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martes, 29 de julio de 2014

Positivo balance en acceso a la justicia y cooperación internacional presentan Minjusticia y Banco Mundial al término de convenio que llevaba justicia a los menos favorecidos

Bogotá, 29 de Julio de 2014. El Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, durante el acto de cierre del el Proyecto de Servicios de Resolución Pacífica de Conflictos para los Menos Favorecidos, realizado en convenio con el Banco Mundial, destacó cómo la “armonización de la cooperación internacional y la institucionalidad nacional han ayudado a la solución de problemas propios de nuestra justicia local, de nuestra justicia informal, preparándonos para el posconflicto”.


El Ministro de Justicia señaló que la comunidad internacional entiende esta problemática y agradece el apoyo brindado por el Gobierno japonés a través del Banco Mundial, que permitió acercar la justicia al ciudadano, “permitió que la gente no vea tan distante al Estado, que no vea tan distante a su administración de justicia, que es desde luego un factor indispensable e imprescindible para la consolidación de la paz” dijo Gómez Méndez.


El Proyecto de Servicios de Resolución Pacífica de Conflictos para los Menos Favorecidos tuvo una inversión cercana a un millón 900 mil dólares y suministró a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad y pobreza, servicios de justicia para dar respuesta oportuna, eficiente, eficaz y de calidad a sus controversias, como aspectos fundamentales para garantizar la convivencia pacífica y el desarrollo económico del Estado colombiano.


Según Mónica Monsalvo, Administradora del Proyecto, las actividades de mayor eficiencia e impacto dentro del proyecto fueron: los procesos de capacitación en escuelas primarias para la formación de ciudadanos en derechos y deberes, los servicios de asesoramiento legal para los pobres, el pilotaje de la Casa de Justicia Móvil y los encuentros comunitarios de justicia.


Por su parte, Jorge Luis Silva, especialista en el Sector Público del Banco Mundial, destacó la impecable administración y alto nivel de ejecución del proyecto, lo que da cuenta del compromiso y disposición al más alto nivel del Ministerio de Justicia como ente ejecutor del proyecto.



Finalmente, el Ministro de Justicia señaló que este proyecto “es un ejemplo de lo que puede ser, se puede hacer y lo que debe hacer la cooperación internacional”.









Principales Logros del Proyecto de Resolución Pacífica para los Menos Favorecidos



1. Educación legal para los pobres


A través del diseño e implementación de un programa de capacitación en 35 escuelas primarias tanto en áreas rurales como urbanas de los municipios de Leticia, Tibú, Sogamoso, La Dorada y Arauquita (7 escuelas por cada Municipio) se brindó información esencial y práctica sobre cómo resolver casos particulares y relevantes para poblaciones menos favorecidas, tales como casos de familia, beneficios sociales, hacienda, violencia intrafamiliar, salud y laboral, entre otros.



El desarrollo de este programa implicó el trabajo continuo del Estado y la sociedad civil para encontrar puntos de encuentro que garanticen el acceso de la población al conocimiento y discusión de los temas de resolución de conflictos y derechos humanos. Estructuras e instancias que quedan armonizadas en favor de la comunidad y sus necesidades. 


2. Servicios de asesoramiento legal para los Pobres 



El proyecto generó un modelo de asesoría legal para los más desfavorecidos, y un manual de orientación para la atención a la población en situación de pobreza, dicho de otra manera, se obtuvo la metodología para la atención Legal a población en situación de Pobreza y el manual de asesoría legal para la población objeto.



Este ejercicio permitió el establecimiento de grupos de trabajo interinstitucionales a fin de proveer ayuda legal de calidad, por profesionales, a la comunidad vulnerable. Una semilla de abogados que “pro-bono” podrían a través de redes continuar apoyando a sus comunidades.


3. Justicia Indígena y Afrocolombiana



Esta actividad buscó la generación de espacios en las comunidades indígenas de Leticia, en particular, del resguardo Tikuna, Cocama y Yagua, que permitieran promover la gobernabilidad y fortalecer los reglamentos y herramientas para la solución pacífica de los conflictos.



Como resultado de este ejercicio, se obtuvo el reglamento interno de la Asociación Tikuna Cocama Yagua de Leticia, a partir del diagnóstico y análisis de antecedentes normativos internos en cada comunidad, así como de la revisión y consolidación del reglamento existente, el cual fue socializado en cada una de las comunidades del Resguardo, a fin de armonizar el ejercicio y el proceso relacionado con la resolución pacífica de conflictos de la comunidad. 



También se trabajó en el fortalecimiento de los sistemas de justicia ancestral propia y de solución de conflictos de las comunidades Afrocolombianas, organizadas en Consejos Comunitarios de Chocó, Nariño y Valle del Cauca, las cuales no obstante de contar con un sistema ancestral y procedimientos propios, no contaban con un proceso establecido para la regulación de su convivencia en su sociedad.


4. Pilotaje de la Casa de Justicia Móvil



El Pilotaje del Proyecto de Casa de Justicia Móvil surgió como respuesta a la necesidad de dar solución a diversas carencias en materia de justicia que afectan un gran segmento de la población y en particular, a la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, especialmente aquellos que habitan en contextos rurales. 



La Unidad Móvil fue concebida como una herramienta para aportar movilidad, comodidad y espacios adecuados para que los funcionarios, entidades y operadores transitorios de justicia encontraran las herramientas y facilidades propias de un lugar de trabajo.



Con la Unidad móvil de Casa de Justicia Móvil, se realizaron 31 jornadas de atención itinerante desde La Guajira hasta Nariño, en un recorrido de aproximadamente 5.000 km, que cruzó 11 departamentos y permitió la atención a más de 4500 personas que encontraron allí la solución a sus conflictos. 



5. Encuentros Comunitarios de Justicia



Los Encuentros Comunitarios en Justicia –ECEJ- constituyeron un escenario directo de diálogo entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la población en condición de vulnerabilidad.  



Se realizaron en 18 ciudades y contaron con la participación de 859 personas, entre los que se encontraban líderes comunitarios, juntas de acción comunal, funcionarios de la administración local, de la casa de justicia, de la comisaría de familia, de inspección de policía municipal, personería municipal, centros de convivencia, también acudieron delegados de la Defensoría del Pueblo; del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y de organizaciones de la sociedad civil.



Los encuentros sirvieron para identificar las múltiples y álgidas necesidades jurídicas insatisfechas y de acceso a la justicia que tienen las familias en condición de extrema pobreza relacionadas con temas de desplazamiento por presencia del conflicto armado, de las bacrim, de la delincuencia común, abuso de las autoridades administrativas, abuso sexual, restitución de tierras, homicidio, desaparición forzada, desprotección estatal al adulto mayor, abuso de confianza y estafa, entre otros.







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