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Antecedentes.


 

Con la ratificación por parte de Colombia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013 y la expedición del Documento CONPES 166 de 2013 “POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL”, surgen una serie de obligaciones no sólo para el Estado Colombiano sino para la sociedad en general.

En este marco, sobresalen obligaciones asignadas a las Facultades de Derecho y al Ministerio de Justicia y del Derecho, que en particular tienen que ver con:

- Implementar programas de formación y de gestión para la atención en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad; 
- Desarrollar programas de formación y apoyo al restablecimiento de los derechos de las personas con discapacidad a través de los consultorios jurídicos; 
- Hacer investigación que permita construir los lineamientos técnicos de atención a las personas con discapacidad; 
- Coordinar las estrategias de formación a los estudiantes de Derecho con el Ministerio de Educación Nacional y con las Universidades; 
- Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad;
 - Ofrecer igual reconocimiento como persona ante la ley y asegurar la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida; dar prevalencia a los derechos, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad vs su interés superior; y garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes a los procedimientos.

Por ello el Ministerio de Justicia y del Derecho propuso generar una alianza con la academia a través de la creación de una Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dé cabida a una comunicación fluida entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y las universidades en torno a la discapacidad; permita al Ministerio colocar a disposición de la academia herramientas de actualización y de formación en discapacidad; contribuya a que las Universidades y los estudiantes de las facultades de Derecho se apropien, promuevan y defiendan los derechos de las personas con discapacidad; y sirva como escenario de fortalecimiento y visibilización de las investigaciones, trabajos y experiencias que se han desarrollado en torno a la discapacidad.

 

 

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