Bogotá, agosto 28 del 2013. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Bogotá presentaron la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, un estudio que por primera vez deja ver cómo está Colombia en materia de necesidades de justicia, niveles de conocimiento de la ciudadanía sobre mecanismos de acceso y los mayores conflictos por los que reclaman los colombianos, entre otros.
“Sin lugar a dudas este ejercicio, de gran interés para el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, los órganos de control, las universidades, los cooperantes internacionales y la comunidad jurídica del país, brindará los insumos requeridos para la toma de decisiones de política pública, en materia de acceso a la justicia y la construcción colectiva de mejores escenarios para la satisfacción plena de las necesidades jurídicas de los individuos en Colombia”, dijo la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, durante la presentación del informe.
Los resultados de esta encuesta fueron expuestos por Rodrigo Uprimny Yepes, coordinador del equipo consultor que adelantó este diagnóstico, quien reveló que en Colombia dos de cada cinco personas de la población urbana colombiana ha sufrido alguna necesidad jurídica en los últimos cuatro años. Prevalecen los asuntos relacionados con hurtos y estafas, prestación de servicios de salud y servicios públicos domiciliarios, y conflictos vecinales o familiares.
El informe también revela que de 1.100 empresarios respondieron la encuesta, al menos el 15 por ciento de los conflictos experimentados por las empresas encuestadas pueden haberse resuelto a través de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.
"Las decisiones que se adopten en respuesta a los resultados que hoy se comparten, engrosarán la batería de acciones que viene implementando el Gobierno Nacional con iguales propósitos, dentro de las cuales vale resaltar la ambiciosa tarea legislativa emprendida y que nos permite hoy contar con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código General del Proceso y el Estatuto Nacional e Internacional del Arbitraje, herramientas que facilitan el acceso a la justicia a partir de la simplificación y modernización de los procedimientos", dijo Correa Palacio.
Colombia no contaba con insumos objetivos y certeros que le permitieran tener un panorama preciso sobre el particular, y que ofrecieran la posibilidad de determinar de manera cabal cuál es la tipología de los conflictos a la que cotidianamente tienen que hacer frente quienes residen en los cascos urbanos del país. "Tampoco existían ejercicios de carácter nacional que permitieran determinar cuál había sido la experiencia del ciudadano ante las diversas opciones de acceso a la justicia, y cuál es la percepción que frente a las mismas se tiene", indicó.