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viernes, 31 de mayo de 2013

Consejo de Política Criminal y Penitenciaria da voto de confianza a Ministra de Justicia en salidas a implementar ante emergencia carcelaria

Bogotá, 31 de mayo del 2013. Tras el anuncio de las medidas urgentes a tomar en el marco de la emergencia carcelaria, el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria respaldó y dio su voto de confianza a las labores realizadas por la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, para superar la situación.

Al respecto, los asistentes destacaron la importancia de que las políticas impulsadas por el Ministerio de Justicia sean de carácter integral, al mismo tiempo que manifestaron la necesidad de una revisión a todo el sistema penal.

“El Ministerio de Justicia viene desarrollando acciones en todos los frentes. Pero quiero enfatizar en que la situación carcelaria es una responsabilidad de todos. Con el plan lanzado en el marco de la emergencia carcelaria nos ha tocado priorizar acciones, sin embargo, hay otras medidas a mediano plazo que son de carácter estructural como la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, que cursa en el Congreso, y tres Conpes: el de Política Criminal, el de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria, y el de Prevención de la Delincuencia Juvenil”, indicó.

Durante la reunión, los asistentes plantearon también la importancia de fortalecer la propuesta de construir complejos penitenciarios, en los que Unidad de Servicios Penitenciarios, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura contribuyan con recursos. Esto -indicaron los miembros del Consejo- traería muchos beneficios no solo en darle agilidad a los procesos penales si no en disminuir los costos y los riesgos de traslados de los internos, ya que todas las autoridades actuarían en un solo sitio.

En el encuentro, la Ministra de Justicia destacó que el Gobierno reconoce los esfuerzos de las autoridades para la persecución personas que han incurrido en la comisión de delitos y reiteró que en ningunas de las medidas que se implementarán en el marco de la emergencia ni por fuera de ella van a llevar a la liberación de personas que representan un riesgo para la ciudadanía. “Lo que el Gobierno sí impulsará es la resocialización de las personas privadas de la libertad como medida de garantía para la no reincidencia”, recalcó.

Al Consejo de Política Criminal asistieron el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria; el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora y el subdirector de la Dijín, coronel Luis Humberto Poveda Zapata. También participaron el Presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, Iván González Amado, el Director de Justicia y Seguridad del DNP, Claudio Galán; el subdirector del Inpec, coronel Pompy Pinzón, y delegados de la Procuraduría y la Fiscalía.
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