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miércoles, 29 de junio de 2016

Ministerio de Justicia pide colaboración a consultorios jurídicos para cumplir con lo dispuesto en la Ley 1760, de racionalización de la detención preventiva

Bogotá, 29 de junio de 2016. En el auditorio del Ministerio de Justicia y del Derecho se llevó a cabo este miércoles el encuentro que presidió el Viceministro de Promoción de la Justicia, Arleys Cuesta Simanca, y al cual acudieron 26 directores de consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de Bogotá, así como representantes de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El objetivo: solicitarle a estos directores su colaboración para cumplir con lo dispuesto en la Ley 1760, que trata de la racionalización de la detención preventiva.

Se espera que con brigadas jurídicas, las universidades que cuentan con facultades de Derecho apoyen las solicitudes de revocatoria de medidas de aseguramiento cuando haya lugar a las mismas, considerando que la norma contempla que a partir del próximo 6 de julio deben quedar en libertad los procesados por delitos menores que lleven un año o más en detención preventiva. Cabe anotar que esta situación no operará de manera automática, sino que debe mediar una audiencia en la que se establezca que no se presenta ninguna de las excepciones señaladas.

Marcela Abadía, Directora de Política Criminal del Ministerio de Justicia, confirmó que en Bogotá serían 646 las personas que se beneficiarían con la medida, y que en la capital de la República se desarrollará la primera fase de este plan de contingencia que luego se espera implementar en el resto del país. “El balance del encuentro es positivo. Es clara la intención de los directores de los consultorios jurídicos de apoyar con sus estudiantes la implementación de la Ley 1760 y colaborar con la administración de justicia”, indicó. 

Durante la reunión los directores de los consultorios manifestaron inquietudes tales como la necesidad de que el Inpec garantice en las cárceles niveles de seguridad adecuados para los estudiantes, y que entregue información concreta de cada uno de los internos objeto del beneficio. “Dentro del Plan de Acción que manejamos de manera articulada con la Defensoría del Pueblo, uno de los propósitos principales es tener información exacta para que los consultorios puedan ejercer su función de manera clara y de acuerdo con lo dispuesto por la ley”, dijo la funcionaria.

Los directores también expresaron su preocupación por las actuaciones de algunos fiscales y jueces que en la práctica han impedido que sus estudiantes ejerzan su función. “Respecto a este punto queda el compromiso del Ministerio de apoyar a los consultorios convocando a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que escuchen y estudien esta inquietud, y establezcan el porqué de este rechazo”, puntualizó Marcela Abadía.

Ahora se les presentará a los directores de los consultorios el Plan de Acción del Ministerio con tiempos, fechas e información concreta de los beneficiarios para que en conjunto con la Defensoría del Pueblo se pueda empezar a ejecutar este plan de contingencia a la mayor brevedad.

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