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miércoles, 30 de mayo de 2018

“Uno de los productos que busca analizar la actual estrategia del Estado colombiano en la lucha contra los mercados criminales es el Estatuto contra la Finanzas Ilícitas”: Viceministro de Justicia

Cartagena (Bolívar), 30 de mayo de 2018. El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cabeza de su Director, Juan Francisco Espinosa Palacios, lideraron la XXIX sesión de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y Política Pública (CCICLA). 


La CCICLA convocó a los representantes de todas las entidades que la conforman, entre ellos, a la Vicefiscal General de la Nación, Maria Paulina Riveros; al Viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Mauricio Velasco Martínez; al Viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto; y a delegados del Grupo Técnico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Superintendencia Financiera de Colombia. 

En el encuentro, el Director de la UIAF presentó los avances en la fase final de la Evaluación GAFI realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia. “Hemos explicado los aspectos más relevantes dentro de todo el proceso y los pasos a seguir en la última etapa de la Evaluación”, señaló Juan Francisco Espinosa. 

Igualmente, la CCICLA reconoció la labor desempeñada por la UIAF, como coordinador nacional de la Evaluación ante el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica -Gafilat-, y resaltó el apoyo de todas las entidades que participaron en el desarrollo de la valoración, realizada en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas. 

“Quiero dar las gracias a la CCICLA y a las entidades públicas y privadas que hicieron posible el óptimo desempeño del país en esta prueba tan importante”, señaló Espinosa. 

Por su parte, Carlos Medina, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, presentó el informe sobre los avances del Estatuto Contra las Finanzas Ilícitas - ECOFI-. En el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno Nacional se comprometió a intensificar la persecución de los bienes y activos involucrados en el narcotráfico, así como incrementar los esfuerzos para prevenir y controlar el lavado de activos. 

“El Estatuto le debe apuntar a dos objetivos estratégicos: el primero, que el Estado logre la persecución efectiva de los eslabones fuertes de las economías criminales y, en segundo lugar, fortalecer el marco regulatorio de todos los sectores de la economía colombiana que son utilizados para el lavado de activos y financiación del terrorismo, y que aún no cumplen de manera adecuada con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera – GAFI-“, dijo Medina Ramírez.

Al respecto, Medina socializó las medidas a adoptar para emprender las reformas legislativas, redefinir metas de política pública criminal y hacer los cambios institucionales, para mejorar la prevención, detección, investigación, judicialización y sanción del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Por otra parte, durante la sesión se expuso una propuesta de ajuste normativo a la CCICLA, que consiste en la modificación del Decreto 3420 de 2004, cuyo objetivo sería otorgarle funciones a la CCICLA en materia de Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Adicionalmente, la Comisión buscará crear un comité operativo liderado por la UIAF, para coordinar estos dos temas. 

Una Comisión para mejorar el sistema antilavado

El Gobierno de Colombia concibió a la CCICLA como un mecanismo de coordinación interinstitucional y de interacción con la sociedad civil, que permite actuar eficazmente al Estado, a través de sus distintas agencias, en la prevención y represión del lavado de activos.

Creada por el Decreto 950 de 1995 y modificada por los Decretos 754 de 1996 y 3420 de 2004, la Comisión tiene la responsabilidad de recomendar al Gobierno Nacional y a las entidades públicas, medidas de política estatal, mecanismos y controles contra el lavado de activos, los delitos subyacentes o conexos, y la financiación del terrorismo.

Asimismo, tiene la misión de orientar a las entidades públicas, privadas y organismos de autorregulación en la ejecución de las funciones relacionadas con la lucha contra las conductas asociadas al lavado de activos, el financiamiento y enriquecimiento de las organizaciones delincuenciales y terroristas.

La CCICLA constituye una oportunidad de mejora para el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en el país.

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