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jueves, 9 de julio de 2015

Presentación

El Consejo Superior de Política Criminal fue creado como organismo asesor del Estado para la formulación de la política criminal y penitenciaria mediante Decreto 2062 de 1995, modificado posteriormente por otros Decretos y Leyes*.

En enero de 2014 el Consejo fue fortalecido por el artículo 91 de la Ley 1709 de 2014, determinando sus miembros y la necesidad de crear su propio reglamento.

En octubre de 2014, el Decreto 2055 reglamentó el funcionamiento del Consejo Superior de Política Criminal y de sus instancias técnicas, estableciendo sus funciones:

1. Recomendar al Ministerio Justicia y del Derecho la elaboración o contratación estudios para establecer causas y dinámicas la criminalidad; el nivel de cumplimiento del principio de proporcionalidad de las penas; la eficacia las penas impuestas por jueces; el cumplimiento de los fines de la pena y los demás aspectos relacionados con la política criminal del Estado Colombiano.

2. Asesorar, con base en los estudios realizados, a autoridades encargadas formular la Política Criminal del Estado.

3. Recopilar y evaluar anualmente las estadísticas en materia de criminalidad y asuntos relacionados

4. Recomendar, con fundamento en estudios científicos, las bases y criterios de la política criminal, a mediano y largo plazo.

5. Revisar anualmente el estado del Sistema Penitenciario y Carcelario y las condiciones que éste ofrece para la resocialización de los condenados, con el objeto de recomendar las modificaciones que sean necesarias para alcanzar el fin de la reinserción social.

6. Emitir concepto previo, no vinculante, sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo, que se encuentran en etapa de diseño, y antes su trámite en el Congreso la República, que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal.

7. Preparar proyectos ley para adecuar la normatividad a la política criminal y penitenciaria del Estado y presentarlos al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que éste estime la procedencia de su radicación.

8. Presentar recomendaciones sobre la estructura de la justicia penal, con el objeto adecuarla para lograr una mayor eficiencia en la lucha la criminalidad.

9. Dar lineamientos para la coordinación con las demás instituciones del Estado en la elaboración y adopción de políticas públicas con el objeto de unificar la acción las entidades del Estado en la lucha contra el crimen y para lograr el cabal cumplimiento de los fines de la pena.

10. Realizar y promover intercambio de información, diagnósticos y análisis con las demás entidades del Estado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades y otros centros estudio país o del exterior dedicados al análisis y estudio la política criminal y penitenciaria.

11. Emitir concepto, con destino a la Fiscalía General la Nación, sobre los lineamientos generales de la política criminal que deben ser tenidos en cuenta al momento de aplicar el principio de oportunidad previsto en el Código de Procedimiento Penal.

12. Proponer, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, programas capacitación, divulgación y promoción de los Derechos Humanos en los centros de reclusión, tanto para las personas privadas de la libertad como para sus familias y el personal de custodia y vigilancia y administrativo.

13. Diseñar y aprobar el Plan Nacional de Política Criminal.

Para complementar lo dispuesto en el Decreto 2055 de 2014, el Consejo Superior de Política Criminal se rige por el reglamento interno dictado para su funcionamiento.

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