Ministerio de Justicia


Preguntas Frecuentes





Definiciones de los Pueblos Étnicos

Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes (Decreto 2164 de 1995, art.2) .

Son la propiedad colectiva de las comunidades indígenas en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio (Decreto 2164 de 1995, art. 21) . 

Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad (Decreto 2164 de 1995, art. 2) .

Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes (Decreto 2164 de 1995, art 2)

Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales (Decreto 2164 de 1995, art 2)

Son quienes ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. (Decreto 2164 de 1995, art 2)

De acuerdo con la Ley 70 de 1.993 en su artículo 2 señala: es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.

Es la Población que se encuentra ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con raíces culturales afro-anglo-antillanas, cuyos integrantes tienen rasgos socioculturales y lingüísticos claramente diferenciados del resto de la población afrocolombiana.

Es la población ubicada en el municipio de San Basilio de Palenque, departamento de Bolívar, donde se habla el palenquero, lenguaje criollo. Según el censo del DANE 2005, en Colombia había 7.470 (0,02%) palenqueros. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, los palenques se caracterizan por los rituales mortuorios, el rito del duelo o luto colectivo, corresponde a los aires del Lumbalú, en él sobresale el lugar de la mujer y de las abuelas, recoge los ejes auténticos de la religiosidad palenquera, la tradición oral y la congregación de redes familiares y comunitarias al son del bullerengue y el son palenquero.

Es la  persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo Comunitario (Decreto 1745 de 1995 Art. 3).

Se es Rom o Gitano por descendencia patrilineal, la cual permite la ubicación de una persona en un determinado grupo de parentesco, configurado fundamentalmente en torno a la autoridad emanada de un hombre de reconocido prestigio y conocimiento, el cual a su vez, a través de diferentes alianzas, se articula a otros grupos de parentesco, en donde todos comparten, entre otros aspectos, la idea de un origen común, una tradición nómada, un idioma, un sistema jurídico la kriss Romaní, unas autoridades, una organización social, el respeto a un complejo sistema de valores y creencias, un especial sentido de la estética que conlleva a un fuerte apego a la libertad individual y colectiva, los cuales definen fronteras étnicas que los distinguen de otros grupos étnicos (Decreto 2957 de 2010 art. 4).

Es el conjunto de grupos familiares configurados patrilinealmente (patrigrupos), que a partir de alianzas de diverso orden optan por compartir espacios para vivir cerca o para itinerar de manera conjunta. En Colombia se ubican generalmente en sitios específicos de centros urbanos, ciudades principales e intermedias del país (Decreto 2957 de 2010 art. 4).

Es el tribunal en el que se reúnen los gitanos mayores (Seré Romengue) de determinada Kumpania con el propósito de resolver una controversia y tratar asuntos internos (Decreto 2957 de 2010 art. 4).

Es el sistema propio del grupo étnico Rom o Gitano, el cual está compuesto por una serie de normas y valores culturales que todos los miembros del grupo étnico tienen el deber de acatar y hacer cumplir (Decreto 2957 de 2010 art. 4).

Sero Rom (Sere Romengue plural), es el hombre casado, con hijos, sobre el cual, por su prestigio, conocimiento de la tradición, capacidad de construir consensos, habilidad en la palabra, recae la autoridad de un determinado patrigrupo o grupo familiar extenso (Decreto 2957 de 2010 art. 4).

Reconocimiento de la diversidad cultural y pluralismo jurídico

Es la conciencia de compartir ciertas creencias, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo humano  (Sentencia T-203 de 2008. Corte Constitucional de Colombia)

“El Pluralismo como principio constitucional, dispone que quienes integran los grupos étnicos podrán ejercer su derecho a formarse con fundamento en cánones que respeten y desarrollen su diversidad cultural, y la manifestación de este derecho en el caso concreto de los pueblos indígenas contenido en el artículo 246 de la Constitución, soportan en buena medida el concepto de pluralismo jurídico entendido como formas diversas de ordenes legales concomitantes respecto de los mismos supuestos y fenómenos a regular. Las comunidades indígenas no sólo tienen autonomía administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios sino también autonomía política y jurídica. Esa autonomía jurídica se ejerce de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad indígena siempre que no vulnere la Constitución ni la ley. Adicionalmente, señala que el concepto de pluralismo jurídico  permite reconocer que tanto el derecho positivo como el derecho indígena en la comunidad están sustentados en valores sociales distintos, pero al mismo tiempo se reconoce la existencia de una imbricación de sistemas (pluralismo jurídico), en la que los valores culturales y la dinámica local definen la aplicación de principios y normas positivas e indígenas aparentemente similares, distinguiéndolas entre sí”. (Sentencia T – 236 de 2.012)

