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lunes, 20 de junio de 2016

Ley que les permite a jueces y fiscales ponerse al día con las investigaciones más complejas pasa a sanción presidencial

Bogotá, 20 de junio de 2016. El Congreso de la República aprobó el texto conciliado del proyecto de ley que prorroga, por un año, la entrada en vigencia de dos medidas de la Ley de Racionalización de la Detención Preventiva (Ley 1760 de 2015) para los casos relacionados con delitos graves o de especial complejidad. Luego de culminar su trámite legislativo, esta iniciativa pasará a sanción presidencial.

 El proyecto aprobado busca que jueces y fiscales tengan 12 meses más para resolver la situación jurídica de cerca de 9.500 personas que se encuentran privadas de la libertad, y que son investigadas por delitos como abuso sexual, homicidio, actos de corrupción y conductas que le competen a la justicia especializada (extorsión, lavado de activos y terrorismo, entre otros).

 “Con estos ajustes estamos reduciendo a cerca de 8.000 personas las que pueden paulatinamente, en la medida en que lo soliciten, ir recuperando su libertad. No va a ser instantáneo. Tienen que pedirlo y es un número bastante menor. Ya el resto se verá beneficiado cuando entre en vigencia en definitiva, en un año más, la 1760”, dijo el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez.

 Y agregó que: “El Gobierno lo que hizo con este proyecto fue acompañar, en alianza inicial, a la Rama Judicial y a la Fiscalía en términos de entender que les hacía falta un poco más de tiempo y que el año que se había dado de plazo no fue suficiente. Esperamos que en esta prórroga tanto la Fiscalía, como los jueces como la Rama Judicial, dispongan de lo necesario para no repetir esta historia”.

 La  iniciativa de racionalización de las medidas de aseguramiento con detención preventiva, hace parte de una serie de reformas y nuevos modelos procesales, impulsados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para mejorar la política criminal del país. Son varias las razones de la misma: 1. Que los jueces apliquen racionalmente las medidas de detención preventiva.  2. Para la defensa del debido proceso. 3. Por el respeto al principio constitucional de presunción de inocencia. 4. Por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reafirmado por la Corte Constitucional.

 Según cifras de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, los colombianos han pagado cerca de 2 billones de pesos por demandas relacionadas con detenciones injustas o arbitrarias. Actualmente son más de 15.000 los casos de este tipo con demandas cuyas pretensiones ascienden a los 22 billones de pesos.

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