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jueves, 24 de julio de 2014

"Tenemos que lograr que no se tolere ni social ni políticamente el crimen, la violación de las normas y el enriquecimiento ilícito": Minjusticia

Cartagena, 24 de julio de 2014. Durante la instalación del XIV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el Ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que: los esfuerzos jurídicos para acabar con el lavado de activos son un ejercicio en vano si la justicia no se aplica y la sociedad no “rechaza rotundamente” cualquier manifestación del delito.

Según el jefe de la cartera de Justicia, a pesar de los esfuerzos jurídicos, los resultados en la lucha contra el lavado de activos no son los esperados y esta práctica continúa vigente: “hemos aumentado significativamente las penas para el lavado y los delitos fuente, tanto que hoy prácticamente no hay ninguna actividad de lavado que esté por fuera de la tipificación. Hemos tenido jueces, fiscales y testigos sin rostro, aumentamos penas, extraditamos y a pesar de eso la enfermedad continúa” dijo.

“Somos un referente regional en materia jurídica contra este delito, el problema es que nos hemos dedicado al tema normativo y hemos dejado de lado su aplicación”, afirmó e hizo un llamado para que se aumenten los esfuerzos en la investigación para detectar, investigar y sancionar el lavado de activos con todas sus manifestaciones.

El Ministro además afirmó que este delito muestra una necesidad de ahondar esfuerzos en materia de prevención: “debemos prevenir el problema en todas las instancias, hemos avanzado en la capacitación, pero necesitamos capacitar más a nuestros policías, investigadores, fiscales y jueces” explicó. Insistió en la necesidad de construir una cultura de la legalidad y afirmó que en esto la sociedad tiene un papel fundamental en esta materia: “tenemos que lograr que no se tolere ni social ni políticamente el crimen, la violación de las normas y el enriquecimiento ilícito. El día que haya un castigo social desde la sociedad para quienes se lucran con el delito, ese día habremos avanzado en esta tarea”.

De igual forma, el jefe de la cartera de Justicia afirmó que el problema también debe ser atacado desde el sistema político mismo y señaló que “lo primero que hay que tener es un sistema que no facilite la corrupción, en el que haya partidos políticos y no agencias de inversión electorales”, agregó el ministro y puntualizó “el mejoramiento del sistema político está asociado estrechamente con la lucha contra la corrupción. Y si combatimos la corrupción atacamos una de las fuentes principales del lavado de activos”.

Gómez Méndez también aseguró que la construcción de la paz contribuirá para el combate del lavado de activos: “me atrevo a decir que los esfuerzos que se hagan para poner fin al conflicto armado son una forma para combatir el lavado de activos. En la medida que desactivemos esas organizaciones criminales que hacen del narcotráfico uno de sus principales motivos de existencia, habremos avanzado en el combate de una de las fuentes fundamentales de lavado”.

Según las Naciones Unidas, el lavado de activos mueve anualmente dineros entre el 2.7% y el 3.6% del Producto Interno Bruto mundial, es decir cerca de 2.1 trillones de dólares. En Colombia, según información de la Unidad de Información y Análisis Financiero, esta práctica mueve al año un 3% del PIB, lo que serían unos 20 billones de pesos.


Dada la magnitud del fenómeno, durante 2013 por la Fiscalía General de la Nación adelantó 2.336 investigaciones, no obstante entre el 2007 y 2013, únicamente se produjeron un total de 508 condenas.

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha trabajado en materia de prevención del lavado de activos desde 1995 con la creación de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), un organismo asesor del Gobierno Nacional en el diseño e implementación de las políticas antilavado de activos. Durante el último año esta comisión consiguió aprobar un documento Conpes, que se encuentra vigente desde diciembre pasado, en el cual se fortalecieron los mecanismos interinstitucionales para la aplicación de medidas de prevención, se formularon estrategias para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y se diseñaron planes de capacitación.

El XIV Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo fue realizado por Asobancaria, en la ciudad de Cartagena. Durante el evento, el Ministro de Justicia y del Derecho estuvo acompañado de la Presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuellar, y el Embajador de los Estados Unidos Kevin Whitaker.

La reforma “tutelarizará” el sistema de justicia

Durante el evento, el Ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, tuvo ocasión para referirse a la reforma a la justicia y advirtió que la reforma en la que trabaja su cartera no tiene previsto el aumento de las condenas para infractores, sino que se centrará en hacer del acceso a la justicia un derecho fundamental.

“Las penas que tenemos hoy para muchos delitos son suficientes, los instrumentos jurídicos están ahí, los tipos penales también, lo que nos falta es poder detectar, poder investigar y poder sancionar” señaló el jefe de la cartera de Justicia y enfatizó: “lo que debemos hacer ahora es crear mecanismos para que las leyes que tenemos se apliquen, por eso no se piensa por ahora en aumento de penas sino en tutelizar la justicia”.

Según Gómez Méndez, la clave para que la nueva reforma sea efectiva es que los cambios puedan traducirse en un sistema de justicia más ágil y eficaz y no en más tipos penales y tiempo de reclusión: “en materia de lavado de activos, por ejemplo, hemos visto que podemos contar con los mejores instrumentos jurídicos. Tanto que uno podría hacer un manual, pero si después uno confronta lo que está en papel con la realidad, se da cuenta que hay un desequilibrio muy grande y que la proporción de investigaciones y procesados es desalentadora. Son cifras verdaderamente desconcertantes y estos tienen que ver con nuestro sistema judicial” dijo el Ministro.

El jefe de la cartera afirmó que la reforma también trabaja en la eliminación de todas las facultades electorales de las cortes para eliminar la puerta giratoria e indicó que también se piensan proponer alternativas como exámenes para hacer más funcional el sistema: “Hemos hablado de la necesidad de acelerar la justicia y realizar cambios que van mucho más allá, incluso en la forma como se vincula a nuestros abogados, fiscales y jueces. Por ejemplo, tenemos la idea que hacer exámenes de Estado para los abogados y que la carrera judicial permita que lleguen y se queden los mejores”.
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