Se traduce en la adopción de una serie de medidas encaminadas a enfrentar la situación de vulnerabilidad acentuada de algunas víctimas en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. La Ley ofrece especiales garantías y medidas de protección, asistencia y reparación a los miembros de grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones de sus derechos fundamentales: mujeres, jóvenes, niños y niñas, personas mayores, personas en situación de discapacidad, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado, y de esta manera contribuye a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. (Sentencia C – 253A de 2.012)

El enfoque diferencial étnico es el derecho fundamental a la diversidad e identidad étnica y cultural, propio de estas comunidades. En punto a este tema ha dicho la Corte que “desde esta perspectiva, el derecho a una educación especial reconocido a las comunidades tradicionales es un derecho fundamental de doble vía. Lo es, por tratarse de un derecho connatural a todos los hombres entre los que se cuentan los indígenas, y también, por cuanto hace parte integral del derecho a la identidad cultural, que tiene dimensión ius fundamental” (Sentencia T-049 de 2.013)

De este derecho, se desprende no sólo el de la protección a la diversidad y del carácter pluralista de la nación sino, también, de la prohibición de toda forma de desaparición forzada; el derecho a la propiedad colectiva; y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus territorios. (Sentencia Su – 510 de 1.998)

De acuerdo con la Sentencias C-463 de 2.014 y T-617 de 2.010 estos elementos son: personal, territorial, objetivo e institucional. El elemento personal hace referencia a la pertinencia del acusado de un hecho punible o socialmente nocivo a una comunidad indígena; el elemento territorial como factor de competencia de la jurisdicción especial indígena se configura cuando los hechos investigados ocurrieron en el ámbito territorial de un resguardo indígena; el elemento objetivo, hace referencia a la naturaleza del bien jurídico afectado, y, de manera más precisa, a la ubicación cultural del interés que fue ofendido y/o a la identidad étnica de la víctima y el elemento institucional se refiere a la existencia de instituciones, usos y costumbres, y procedimientos tradicionales en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir: cierto poder de coerción social por parte de las autoridades tradicionales y un concepto genérico de nocividad social. Además la dimensión institucional de la jurisdicción especial indígena se relaciona con la protección de las víctimas y con el debido proceso, tanto de la víctima como del agresor.

De acuerdo con la Sentencia SU-217 de 2.017, es, por definición, el resultado de un intercambio dialéctico en el que participan, por un lado,  el resultado de un intercambio dialéctico en el que participan, por un lado, quienes se reconocen portadores de una identidad culturalmente diversa, y aquellos ante quienes el primero pretende hacer valer su alteridad. Adicionalmente, la Corte manifiesta que la identidad étnica es un proceso político, social, económico, cultural y religioso, cuyas fronteras son difusas y sus características cambiantes o dinámicas

En la Sentencia T -792 de 2.012, la Corte señala que para el término etnicidad, deben considerarse las relaciones del grupo étnico con el conjunto de la sociedad, pues el reconocimiento que hace uno y otro sobre la identidad indígena de un determinado colectivo influye en la Constitución de la misma. Adicionalmente, menciona que en palabras de Laurent, la etnicidad debe concebirse “a partir del equilibrio entre un conjunto fácilmente identificable –pero cambiante- de elementos objetivos y la subjetividad mediante la cual el grupo se percibe y reproduce, no sólo dentro de sus fronteras sino también frente a ellas” (subrayas fuera del texto)

  1. El Decreto Ley 4633 de 2.011 a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
  2. El Decreto Ley 4635 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
  3. El Decreto Ley 4634 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos rom o gitano.

De acuerdo con la Sentencias C 463 de 2.014 y T -617 de 2.010, se cuenta con tres principios: 1) principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas, que refiere que solo son admisibles las restricciones de la autonomía de las comunidades indígenas cuando estas sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía y sean las menos gravosas, frente a cualquier medida alternativa, para la autonomía de las comunidades étnicas; 2) principio de mayor autonomía para la decisión de los conflictos internos, la jurisprudencia ha establecido que el respeto por la autonomía debe ser mayor cuando el problema estudiado por el juez constitucional involucra solo a miembros de una comunidad, que cuando el conflicto involucra a dos culturas en tensión; 3) principio a mayor conservación de la identidad cultura, mayor autonomía, el principio no puede concebirse como una prescripción dirigida a los jueces para dar mayor protección a la autonomía de ciertos grupos indígenas (los de mayor conservación o aislamiento), sino como una descripción sobre el estado actual de los usos y costumbres de los pueblos aborígenes, que tiene como consecuencia la mayor o menor necesidad de “traducción de los sistemas jurídicos tradicionales en categorías occidentales o viceversa”.

