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jueves, 5 de diciembre de 2013

“Reflexiones sobre el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio se tienen que hacer de manera desapasionada”: Ministro de Justicia

Paipa (Boyacá), diciembre 5 del 2013. En su intervención durante el II Foro de Análisis del Sistema Penal Acusatorio, el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, manifestó el interés del Gobierno de participar en el análisis que se realiza del Sistema Penal Acusatorio, y de cara a los inconvenientes planteó la necesidad de pensar en un sistema que mezcle elementos de la Ley 600 con el actual.

“Se podría pensar en la posibilidad de determinar en qué casos, con las dificultades propias en que funciona el Sistema Penal Acusatorio, sea más conveniente la aplicación de la Ley 600, por ejemplo, para desarticular las grandes organizaciones criminales”, indicó, al mismo tiempo que recalcó la importancia de contar con un estudio sobre si la agilidad de ahora es la misma de antes para casos como la flagrancia y la sentencia anticipada.

El Ministro Gómez Méndez explicó que la recién aprobada reforma a la Ley de Extinción de Dominio, de hecho, contempla la mezcla de la Ley 600 en la etapa inicial con el fin de agilizar el proceso. “Nadie va a pedir que se suprima el Sistema Penal Acusatorio, no podríamos volver atrás, pero este es el escenario en donde se tienen que hacer reflexiones de manera desapasionada”.

El jefe de la cartera de Justicia dijo que varios de los argumentos con los cuales se convenció al país de implementar el Sistema Penal Acusatorio no resultaron ser tan efectivos, mientras casos como los de la parapolítica resueltos por la Corte Suprema de Justicia se pudieron hacer “gracias a la calumniada Ley 600, a la que prácticamente ahogaron en la cuna”.

“Nadie discute la importancia de la oralidad, nadie discute la necesidad de la inmediación, la necesidad de que haya separación en la función de acusación y la función de juzgamiento (…). Pero la división entre acusación y juzgamiento venía desde el año 87, cuando los jueces de instrucción tenían que llevar a cabo la investigación y los jueces de circuito el juzgamiento. De manera que primer equívoco: no era tan cierto que necesitáramos separar, tal vez profundizar en esa separación”, indicó.

Aseguró que en la Constitución de 1991, se creó la Fiscalía General de la Nación y se dejó clara su función de acusar ante los jueces, permitiendo investigar lo favorable y lo desfavorable. “La función de acusación no estaba en el juez, estaba en fiscal. Otra cosa es que muchos fiscales no lo entendieron así. Somos el único país del mundo en que hay dos ministerios públicos y un sistema acusatorio donde la Fiscalía pertenece al poder judicial”, dijo.

Privación preventiva de la libertad


El Ministro de Justicia hizo énfasis en un segundo punto sobre la detención preventiva de personas. Manifestó que, según cifras de la Agencia para la Defensa del Estado, en demandas contra la Fiscalía hay pretensiones por 35 billones de pesos, la mayoría de los casos relacionados por la privación de la libertad de personas y la incautación de bienes. Indicó además que Colombia tiene en las cárceles 125.000 reclusos, 35 por ciento de los cuales están en calidad de sindicados.

“Esta segunda fundamentación no era tan sólida, no es que por la ausencia del Sistema Penal Acusatorio se hicieran detenciones preventivas que luego terminaban en libertad. Siempre que no se aplique el principio de la presunción de inocencia la posibilidad de riesgo está ahí: hoy también. El señor Alberto Jubiz Hasbún fue sindicado falsamente de la muerte de Luis Carlos Galán y el auto de detención lo dictó un juez de instrucción”, explicó.

“Desde el 2001 hasta el 2005 se pudieron dar casos así, claro que la Fiscalía se pudo equivocar al igual que se pueden equivocar hoy el nuevo Sistema Penal Acusatorio”, enfatizó.

En un tercer punto, Gómez Méndez también indicó que se trajo al país la idea de que el Sistema Penal Acusatorio sería más garantista y habría que evaluar si realmente terminó siéndolo.

“Se dijo: ahora sí vamos a hacer efectivo el principio de que la libertad es la norma y la privación de la libertad es la excepción. No me atrevo a hacer deducciones contundentes, mis análisis son empíricos, en la mayoría de los casos se ve que en la audiencia de imputación se pide medida de aseguramiento y la privación de la libertad. Ahora, cuando se hacen esas audiencias de imputación en medio de las cámaras de televisión hemos visto a muchos fiscales queriendo hacer un discurso político más que sustentar la acusación con base en los hechos y pruebas. Casi que tienen que acudir al prevaricato por temor al linchamiento mediático”, indicó.

Finalmente, Gómez Méndez llamó la atención acerca de que los parlamentarios ponentes de la Ley 600 del 2000 y posteriormente del Sistema Penal Acusatorio fueron los mismos: “creo que dejaron de estudiar en uno o en otro caso”. Y al respecto invitó a que el debate “desapasionado” se extienda al Consejo Superior de Política Criminal, en donde tienen asiento 17 entidades del Estado, entre ellas la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría del Pueblo, esta última a la que calificó como clave en la discusión.

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