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miércoles, 28 de junio de 2017

MinJusticia trabaja en programas que permitirán implementar una política criminal enfocada en salud pública y DD.HH

San José (Costa Rica), 28 de junio de 2017. El Ministerio de Justicia y del Derecho mantiene su intención de adoptar una política de drogas que privilegie el enfoque de salud pública, de género y de derechos humanos, que permita implementar penas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con las drogas.




Así lo aseguró Alberto Cuesta Gómez, de la Dirección de Política Contra las Drogas, del Ministerio de Justicia y del Derecho, durante su intervención en la ‘1ª Reunión Birregional para el intercambio de buenas prácticas: "Políticas sobre drogas y reformas de la justicia criminal: alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas"’.

Según el funcionario, esta Cartera está adelantando acciones que permitan dar un tratamiento diferenciado a la población que incurra en este tipo de delitos, con iniciativas como el Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

“En Colombia este programa parte de una alternativa al encarcelamiento que permite suspender el proceso penal bajo la condición de tratamiento voluntario a la adicción de sustancias sicoactivas”, afirmó.

Sin embargo, Cuesta Gómez añadió que implementar alternativas al encarcelamiento para mujeres responsables por delitos menores relacionados con sustancias sicoactivas, sigue siendo uno de los más grandes desafíos para el país.

El Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Política Sobre Drogas (COPOLAD) organizó este evento, que tendrá lugar en San José de Costa Rica hasta el próximo 29 de junio, en el que países como Perú, Colombia, Argentina, Chile y países europeos intercambiarán información, experiencias y lecciones aprendidas, con el fin de apoyar a la región de la CELAC en la implementación de modelos ya consolidados en países del viejo continente, que contribuyan a mejorar la formulación y aplicación de una política de la Reducción de Demanda de Drogas en la región.

Cabe resaltar que la política de drogas está siendo revaluada por los estados latinoamericanos y del caribe, ya que varios de ellos, entre los que se encuentra Colombia, han argumentado la necesidad de realizar un cambio en cuanto a la inclusión de DD.HH, enfoque de género y salud pública en una política de drogas que garantice combatir con esta problemática en la región.
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