoción de la Justicia, Francisco José Chaux Donado, quien en nombre del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez y de la cartera que lidera Wilson Ruiz Orejuela, agradeció al Congreso de la República la aprobación del proyecto.
“Una luz de esperanza ha lanzado el Congreso a 200 almas que están en la República Popular China y que van a poder venir a cumplir su pena en Colombia, su país. Esto implica traer la humanidad a las relaciones internacionales, traer el humanismo secular a las normas de nuestro ordenamiento jurídico para que el Estado cumpla su deber sagrado de proteger a sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo", afirmó el Viceministro.
El alto funcionario agregó que se ha dado un paso en la dirección correcta. “El Gobierno Nacional tiene claro que estas iniciativas que van en beneficio de todos los colombianos y que se concretan en normas, salvaguardan los derechos humanos", puntualizó.
El creciente aumento de ciudadanos colombianos condenados y privados de la libertad en la China continental, unido a la demora y obstáculos que se presentaban para gestionar el trámite de traslado de condenados por vía diplomática, tras la comprobada existencia de razones humanitarias, había llevado al Gobierno colombiano a gestionar desde 2015 acercamientos con su homólogo chino.
Se produjeron varios encuentros entre delegaciones de los dos países y consultas preliminares dirigidas a fortalecer la cooperación internacional y superar los impedimentos legales. Hoy, después de seis años y un arduo y extenso proceso, que se consolidó con la colaboración y asistencia de la Cancillería colombiana, el tratado ha sido aprobado.
Es importante señalar que el traslado de personas condenadas es un mecanismo de cooperación internacional en materia de ejecución penal, por el cual una persona condenada y privada de la libertad en el exterior puede solicitar el beneficio de traslado a su país de nacionalidad para terminar de cumplir la condena en un establecimiento penitenciario de su país.
Así las cosas, en adelante este instrumento permitirá gestionar el traslado internacional de los ciudadanos de Colombia y China, condenados y recluidos en el territorio de la otra parte, para hacer cumplir la sentencia impuesta.
En el marco de este tratado de cooperación es importante precisar que actualmente hay 179 colombianos privados de la libertad en China (39 procesados y 140 condenados); cinco ciudadanos chinos privados de la libertad en Colombia (dos procesados y tres condenados); y que desde 2015 han sido trasladados siete colombianos desde el país asiático.
Además, desde 2014 han sido autorizadas -previa recomendación de la Comisión Intersectorial para el Traslado Internacional de Personas Condenadas- 20 solicitudes de ciudadanos colombianos condenados en China.
Esta iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho se configura como un instrumento legal y una herramienta humanitaria para que los connacionales condenados en territorio chino tengan la posibilidad de terminar de purgar su pena en Colombia.