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Tras la aprobación en su tercer debate, la iniciativa continúa su trámite legislativo y pasa ahora a un cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Bogotá, 13 de mayo de 2025. En tercer debate, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley 281 de 2024, la iniciativa presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, que busca transformar estructuralmente el sistema de justicia colombiano y garantizar una justicia más ágil y eficaz.
Durante el debate de este proyecto, la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, destacó que el principio de oportunidad que establece esta iniciativa es una herramienta fundamental de política pública contenida en el Código Procesal, que permite una justicia más ágil y eficaz frente a la criminalidad organizada y de alto impacto que enfrenta el país.
Explicó que este mecanismo, junto con los preacuerdos, tiene control judicial y facilita priorizar casos relevantes, permitiendo, por ejemplo, que quienes colaboren con la justicia (como delatores de estructuras criminales) reciban beneficios a cambio de información clave. De esta manera, se busca desmantelar redes delictivas y ofrecer una respuesta más efectiva y significativa para las víctimas.
"La criminalidad de Colombia actual es organizada, de alto impacto y que implica una investigación muy amplia para llegar a descubrir a todos los autores. Cuando tenemos causales, como el principio de oportunidad que estamos estableciendo aquí, le estamos apostando a un elemento fundamental. La realidad es que el crimen aumenta vertiginosamente; tenemos 1.100 personas capturadas mensualmente y, según la Corporación Excelencia para la Justicia, se pierden ocho de cada 10 casos que llegan a juicio”, manifestó la alta funcionaria.
Sobre el proyecto, el magistrado Gerson Chaverra indicó: "En la Corte Suprema de Justicia, con inmensa tristeza, hemos advertido juicios que después de hasta 15 años terminan con decisiones absolutorias. ¿Por qué? Porque el sistema adversarial, en todos los países del mundo, incluso en aquellos más desarrollados tecnológicamente, no resiste que todos los delitos sean tramitados por la causa ordinaria. El balance de 20 años de vigencia de la Ley 906 de 2004 no es positivo: impunidad y alta congestión judicial. Por eso, hoy le decimos al Congreso y al país que se hace urgente radicar este proyecto de ley para descongestionar el sistema y garantizar justicia real, pronta y efectiva para las víctimas”.
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, señaló que “el sistema acusatorio no está diseñado para que el 100 % de los casos lleguen a juicio, ya que se reserva el mayor esfuerzo de la administración de justicia para los casos más relevantes, donde es posible realizar una práctica probatoria concentrada. Eso no se puede hacer con todos los casos. Por eso, es fundamental dinamizar los mecanismos de terminación anticipada del proceso, que es precisamente el objetivo principal de este proyecto de ley”.
Finalmente, en la presentación del informe de ponencia, la representante a la Cámara Ana Paola García explicó que esta iniciativa responde a problemáticas estructurales del sistema penal, como el elevado número de procesos que finalizan por prescripción de la acción penal. Indicó que solo en los últimos seis años se han registrado 43.491 prescripciones, lo que evidencia la urgencia de reformas profundas.
Tras haber sido aprobado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el proyecto continúa avanzando en su trámite legislativo, con amplio respaldo, a un cuarto debate en la plenaria de la cámara.