De acuerdo con las Sentencias T-496 de 1.996 y T- 728 de 2.002, la Corte se refirió al fuero indígena, destacando su doble dimensión en tanto derecho de las personas que reclaman una identidad étnica indígena a ser juzgadas de acuerdo con los sistemas de regulación de las propias comunidades, y garantía institucional de la autonomía indígena, en los siguientes términos: "(…) del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. En efecto, se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo", aspecto que fue reiterado y precisado en la sentencia T-728 de 2002, así: "El fuero indígena es el derecho del que gozan los miembros de las comunidades indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, para ser juzgados por las autoridades indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y cuya finalidad es el juzgamiento acorde con la organización y modo de vida la comunidad. Este reconocimiento se impone dada la imposibilidad de traducción fiel de las normas de los sistemas indígenas al sistema jurídico nacional y viceversa (…)".

 

Adicionalmente, según la Sentencia T-617 de 2.010 el fuero indígena compone tres elementos: 1) el personal, con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad; 2) el territorial, que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas y 3) el objetivo, referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la conducta delictiva

Conforme al Auto 004 de 2.009, los planes de salvaguarda deben contar mínimo con los siguientes elementos: 1) 1. Ha de ser debidamente consultado en forma previa con las autoridades de cada una de las etnias beneficiarias, de conformidad con los parámetros que ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia constitucional para que la participación sea efectiva y respetuosa de la diversidad etnocultural; 2) debe contener tanto un elemento de prevención del impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado sobre el pueblo indígena respectivo, como un elemento de atención efectiva y diferencial a las personas desplazadas a la fecha; 3) debe atender a los derechos fundamentales de las víctimas de los crímenes que se han descrito en el presente documento a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición; 4) debe incluir un componente básico de protección de los líderes, autoridades tradicionales y personas en riesgo por sus posturas de activismo o de liderazgo; 5) debe prever herramientas para el fortalecimiento de la integridad cultural y social de cada etnia beneficiaria; 6) debe contener un ingrediente de protección de los territorios tradicionales, especialmente de los que están en proceso de titulación y asimismo de los que ya se encuentran titulados, frente a los distintos procesos bélicos y de despojo que se han descrito en el presente auto; 7) debe prever que el principal objetivo ante la población indígena desplazada ha de ser el de garantizar su retorno en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; pero asimismo, debe atender a los casos especiales de las personas, familias y comunidades que no pueden volver a sus territorios por la vigencia de las amenazas de los grupos armados o de quienes propiciaron su destierro; 8) debe respetar, los elementos de racionalidad en tanto componente de una política pública seria y racional de atención diferencial al desplazamiento forzado indígena

De acuerdo con la Sentencia T – 382 de 2.006, el derecho de consulta previa tiene carácter fundamental y debe aplicarse, conforme a los usos y costumbres de cada etnia, no solo a los trámites administrativos, sino también al procedimiento legislativo.  No obstante lo anterior, es necesario precisar, dada la trascendencia que la discusión parlamentaria tiene en nuestro sistema jurídico, que los términos bajo los cuales éste se hace efectivo, obedecen a las condiciones propias de cada país, definidas por el constituyente o el legislativo. Conforme al contexto, fácilmente se deduce que el derecho fundamental de consulta previa tiene asidero dentro del trámite legislativo.  Sin embargo, la influencia que el derecho pudiera ejercer sobre tal potestad está condicionada a los instrumentos que haya fijado la Constitución o la ley para intervenir en las iniciativas parlamentarias, siempre que éstos permitan cumplir con el objeto esencial de la consulta previa.  Al respecto la jurisprudencia constitucional ha precisado que el gobierno puede echar mano de, por ejemplo, talleres preparatorios que tengan por objeto forjar el consentimiento completo, libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas, a partir de los cuales se procure y gestione, de buena fe, un consenso real y lo más universal posible alrededor de la medida legislativa.

Según el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo -OIT-, el derecho a la consulta es un derecho humano de titularidad colectiva, con alcance específico para los pueblos indígenas. Forma parte de los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el mencionado Convenio. La Consulta tiene como objetivo que los pueblos indígenas puedan influir en las decisiones del Estado que sean susceptibles de afectarles sus derechos colectivos.

Competencias Institucionales en relación con los pueblos étnicos

Por medio de la Resolución 0628 de 2.017 se creó el grupo de Fortalecimiento de la Justicia Étnica, adscrito a la Dirección de Justicia Formal del Viceministerio de Promoción de la Justicia, dentro de las funciones relacionadas exclusivamente

  1. Apoyar los procesos de cumplimiento de los acuerdos asumidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en materia de justicia, con los pueblos étnicos de Colombia.
  2. Apoyar la política pública de Sistemas Locales de Justicia en lo concerniente a su enfoque y componente étnico.
  3. Propiciar la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional a partir, exclusivamente, de las funciones misionales del Ministerio de Justicia y del Derecho.
  4. Apoyar e impulsar los procesos de construcción de las estrategias de resocialización, armonización y sanación de las personas en conflicto con la Ley pertenecientes a los pueblos étnicos.
  5. Apoyar la ejecución de convenios con órganos nacionales o internacionales en asuntos relacionados con justicia y comunidades étnicas, sin perjuicio de las competencias asignadas a las demás dependencias del Ministerio en esta materia.

