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miércoles, 17 de octubre de 2012

Reforma a Justicia y Paz articula esfuerzos del Estado para la reparación efectiva de las víctimas del conflicto

Bogotá, D.C., 17 de octubre de 2012. El Ministerio de Justicia y del Derecho celebró la aprobación, por parte del Senado de la República, del proyecto de ley que reforma sustancialmente la Ley de Justicia y Paz y que busca fundamentalmente darle coherencia a esta norma dentro del modelo de Justicia Transicional colombiano, y compaginarla con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
 
Entre los cambios más relevantes, los senadores avalaron las disposiciones que le imprimen celeridad a los procesos judiciales y que resuelven además la situación de los postulados que están próximos a cumplir la pena alternativa dentro de una cárcel.
 
“Esta reforma contiene un elemento importante: cuando los postulados cumplen los ocho años de privación de la libertad pueden aplicar a una medida sustitutiva de la pena de prisión siempre y cuando les hayan cumplido a las víctimas, hayan contado la verdad, hayan entregado los bienes y el juez garantice que van a seguir compareciendo al proceso de justicia y paz”, explicó el viceministro de Promoción de la Justicia, Miguel Samper Strouss.
 
En todo caso será el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz quien valore si el postulado ha contribuido o no en el proceso para otorgarle o no la medida sustitutiva.
 
Además, se aprobaron normas que imponen un punto de corte en el tiempo a las solicitudes de postulación, determinando el 31 de diciembre de 2012 como fecha de cierre a esa posibilidad.
 
La reforma incluye también modificaciones en el enfoque investigativo por parte de la Fiscalía, de tal forma que ahora, por disposición legal, las investigaciones estarán dirigidas al esclarecimiento del patrón macrocriminal del accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley  a través de los criterios de priorización que fije la Fiscalía General de la Nación.
 
Con esto se busca esclarecer no solo quiénes perpetraron los crímenes sino las causas y contextos generadores del conflicto y de las violaciones cometidas. Los resultados de las investigaciones bajo este enfoque serán un aporte valioso para garantizar la no repetición de los hechos.
 
Asimismo, fueron aprobadas las propuestas para fortalecer los mecanismos de exclusión de los beneficios de la ley a los desmovilizados que incumplan las condiciones impuestas para aspirar al beneficio de la pena alternativa.

La reforma a la Ley 975 de 2005 también incluye normas que  endurecen la persecución a los bienes en poder de los paramilitares desmovilizados. En este sentido, si aparece algún bien que el postulado no entregó durante un lapso de 40 años, que es la máxima condena que podrían recibir a través de la justicia ordinaria, se le revocará al postulado inmediatamente el beneficio de la pena alternativa de ocho años.
 
La reforma aprobada facilitará la articulación e integralidad de los mecanismos de Justicia Transicional adoptados por el Estado. De esta manera los procesos de investigación judicial activarán e imprimirán celeridad al proceso de reparación administrativa dentro de la Ley de Víctimas, con carácter preferente a las víctimas constituidas como tales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sin necesidad de que se les someta a trámites administrativos adicionales.

Al 31 de agosto de este año se han postulado a la Ley de Justicia y Paz 503 guerrilleros de grupos como las Farc, el ELN, el EPL, el ERP y el ERG. Por parte de las extintas autodefensas, se han postulado
4.351 excombatientes.
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