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Publicado en lunes, 22 de enero de 2018

Plan Decenal fortalece la justicia administrativa a través del relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía

De esta manera se espera generar un control eficiente y eficaz de la actividad pública.

Bogotá, 22 de enero de 2018. Descongestionar la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, generar dinámicas de prevención del daño antijurídico y fortalecer el acceso a la justicia formal en los territorios más apartados, son algunos de los objetivos trazados en el Plan Decenal de Justicia (PDJ) 2017-2027, el cual busca aumentar la eficacia y efectividad de la justicia administrativa en Colombia. 

Alcanzar dichas metas será posible gracias a una distribución más equitativa de la carga de trabajo entre los distritos judiciales considerando el volumen de habitantes. También, al diseño y ejecución de una estrategia general para el manejo de tutelas y al mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica, lo cual contribuirá a reducir tiempos procesales. 

Pero el relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía será primordial para robustecer la justicia administrativa. En este sentido, algunas de las acciones planteadas en el PDJ son:

Promover y efectivizar el uso de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC) en cuanto a lo contencioso administrativo; incentivar e implementar el respeto por el ordenamiento jurídico, haciendo énfasis en el precedente del Consejo de Estado; generar articulación entre los programas de acceso a la justicia del Gobierno Nacional -como los Sistemas Locales de Justicia- y el fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad en la jurisdicción contenciosa; y la implementación de estrategias de comunicación que produzcan mayor interacción entre la Administración Pública y los administrados. 

El PDJ no es simplemente un conjunto de lineamientos aplicables, sino un esfuerzo por establecer de manera participativa una verdadera política de Estado en materia de justicia, que refleje unos acuerdos básicos, una visión compartida y una definición de asuntos prioritarios para todos los actores del sistema, los cuales deben ir acompañados por instrumentos de ejecución plenamente definidos y una previsión de resultados y herramientas que permitan su sostenibilidad.

Cabe recordar que esta hoja de ruta fue adoptada mediante el Decreto 979 de 2017 y que la misma prioriza estrategias para garantizar el acceso a la justicia, la pacífica resolución de conflictos, la prevalencia del principio de legalidad y el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía. 

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Autor: Anonym

Categorías: Noticias, Noticias Decenal

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