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jueves, 28 de febrero de 2013

Hay que apuntar hacia la humanización de la justicia a través del mejoramiento del Sistema Penitenciario’: Ministra de Justicia

Bogotá, febrero 28 del 2013. En doce pasos, igual que lo hacen las personas con adicciones de alcohol para lograr su resocialización, el Ministerio de Justicia en coordinación con varias instituciones del Estado lanzaron un plan para superar la crisis del sistema penitenciario, que actualmente registra más del 50 por ciento de hacinamiento.  

“Hemos decidido hablar de doce pasos como medidas articuladas para superar el problema que existe en Sistema Penitenciario, haciendo un símil con los 12 pasos usados para superar la adicción al alcohol y lograr la resocialización del alcohólico. Estos 12 pasos tienen como núcleo estructural lograr el fin primordial de la detención que no es otro que la resocialización del individuo que se encuentra en los centros de reclusión”, aseguró la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

El primer paso, aseguró la Ministra, es el reconocimiento del problema: en Colombia hay 75 mil cupos en las cárceles y la ocupación supera los 112 mil.

“Queremos apuntarle a una justicia más humana que tiene que verse reflejada en el Sistema Penitenciario, una justicia más humana acorde con la política de prosperidad democrática y de desarrollo. La comunidad internacional nos mide conforme al respeto de los derechos del  ciudadano y un índice importante para ello es el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad”, dijo.

En compañía de su Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Benavides Vanegas; el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; el director de la cárcel Modelo, coronel (r.) Carlos Murillo; la directora de la Unidad Administrativa del Inpec, Giselle Manrique, y representantes de la Procuraduría y la Registraduría, la Ministra Correa presentó las medidas a corto, mediano y largo plazo. La Jefe de la Cartera recordó que muchos de estos puntos ya se están aplicando.

“No podemos hacer nada si no tenemos estudios claros de cómo se está presentando la situación, cuáles son los centros carcelarios con más hacinamiento, cuáles son los delitos por los que están llegando más personas a los centros de reclusión”, dijo.

Estos estudios, dijo la Ministra Correa, harán parte de la exposición de motivos del proyecto de reforma al Código penitenciario que será presentado al Congreso el primer semestre del año. Y aseguró que se  avanza en la expedición de una Política Criminal del Estado con miras a ser contenida en un documento Conpes.

“Es necesario implementar política pública criminal racional, coherente, y que sea eficaz. Es una Política Criminal tiene que dejar de ser reactiva, no es posible que sin ningún análisis de incidencia en el sistema judicial y penitenciario se vayan tipificando nuevas conductas como delitos o se amplíen las penas con relación a los existentes”, aseguró.

Correa explicó que actualmente está en funcionamiento una articulación con la base de datos del Inpec (Sisipec) para que jueces de la República puedan acceder oportunamente a ellas, de manera que puedan mantenerlas actualizadas y saber quiénes están privadas de la libertad. Con la Registraduría también hay un compromiso de cedulación y de actualización de datos de la población reclusa.  

 “A través de la Unidad Penitenciaria se están adelantando estudios técnicos para la ampliación de cupos. Al mismo tiempo sigue el convenio con la CAF (Corporación Andina de Fomento) para la construcción de centros de reclusión. Esto está en etapa de desarrollo, de determinación de requisitos técnicos arquitectónicos, de ingeniería y de costos. Todo ello para lograr construir nuevos centros carcelarios denominados megacárceles a través de una asociación público-privada. Dada la insuficiencia de cupos es a todas luces necesario su ampliación”.

La Ministra anunció que se están adelantando los procesos de contratación para 1.700 nuevos guardianes del Inpec y que, según lo acordado con el Consejo Superior de la Judicatura, 73 Jueces de Ejecución de Penas entrarán a descongestionar  las solicitudes de libertad. “A La Modelo  vendrán tres  jueces que tendrán su oficina en las mismas instalaciones para decidir de manera oral y pronta las solicitudes”, indicó.
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