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viernes, 6 de diciembre de 2013

Por falta de ejecución, Consejo Nacional de Estupefacientes redestinó 13.000 millones que iban para reconstrucción de Palacio de Justicia de Cali

Bogotá, 6 de diciembre de 2013. Al término del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Viceministro de Política Criminal, Miguel Samper Strouss, anunció que por la falta de ejecución tuvieron que ser reubicados los recursos que se habían destinado para la Rama Judicial, puntualmente para la reconstrucción del Palacio de Justicia de Cali. 

“El Consejo Nacional de Estupefacientes había adjudicado hace algunos años recursos por el orden de los 13.000 millones de pesos para que se completara la obra que tanto ha pedido la ciudadanía de Cali, como es el Palacio de Justicia. Sin embargo, a la fecha no se han solicitado estos recursos que estaban asignados”, aseguró el Viceministro.

El alto funcionario lamentó este hecho y recalcó que siendo las necesidades de la Rama Judicial “tan diversas como apremiantes”, “no se comprende cómo teniendo la posibilidad de gastar estos recursos para construir el Palacio de Justicia de Cali se haya perdido la oportunidad” dijo.

Así mismo, Samper Strouss explicó que los recursos no se pierden para el Gobierno ya que se utilizarán para gastos administrativos del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) y para el pago de deudas: “pero ya no van para la Rama Judicial”.

Por otro lado, en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes, fueron escuchados los representantes a la Cámara Diego Rivera y Hugo Velásquez, del Putumayo y el Meta respectivamente, quienes hicieron una exposición sobre los efectos de la aspersión aérea con glifosato.

Sobre el particular, los integrantes del Consejo informaron a los parlamentarios que este no es un debate que ha sido extraño al Gobierno Nacional. El Viceministro Samper aseguró que, de hecho, en el marco del Consejo de Estupefacientes se están estudiando estrategias para transformar la lucha contra los cultivos ilícitos a esfuerzos más integrales. “Somos conscientes de que tienen que haber una oferta integral del Estado en materia de vías, salud, educación, justicia, de seguridad, para que la vinculación de estas familias a la cultura de la legalidad sea más sostenible en el tiempo”, puntualizó.
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