- Más de 2,3 millones de personas rurales podrán acceder a una justicia especializada para resolver conflictos sobre la tierra de manera pacífica.
Bogotá D.C., 22 de junio de 2026. Durante décadas, millones de campesinos y campesinas en Colombia tuvieron que enfrentar conflictos relacionados con la tierra, el agua, los linderos, el uso del suelo y la producción agraria sin una justicia cercana, especializada y capaz de responder a las realidades del campo colombiano.
Mientras el sistema judicial se concentró históricamente en las ciudades, el país rural enfrentó enormes barreras de acceso a la justicia. Hoy, cerca del 85 % del territorio colombiano corresponde a municipios rurales y rurales dispersos, donde millones de personas han debido enfrentar conflictos agrarios sin presencia institucional suficiente, con enormes dificultades para acceder a un juez y sin mecanismos eficaces para resolver sus disputas de manera pacífica.
Ese abandono institucional tuvo profundas consecuencias para Colombia.
Muchos de los fenómenos que marcaron la historia reciente del país —como el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, la expansión de economías ilícitas y la violencia sobre las comunidades rurales— ocurrieron precisamente en territorios donde el Estado no logró construir mecanismos legítimos y eficaces para resolver pacíficamente los conflictos agrarios.
Durante años, miles de familias campesinas tuvieron que recorrer largas distancias para acceder a un juzgado, asumir altos costos de transporte, enfrentar problemas de conectividad o incluso acudir a mecanismos informales y, en algunos casos, violentos para resolver conflictos sobre la tierra.
Hoy, Colombia da un paso histórico para transformar esa realidad.
Con el liderazgo del Gobierno nacional y del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Jurisdicción Agraria y Rural ya hace parte de la Constitución Política de Colombia gracias al Acto Legislativo 03 de 2023 y a la sanción de la Ley Estatutaria 2570 de 2026.
Este avance permitirá que más de 2,3 millones de colombianos y colombianas que habitan en zonas rurales puedan acceder a una justicia especializada, cercana y enfocada en resolver los conflictos agrarios sin violencia, fortaleciendo además la presencia legítima del Estado en los territorios rurales.
La nueva jurisdicción contará con jueces y tribunales especializados en asuntos agrarios y rurales, con conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo, capaces de comprender las dinámicas propias del campo colombiano y garantizar decisiones más rápidas, legítimas y ajustadas a las necesidades de las comunidades rurales.
“Hablar de justicia agraria es hablar de paz territorial. Es garantizar que los conflictos del campo se resuelvan mediante el diálogo, el derecho y la institucionalidad, y no a través de la violencia", destacó el Ministerio de Justicia y del Derecho.
La Jurisdicción Agraria y Rural busca cambiar la manera en que históricamente se han tramitado los conflictos rurales en Colombia. Su propósito es que las comunidades campesinas ya no tengan que acudir a relaciones de fuerza, actores armados o mecanismos ilegales para resolver disputas sobre la tierra, sino que puedan acceder a instituciones públicas legítimas, cercanas y especializadas.
Además de impulsar la reforma constitucional y la construcción de la ley estatutaria, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha liderado acciones para fortalecer el acceso a la justicia rural mediante:
- la construcción del mapa judicial agrario;
- el diseño de rutas de acceso a la justicia rural;
- el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos;
- la articulación entre entidades relacionadas con tierras, catastro y registro;
- y la creación de herramientas pedagógicas para acercar la justicia a las comunidades campesinas.
La apuesta también busca que la justicia llegue directamente a los territorios mediante modelos de justicia itinerante, presencia institucional en veredas y corregimientos, conciliación comunitaria y fortalecimiento de capacidades locales para resolver conflictos de manera pacífica.
Actualmente, el país ya cuenta con el respaldo constitucional y estatutario para la creación de esta jurisdicción. Sin embargo, aún queda un paso fundamental: la aprobación de la ley ordinaria que definirá su funcionamiento operativo, competencias y procedimientos.
El proyecto avanza en el Congreso de la República y deberá ser aprobado antes del próximo 20 de junio. De no lograrse, la iniciativa podría archivarse y el trámite tendría que iniciar nuevamente desde cero, retrasando una de las transformaciones institucionales más importantes en la historia reciente de la justicia colombiana.
Con este avance, Colombia comienza a construir una justicia más cercana, accesible y legítima para el campo colombiano.
Porque sembrar paz también significa garantizar justicia donde históricamente hubo abandono, conflicto y desigualdad.
