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lunes, 23 de enero de 2017

Plan Decenal de Justicia: Antioquia pide un sistema que haga respetar y cumplir los derechos fundamentales

Bogotá, 23 de enero de 2017. Una conclusión común dejaron las mesas de formulación participativa cumplidas en Antioquia, en el marco de la fase de espacios de participación regional del Plan Decenal de Justicia: se necesita consolidar un sistema de justicia que contribuya al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.

El documento, elaborado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia, puntualiza que se requiere construir equidad, especialmente para las poblaciones más vulnerables del campo y la ciudad; pero también, administrar la justicia como un servicio público que presta el Estado, como derecho fundamental de la ciudadanía.

Se manifiesta que existe una inequidad generalizada en el sistema sociopolítico colombiano, y especialmente se manifiestan debilidades en el enfoque diferencial de la justicia y el acceso a la información pública y de las TIC. Y se denuncia que respecto a los hombres, a las mujeres les falta alcanzar mayores niveles de igualdad en cuanto a trato jurídico, laboral, de reconocimiento y empoderamiento social, político y económico.

También, comparados con los del resto de la población, se mencionan “altos déficits” en lo referente a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y se establece que las personas en condición de discapacidad tienen bajo acceso a condiciones materiales y servicios básicos que les permitan satisfacer sus necesidades. En cuanto a grupos minoritarios, como poblaciones LGTBI, afro e indígenas, se denuncia discriminación y se reclaman estrategias que rompan los nichos de exclusión y marginalidad.

El otro aspecto de la inequidad tiene que ver con el acceso a la información y a las TIC por parte de los ciudadanos. Se propone implementar el sistema de identificación digital de la huella para integrar la información de manera más rápida y sin que se presente duplicidad en la misma y se afirma que falta una “alfabetización digital” para mejorar la celeridad, oportunidad y transparencia en los procesos, es decir, el acceso a la justicia.

En el documento se aboga por una justicia que sea capaz de resolver conflictos de formas diferentes, fomentando la convivencia pacífica y manejando herramientas, criterios y elementos también diversos. Así, se mencionan mecanismos como la mediación, la conciliación y el arbitramento, y se asegura que “educar en justicia restaurativa es promover la cultura de la mediación”.

En materia de justicia transicional se manifiesta que el Plan Decenal debe establecer medidas para consolidar un sistema de justicia transicional, y trazar criterios que garanticen la protección de los derechos de las víctimas: verdad, reparación integral, garantías de no repetición y reconciliación.

Y en materia constitucional se sugieren correctivos a la acción de tutela y se plantea que para reducir su alto número y por ende, la congestión judicial, hay que mejorar las funciones del ejecutivo e impulsar herramientas de fortalecimiento de la gestión pública. Así mismo, se solicita crear mecanismos disciplinarios más efectivos y disuasivos para aquellos funcionarios que sistemáticamente violan derechos fundamentales. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con Política Criminal se critica la expansión del derecho penal, producto en gran medida del populismo punitivo. Por ello, se asegura, el Plan Decenal debería establecer criterios de regulación de los comportamientos penales, depurar el Código Penal y plantear un derecho penal que se ocupe solo de los ilícitos que revistan mayor gravedad.

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