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Publicado en miércoles, 25 de enero de 2017

Primera fase del Plan Decenal de Justicia identificó falencias en solución alternativa de conflictos y DD HH en Santander

Bogotá, 25 de enero de 2017. Las instituciones educativas de Santander deberán reforzar su calidad de promotoras y formadoras en la defensa y fomento de los Derechos Humanos, y las instituciones públicas tendrán que priorizar los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en las zonas rurales. Así lo concluyó el documento elaborado por la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Industrial de Santander (UIS), dentro de la fase de participación regional del Plan Decenal de Justicia en este departamento. 

Esta primera etapa del Plan en la región comprendió cuatro jornadas de trabajo: tres mesas de formulación participativa, con actores como operadores de justicia, sociedad civil organizada y academia; y un panel que contó con la presencia de expertos.

En estos espacios se priorizaron problemáticas de cada tema con el fin de construir una propuesta que apunte a la consecución de acciones efectivas y a la mejora en la gestión del sistema de justicia en el departamento. La conclusión principal es que Santander tiene dificultades en el acceso a la justicia y en la administración de la misma, que están debilitando la legitimidad del sistema judicial.

Así las cosas, se plantea que cualquier diseño de política pública debe fortalecer la justicia comunitaria en los territorios, involucrando actores claves y robusteciendo los mecanismos de participación ciudadana. Y también, que el Ministerio de Justicia y del Derecho debe esforzarse para capacitar y cualificar a los líderes comunitarios en la difícil tarea de administrar justicia y aportar en la soluciones de uno de los elementos que genera más inconvenientes frente al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

En el documento que elabora la UIS, a manera de balance se destaca la importancia de los MASC (transacción, conciliación, amigable composición y arbitraje), de los cuales se asegura, “constituyen una real solución incorporada al ordenamiento jurídico, sin implicar ello el recurrir a la justicia ordinaria, evitando congestiones, moras y dilaciones judiciales”. Por ello, se aconseja impulsarlos y ajustarlos a las necesidades de las zonas rurales o veredales para fomentar la solución amigable de hechos o conflictos para que no terminen en venganza privada o congestionando el sistema judicial.

En cuanto a formación y capacitación en Derechos Humanos, se expresa que esta se debe garantizar desde muchos ámbitos e instituciones del Estado, especialmente desde las instituciones educativas, en su calidad de promotoras y formadoras en la defensa y promoción de tales derechos. Y se anota que “formando desde las primeras edades se evitaría conflictividad social en materia de justicia, puesto que la comprensión a lo diferente, a la diversidad y el libre pensamiento son derechos de cada ser humano”.

Y respecto al papel que juega la memoria histórica para construir un mejor sistema de justicia, se afirma que el Estado debe garantizar que esta sea conservada para que los hechos ya sancionados a través de sentencias judiciales no se queden en el pasado sin un entendimiento de sus fundamentos en el presente, pues si se comprenden las disposiciones legales que originan las respectivas sanciones, la sociedad confiará más en el sistema judicial y respetará la autonomía de los jueces. Además, la memoria histórica entrega a las víctimas el derecho colectivo a la verdad, la justicia y la reparación.

El informe finaliza haciendo alusión a los derechos colectivos, cuyo desconocimiento, asegura, “deteriora el sistema judicial”. Por ello se hace una invitación al Estado a darle más dinamismo a la forma de publicitar las normas entre los ciudadanos, lo cual, a su vez, ayudará a preservar la identidad cultural de las comunidades indígenas y del medio ambiente.

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Autor: Javier Roa

Categorías: Noticias, Noticias Decenal

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