El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del acuerdo No. PSAA12-9614 del 19 de julio de 2.012, establece que la COCOIN es un órgano e instancia permanente de interlocución, concertación, planeación, diseño y seguimiento de las políticas públicas de la Rama Judicial en materia de Jurisdicción Especial Indígena. Este órgano propenderá por generar una Política de Estado en materia de reconocimiento, fortalecimiento y apoyo al ejercicio de la administración de justicia propia de los pueblos indígenas como derecho fundamental.

La COCOIN contará con una Secretaría Técnica, a cargo de un (1) delegado de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y un (1) delegado de la ONIC, encargada de convocar a las sesiones de la Comisión con ocho (8) días de antelación, llevar las actas y la agenda de dicha Comisión.

1.Servir de espacio de concertación e interlocución entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena. 2. Elaborar el Plan de Acción anual en materia de Jurisdicción Especial Indígena. 3. Propender hacia la formulación de una política de estado en lo relativo a la Jurisdicción Especial Indígena. 4. Servir de instancia de seguimiento y control a la ejecución de las políticas en materia de Jurisdicción Especial Indígena. (Acuerdo No. PSAA12-9614 del 19 de julio de 2.012, Consejo Superior de la Judicatura)

La COCOIN estará integrada por los siguientes miembros permanentes:

Un (1) representante por la Macro Región Norte 2. Un (1) representante por la Macro Región Centro Oriente 3. Un (1) representante por la Macro Región Orinoquia 4. Un (1) representante por la Macro Región Amazonía 5. Un (1) representante por la Macro Región Occidente 6. Un (1) representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 7. Un (1) representante de la Confederación Indígena Tayrona (CIT) 8. Un (1) representante de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) 9. Un (1) representante de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) 10.El Magistrado Coordinador de la Jurisdicción Especial Indígena de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Hoja No. 7 Acuerdo No. PSAA12-9614 de 2012 “Por el cual se establecen los medidas de coordinación inter-jurisdiccional y de interlocución entre los Pueblos Indígenas y el Sistema Judicial Nacional” 11.El Fiscal General de la Nación o su delegado 12.El Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado 13.El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su delegado 14.El Presidente de la Corte Constitucional o su delegado 15.El Presidente del Consejo de Estado o su delegado 16.El Procurador delegado para los Pueblos Indígenas o su delegado 17.El Defensor del Pueblo o su delegado 18.El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado 19.El Ministro del Interior o su delegado 20.El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado. (Acuerdo No. PSAA12-9614 del 19 de julio de 2.012, Consejo Superior de la Judicatura)

El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo No. PSAA13-9816 del  22 de enero de 2.013, en su artículo 2 menciona: Adicionar el artículo 18 bis al Acuerdo PSA12-9614 de 2012, de la siguiente forma: Artículo 18  bis. Mesas departamentales de coordinación inter-jurisdiccional. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a través de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales, organizará las mesas departamentales para la coordinación inter-jurisdiccional con el fin de implementar y consolidar políticas regionales para el fortalecimiento de la coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena en las regiones. Estas mesas se desarrollarán en todos los departamentos donde habiten pueblos indígenas y estarán integradas por los siguientes miembros: 1. Organizaciones y autoridades indígenas regionales 2. Sala Administrativa Seccional de la Judicatura 3. Presidente del Tribunal Superior de Distrito Judicial 4. Dirección Seccional de la Fiscalía General de la Nación 5. Procuraduría Regional, Provincial y Distrital de la Procuraduría General de la Nación 6. Defensoría Regional de la Defensoría del Pueblo 7. Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 8. Dirección Regional de los Establecimientos de Reclusión 9. Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía -CTI10. Dirección Regional y Seccional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 11. Comisaría de Familia.

No, este es un servicio que presta la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

No, El ministerio de Justicia y del derecho solo tiene una sede en la ciudad de Bogotá, usted puede contactarnos en la calle 53 N°. 13 - 27 - Bogotá D.C., al PBX (+57) (1) 444 31 00 o en la línea de atención al ciudadano 01-800-09-11170 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o al correo electrónico: servicio.ciudadano@minjusticia.gov.co

No, esta es una competencia del Ministerio del Interior, consignada en el Decreto 2893 de 2011, según el cual le corresponde llevar el registro censal sobre comunidades y organizaciones Indígenas, AfrocolombianasNegras, Palenqueras, Raizales y del pueblo Rom.